El ejercicio de la profesión como magistrado del Poder Judicial, me ha permitido advertir, que los jueces de nuestro país (entre los que me incluyo), no tienen un criterio claro y justo, al fijar el monto de la Reparación Civil a favor de los agraviados, particularmente los que resultan de los accidentes de tránsito. Estos eventos, con lamentables consecuencias, están alcanzando niveles alarmantes en nuestro país, con tasas cada vez más altas de fallecimientos o lesiones graves. Una vez llegado los casos al poder judicial, después de dilatados procesos, culminan con una sentencia, en cuyos fallos fijan montos diminutos a favor de los agraviados. En efecto, dichos montos, generalmente oscilan entre los dos mil a diez mil nuevos soles de reparación civil en promedio; que evidentemente en los casos de fallecimientos y lesiones graves, no cubren mínimamente los gastos ocasionados a las víctimas, apremios no solamente económicos, sino también sufrimiento psicológicos, que alcanzan a toda la familia, creando luego un verdadero problema social.

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa / Tesis

La corrupción al interior de la Policía de Tránsito tuvo su pico más elevado en el 2012 y 2013, los medios de comunicación masiva mostraban conductores de transporte público otorgando coimas a los policías de tránsito, a fin de evitar la imposición de una papeleta. En este contexto se crea el Pacto por la Integridad en el Tránsito y el Transporte Público, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, trazándose como objetivo reducir la micro corrupción en el ámbito del tránsito y el transporte público en Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis el desarrollo de un procedimiento, que busque el control de la corrupción en la Policía de Tránsito, los Inspectores Municipales y los Transportistas, que permita un cambio de imagen policial y eleve la confianza de los ciudadanos, teniendo como sustento una metodología que nos acerque a la experticia de los involucrados, para implementarla como política pública anticorrupción, a través de la creación de un Protocolo Anticorrupción, que a partir de su puesta en ejecución redujo las denuncias contra la policía de tránsito el 2014 (3), el 2015 (1) y el 2016 (2) y contra los transportistas de servicio público el 2014 (770), el 2015 (599) y el 2016 (317), reflejada en una disminución significativa de la percepción que se tenía de la Policía Nacional como institución corrupta de 53% el 2013 a 42% el 2015; logrando su implementación no solo la reducción de los actos de corrupción en la Policía de Tránsito, sino en los conductores de servicio público, así como un cambio de imagen institucional, recuperándose la confianza de la población y una reacción positiva de la prensa