La falsificación de medicamentos en Perú, constituye un problema grave en la Salud Pública; las intervenciones a comercios legales e ilegales realizadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines (CONTRAFALME), indican la necesidad de información que debe tener la población sobre medicamentos falsificados. El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre falsificación de medicamentos en estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert-Miraflores, para lo cual se utilizó la escala de Estaninos. Para determinar la efectividad de la capacitación se utilizó la prueba paramétrica de comparación de medias apareadas. En el diseño de la capacitación se utilizó una estrategia metodológica activa, con el fin de lograr un aprendizaje significativo. La investigación es de tipo cuantitativa con un diseño pre-experimental, la muestra consistió en 51 estudiantes mujeres entre 13 a 17 años, seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico de tipo causal. El estudio se realizó en diciembre del año 2014. Antes de aplicar la capacitación, el nivel de conocimiento sobre falsificación de medicamentos fue “medio” 51,0% y “alto” 19,6% variando a 7,8% y 92,2%, respectivamente después de aplicar la capacitación. El promedio de las evaluaciones pre-capacitación fue de 13,81 y para las evaluaciones post-capacitación fue de 17,84, donde se puede observar una variación positiva con una diferencia de 4,03 puntos, equivalente a un incremento general del 29%. Con 95% de confianza afirmamos que el promedio post-capacitación se encuentra entre 17,40 y 18,27. Se determinó así, que el nivel de conocimiento de las participantes al inicio fue “medio” y el nivel de conocimiento final fue “alto”. / Counterfeit medicines in Peru, is a serious public health problem; interventions to legal and illegal trades made by the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs (DIGEMID) and the Multisectoral Technical Group on Preventing and Combating Smuggling and Illegal Trade in Counterfeit Pharmaceutical and Allied (CONTRAFALME), indicate the need for information that should have the population about counterfeit drugs. This study aims to determine the level of knowledge about counterfeit drugs in third secondary school students from the School Juana Alarco de Dammert-Miraflores, to achieve this the scale of Estaninos was used. To determine the effectiveness of the training a comparison parametric test with paired averages was used. An active methodological strategy was used in the training design to achieve meaningful learning. The research is quantitative with a pre-experimental design, the sample consisted of 51 female students from 13 to 17 years old, selected through a non-probability causal sampling. The study was made in December 2014. Before applying training, the knowledge level about counterfeit drugs was "medium” 51,0% and "high" 19,6% varying to 7,8% and 92,2% respectively after applying training. The pre-training average was 13,81 and post-training was 17,84, where you can see a positive change with a difference of 4,03 points, equivalent to an overall increase of 29%. With 95% confidence, we affirm that the post-training average is between 17,40 and 18,27. It was determined, that the level of knowledge of the participants at the beginning was "medium" and at the final, it was "high". Keywords: Counterfeit medicine, active methodology, training, knowledge level.

Determina en qué departamento existe mayor ilegalidad en comunicaciones según la actividad proactiva (de oficio) y la actividad reactiva (son requerimiento de los ciudadanos, como denuncias o solicitudes dentro del ministerio por otras áreas), para reducir la informalidad de estaciones no autorizadas. / Trabajo de suficiencia profesional

La presente investigación obedece a dos baremos a saber: primero, de articular un planteamiento dogmático acorde con el principio de legalidad material; y segundo, tal vez lo más importante, de proporcionar dicha proposición dogmática a los operadores de justicia, a efectos de que puedan resolver los casos que llegan a su conocimiento, con corrección y justicia. Sin duda, hoy en día debe procurase que la ciencia jurídico-penal pueda contribuir a la administración de justicia penal, en orden a garantizar la seguridad jurídica, y a fortalecer el principio de igualdad constitucional, paradigma fundamental del Estado de Derecho. De tal manera que la postulación teórica que se pretende plantear en la presente monografía, rebasa un ámbito meramente científico, para adentrarse en el derecho aplicativo, con el propósito de cautelar la eficacia finalista del Derecho penal en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. Si bien la presente monografía parte de una proposición dogmática, su finalidad esencial es contribuir en un estado fáctico, en cuanto a su aplicación por parte de los Tribunales de Justicia en nuestro país; por lo que la aspiración adquiere un ámbito de legitimación social, la verdadera pacificación de la conflictividad social producida por el delito. / Tesis

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Estudio de los límites entre el conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición, proponiéndose una reducción de sus límites psicológicos al conocimiento de la prohibición penal de la conducta y del grado de certeza a la seguridad o conocimiento de la alta probabilidad de su prohibición. Sin embargo, estos límites pueden ampliarse a otros supuestos mediante la ponderación de los motivos que explican la falta de conocimiento perfecto.

Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad / Colombia, único país Latinoamericano donde persiste un conflicto interno de más de 6 décadas; las víctimas su vestigio tal como las pérdidas humanas y materiales. Su impacto se evidencia en términos de desarrollo, equidad, calidad de vida, pero existen otras implicaciones que falta profundizar: la vigencia de la acción de actores armados en el sistema político, la relación entre estos grupos y políticos de diversos niveles; sus pactos y alianzas, las ventajas que extrajeron unos y otros de esas coaliciones y las implicaciones en la ciudadanía y la cultura política local. Por ello surge este análisis, el cual se enmarca bajo el modelo de la teoría de sistemas sociales; desde donde se pretende reflexionar sobre el sistema político específicamente en la región Caribe para entender cómo este sistema ha persistido ante las tensiones que lo han permeado y cómo interactúa con los demás sistemas funcionales. Se definen como ejes centrales de análisis, el Estado y los partidos políticos vistos como organizaciones vitales en el juego democrático aunque no tan ponderados por los ciudadanos para alcanzar sus demandas, debido al desprestigio que ostentan y la cultura política que se construye alrededor de este panorama, tal como las comunicaciones políticas emergentes bajo un tema central, el poder. A partir del abordaje de informantes claves que conocen acciones y relaciones entre partidos y actores ilegales, se han definido unas decisiones metodológicas encuadradas en un diseño cualitativo de investigación para visibilizar estrategias y métodos que consolidan una particular configuración política y su consecuencia en la cultura política local

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática central que guiará la presente tesis se orienta a desentrañar cuál es el criterio o título de atribución de responsabilidad más adecuado por los perjuicios ocasionados en el patrimonio de un particular a causa de la actividad jurídica o formal de la Administración y, en específico, de la emisión de un acto administrativo que no se ajusta a Derecho. Así, el eje de nuestro trabajo está puesto sobre uno de los elementos de la responsabilidad,no siendo éste ni la antijuridicidad ni el nexo causal , sino que la razón jurídica, criterio o título de atribución de responsabilidad, definida como la "razón por la cual el ordenamiento considera justo trasladar la carga dañosa al responsable.

El auge de producción de derivados cocaínicos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en donde se encuentra situada la ciudad de Pichari, se ha dado en las primeras dos décadas del siglo XXI. Desde ese entonces las zona ha conocido un periodo de bonanza económica y desarrollo urbano. No obstante los diversos intentos por combatir el narcotráfico han llevado a la población a movilizarse contra el Estado en la zona, incluso aquellos que no están directamente involucrados en la actividad criminal. ¿Acaso estas personas defienden el narcotráfico? Propongo que a nivel local no existe una defensa del narcotráfico sino de una economía moral de la ilegalidad que considera al narcotráfico como un medio fundamental para acceder a los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades de subsistencia y sus aspiraciones de bienestar en el mercado. Así, a partir del uso de la etnografía enfocada y la observación de prácticas económicas de mercado, planteo que la economía moral de la ilegalidad en la ciudad de Pichari se basa en i) arreglos económicos de mercado, ii) una ética del bienestar neo-liberal que la mayoría está dispuesta a defender y iii) en el establecimiento de normas informales que regulan el uso de la violencia y aplicación de la Ley que permiten una coexistencia relativamente pacífica entre los actores de la ciudad. A pesar de estar ampliamente enraizada en el contexto local, el desarrollo de economías morales de la ilegalidad no es un fenómeno exclusivo al Perú. La reflexión sobre este concepto aplicado a diferentes mercaderías (commodities) globales y mercados informales puede ayudar a comprender un cierto segmento de los conflictos sociales contemporáneos, si se les entiende como conflictos por acceso al ingreso monetario y al mercado / Tesis

El auge de producción de derivados cocaínicos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en donde se encuentra situada la ciudad de Pichari, se ha dado en las primeras dos décadas del siglo XXI. Desde ese entonces las zona ha conocido un periodo de bonanza económica y desarrollo urbano. No obstante los diversos intentos por combatir el narcotráfico han llevado a la población a movilizarse contra el Estado en la zona, incluso aquellos que no están directamente involucrados en la actividad criminal. ¿Acaso estas personas defienden el narcotráfico? Propongo que a nivel local no existe una defensa del narcotráfico sino de una economía moral de la ilegalidad que considera al narcotráfico como un medio fundamental para acceder a los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades de subsistencia y sus aspiraciones de bienestar en el mercado. Así, a partir del uso de la etnografía enfocada y la observación de prácticas económicas de mercado, planteo que la economía moral de la ilegalidad en la ciudad de Pichari se basa en i) arreglos económicos de mercado, ii) una ética del bienestar neo-liberal que la mayoría está dispuesta a defender y iii) en el establecimiento de normas informales que regulan el uso de la violencia y aplicación de la Ley que permiten una coexistencia relativamente pacífica entre los actores de la ciudad. A pesar de estar ampliamente enraizada en el contexto local, el desarrollo de economías morales de la ilegalidad no es un fenómeno exclusivo al Perú. La reflexión sobre este concepto aplicado a diferentes mercaderías (commodities) globales y mercados informales puede ayudar a comprender un cierto segmento de los conflictos sociales contemporáneos, si se les entiende como conflictos por acceso al ingreso monetario y al mercado