El tratamiento de una institución jurídica obedece, por lo general, al interés particular de alguien que apreciando su situación e impacto emprende la tarea de evaluar su utilidad en el contexto social en el que se aplica; verificando si el enunciado normativo que comprende el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica -configurados en su estructura-, vienen siendo interpretados y aplicados bajo el “objeto” diseñado por el legislador. Esa vocación no podía ser ajena a nuestra inquietud, en tanto que como Magistrado del Poder Judicial -antes de la Corte Superior de Justicia de Cusco, y ahora de Lima Norte-, entre los años 2009 a 2010, he advertido que muchas personas, habiendo tenido la calidad de inculpados en diferentes procesos penales, luego de ser absueltos de la imputación penal, o sus causas sobreseídas, acudieron a la jurisdicción civil con demandas de indemnización de daños y perjuicios por denuncia calumniosa contra los agraviados de los procesos penales, las que empero han sido declaradas improcedentes o infundadas.

La presente investigación obedece a dos baremos a saber: primero, de articular un planteamiento dogmático acorde con el principio de legalidad material; y segundo, tal vez lo más importante, de proporcionar dicha proposición dogmática a los operadores de justicia, a efectos de que puedan resolver los casos que llegan a su conocimiento, con corrección y justicia. Sin duda, hoy en día debe procurase que la ciencia jurídico-penal pueda contribuir a la administración de justicia penal, en orden a garantizar la seguridad jurídica, y a fortalecer el principio de igualdad constitucional, paradigma fundamental del Estado de Derecho. De tal manera que la postulación teórica que se pretende plantear en la presente monografía, rebasa un ámbito meramente científico, para adentrarse en el derecho aplicativo, con el propósito de cautelar la eficacia finalista del Derecho penal en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. Si bien la presente monografía parte de una proposición dogmática, su finalidad esencial es contribuir en un estado fáctico, en cuanto a su aplicación por parte de los Tribunales de Justicia en nuestro país; por lo que la aspiración adquiere un ámbito de legitimación social, la verdadera pacificación de la conflictividad social producida por el delito. / Tesis

La presente tesis es de naturaleza cualitativa, busca encontrar en las formas discursivas elementos que muestren cuestiones cotidianas en pos de conseguir el blanqueamiento, como es entendido el honor por sujetos de distintas procedencias étnicas y como las injurias u ofensas de palabras afectaron su forjada preeminencia social. En ese sentido, la investigación tiene por hipótesis demostrar que en el transcurso del siglo XVIII varios sectores de las denominadas castas apelaron a nociones de “blancura” para ascender en la escala social en base al uso de la idea de honor. Bajo esta perspectiva, bien puede decirse, que la movilidad social era más flexible de lo que un sector de la historiografía asumía. Así, mestizos, pardos, chinos, mulatos, entre otros; litigando en el sistema judicial, conformaron identidades que les permitieron afianzar su propio honor en un contexto de grandes cambios como era el del Perú de las Reformas Borbónicas. / Tesis

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A partir de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Constitución, se advierte que el Estado peruano presenta las características básicas de un modelo social y democrático de Derecho. De esta suerte, un punto importante que se debe tomar en cuenta es que el mismo engloba distintas funciones que se hallan en sintonía con los elementos libera, social y democrático que contiene y dan pie a dicha estructura / Tesis

La presente investigación se basa en analizar la existencia de un uso excesivo de la privación de la libertad como sanción aplicada al delito de difamación cometido por lo periodistas al ejercer el derecho a la libertad de expresión al momento de expresar sus ideas o noticias en cualquier medio de comunicación sobre un tema de interés social, por lo tanto, surge un enfrentamiento entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. También, se ha identificado cual es el conflicto que surge al colisionar ambos derechos, a su vez, se determinó su tratamiento en la legislación peruana como en el derecho comparado. En la vida real, este conflicto el cual necesita una solución que básicamente se plantea por la ponderación que debe realizar el juez para determinar a qué derecho le da preferencia respecto al otro. Sin embargo, en muchos casos esta ponderación no es entendida por el justiciable, ya que no son claros los argumentos establecidos por el juez. Esta falta de claridad se refleja al momento de analizar cuatro sentencias en las cuales se dejan entrever que muchos argumentos varían según la calidad de la persona, en algunas casos son personas mediáticas, personas que ocupan u ocuparon algún cargo público y otros, ciudadanos comunes. Finalmente, se ha elaborado una propuesta legislativa modificando el artículo 132° del Código Penal Peruano.

A partir de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Constitución, se advierte que el Estado peruano presenta las características básicas de un modelo social y democrático de Derecho. De esta suerte, un punto importante que se debe tomar en cuenta es que el mismo engloba distintas funciones que se hallan en sintonía con los elementos libera, social y democrático que contiene y dan pie a dicha estructura

El lawfare es un concepto jurídico político que se encuentra en boga en América Latina y da cuenta del uso indebido del Derecho, en el ámbito de la política, como un arma de guerra, en principio ideológicamente neutral, que busca, judicializando ciertas causas, la destrucción de la imagen pública y la inhabilitación de un adversario o enemigo político, contando para ello con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos y en muchos casos concentrados en pocos grupos de poder, a fin de dar cobertura mediática amplia a determinadas denuncias. De ese modo, buscan manufacturar cierto consenso en la opinión pública, denigrando o destruyendo la imagen de ciertos actores políticos, generalmente buscando mantener el statu quo y, por tanto, bloqueando y atacando cualquier propuesta de cambio en la sociedad. / Lawfare is a political legal concept that is in vogue in Latin America and accounts for the improper use of Law, in the field of politics, as a weapon of war, ideologically neutral in principle, that seeks, by prosecuting certain causes, the destruction of the public image and the disqualification of a political adversary or enemy, counting for this with the support of the hegemonic media and in many cases concentrated in a few power groups, in order to give wide media coverage to certain complaints. In this way, they seek to manufacture a certain consensus in public opinion, denigrating or destroying the image of certain political actors, generally seeking to maintain the status quo and, therefore, blocking and attacking any proposal for change in society.

El presente trabajo analiza once (11) sentencias de la Corte Suprema de Justicia relativas al delito de difamación con el objetivo de identificar la utilidad y falencias del Acuerdo Plenario N°3-2006/CJ-116 en la resolución del conflicto entre el derecho al honor y los derechos a la libertad de expresión e información. Luego, con el apoyo de la jurisprudencia y doctrina pertinentes, se realiza un balance crítico del Acuerdo Plenario y se proponen reformulaciones más específicas de los criterios empleados en la ponderación. El estudio permite identificar que los criterios empleados en el juicio de ponderación propuesto (interés público, ofensividad formal y veracidad subjetiva) no fueron delimitados adecuadamente para evitar fallos disímiles y contribuir a la seguridad jurídica. El concepto de interés público no fue definido con precisión y se extendió indebidamente su aplicación al ámbito del espectáculo. Asimismo, considerar que la ofensividad debe ser “formal” resultó contraproducente porque centralizó el análisis en la ofensividad en abstracto, en lugar de prestar atención a la ofensividad real en el contexto concreto. Finalmente, la falta de criterios para la probanza del cumplimiento del deber de veracidad conllevó a que se le dé una incorrecta importancia a la verdad ex post del hecho informado, de manera contraria a la naturaleza subjetiva del deber de veracidad