El proceso de violencia social vivido en el Perú entre los años 80 y 90 incluyó el desenvolvimiento de una guerra no convencional. Por el lado de las FFAA, casi la totalidad del ejército combatiente en ese periodo fue conformada por soldados levados u obligados a prestar el Servicio Militar (SMO). No existe un estudio desde la perspectiva histórica del SMO, ni el grueso de quienes conformaron las FFAA, es decir, los soldados, reclutas, cabos y sargentos. Este gran segmento extraído de la población, encadenado a un marco jurídico-legal de tradición colonial, es nuestro objeto de estudio. La tesis examina el estado de la cuestión y la estrategia metodológica para abordar el problema del estudio del soldado con respecto al Estado, las relaciones del militar con el Estado, a fin de plantear un enfoque teórico sobre las Fuerzas Armadas. Se examinan los antecedentes históricos de la institución militar en el Perú, los episodios o acontecimientos militares y políticos que dejaron honda huella en las relaciones históricas del Estado con la entidad castrense, se describe las etapas por las cuales ha evolucionado la guerra civil de 1980 al 2000, a partir de la guerra prolongada declarada por el PCP-SL. Se analiza la organización del ejército de los 80 y la estrategia empleada en la guerra contrasubversiva, la instrucción recibida y la logística del ejército en Ayacucho. / Tesis

El presente informe jurídico realiza un análisis cualitativo respecto a las actuaciones de los operadores de justicia en la recepeción de la denuncia, investigación y enjuiciamento a Adriano Pozo, en su calidad de autor de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual, en agravio de Arlette Contreras. A través del uso de parámetros internacionales y normativa nacional e internacional, se demuestra que las actuaciones de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se alejaron de los estándares establecidos para el tratamiento, investigación y sanción en casos de violencia de género. El tratamiento negligente de las autoridades estatales conllevó a la vulneración de diversos de derechos de Arlette Contreras. Entre ellos, se encuentra la vulneración del derecho a la vida libre de violencia, integridad personal, seguridad personal, igualdad de protección ante la ley y de la ley, y acceso a la justicia. La vulneración sistemática de estos derechos y la falta de protección, salvaguarda y resarcimiento de la víctima constituyeron, desde el Estado peruano, una actuación de violencia institucional que sometió a Arlette Contreras a un proceso de revictimización. Dicha situación fundamenta la responsabilidad internacional del Estado peruano frente a una eventual petición por Arlette Contreras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el posterior sometimiento de la petición ante la Corte IDH. No obstante, esta no sería aceptada y sería declarada inadmisible por haber transcurrido el plazo normado. / This legal report carries out a qualitative analysis regarding the actions of justice operators in the receipt of the complaint, investigation and prosecution of Adriano Pozo, in his capacity as author of the crimes of attempted femicide and attempted rape, to the detriment of Arlette Contreras. Through the use of international parameters and national and international regulations, it is shown that the actions of the Police, the Prosecution and the Judiciary departed from the standards established for the treatment, investigation and punishment in cases of gender violence. The negligent treatment of the state authorities causes the violation of various human rights of Arlette Contreras. Among them is the violation of the right to a life free of violence, personal integrity, personal security, equal protection before the law and the law, and access to justice. The systematic violation of these rights and the lack of protection, safeguarding and redress for the victim constituted, from the Peruvian State, an act of institutional violence that subjected Arlette Contreras to a process of revictimization. This situation supports the international responsibility of the Peruvian State in the face of a possible petition by Arlette Contreras before the Inter-American Commission on Human Rights and the subsequent submission of the petition before the Inter-American Court.

Los casos de L.C. y Camila, dos niñas peruanas que lograron fallos favorables después de demandar al Estado por enfrentar obstáculos para acceder a la interrupción médica del embarazo tras haber sido víctimas de violación sexual, destacan el problema público del reducido acceso efectivo a este procedimiento en menores de 14 años que viven situaciones similares. Además, estos casos evidencian una clara vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes y subrayan la necesidad urgente de analizar los factores que obstaculizan el acceso a la interrupción médica del embarazo para este grupo vulnerable, junto con el desarrollo de intervenciones públicas que aborden dicho problema. Esta investigación se centra en analizar las causas detrás de este problema público desde diversas perspectivas: normativas y administrativas que regulan el procedimiento, así como socioculturales y políticas. A partir del análisis y priorización de estas causas, se identificó la carencia de mecanismos de atención específicos en situaciones de embarazo como resultado de vulneración sexual en menores de edad. En respuesta a esto, se propone una actualización del "Protocolo de Actuación Conjunta entre Centros de Emergencia Mujer (CEM) y Establecimientos de Salud (EE.SS.)", incorporando disposiciones específicas para la atención de menores de edad que se encuentren en la situación descrita. Estos establecimientos representan los primeros puntos de contacto para las víctimas de violencia sexual, lo cual convierte esta intervención en una oportunidad crucial para asegurar una atención adecuada, incluyendo la posibilidad de acceder al procedimiento de interrupción médica del embarazo según procedimiento. / The cases of L.C. and Camila, two Peruvian girls who obtained favorable rulings after suing the State for facing obstacles in accessing medical termination of pregnancy after being victims of sexual assault, highlight the public issue of limited effective access to this procedure for girls under 14 years old who are in similar situations. Moreover, these cases demonstrate a clear violation of the rights of girls and adolescents and underscore the urgent need to analyze the factors that hinder access to medical termination of pregnancy for this vulnerable group, along with the development of public interventions to address this issue. This research focuses on analyzing the causes behind this public issue from various perspectives: regulatory and administrative factors that govern the procedure, as well as sociocultural and political ones. Based on the analysis and prioritization of these causes, the lack of specific care mechanisms for situations of pregnancy resulting from sexual assault in minors was identified. In response to this, an update to the "Joint Action Protocol between Women's Emergency Centers (CEM) and Health Establishments (EE.SS.)" is proposed, incorporating specific provisions for the care of minors in the described situation. These establishments represent the first points of contact for victims of sexual violence, making this intervention a crucial opportunity to ensure adequate care, including the possibility of accessing the medical termination of pregnancy procedure as outlined.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en el 2003, identificó que las violaciones sexuales a mujeres agudizaron la desigualdad y la violencia existente. Visibilizando el caso Manta (Huancavelica 1984) como un caso emblemático que debía atravesar el proceso de judicialización. Sin embargo, Manta es el primer y único caso que ha llegado en instancias judiciales bajo la defensa del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). No obstante, a pesar de que estas organizaciones manifiestan el mismo objetivo de acompañar la defensa en instancias judiciales, diseñan estrategias distintas para abordarlo. El estudio, describe las distintas estrategias diseñadas por IDL y Demus, frente a las condiciones cambiantes durante el proceso. El análisis se realiza para las dos etapas del proceso: i) el acercamiento de las ONG a las mujeres afectadas de Manta, y, ii) el proceso de judicialización, que incluye el proceso del juicio oral. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso, el recojo de información se realizó a través de revisión bibliográfica, revisión de fuentes periodísticas y construcción de líneas de tiempo. Además, se realizaron once entrevistas semiestructuradas a actores claves, miembros de IDL y Demus que participaron de cada etapa, así como también, miembros de la CVR que tuvieron implicancia en el caso Manta y especialistas del caso. El estudio resalta el precedente institucional que significó la visibilización de la violencia sexual que realizó la CVR dotando el sustento para que IDL y Demus lleguen al caso. Se encuentra que, a pesar de tratarse de organizaciones de derechos humanos, responden a saberes y trayectorias distintas que se reflejan en sus estrategias. Sin embargo, los distintos criterios de sus enfoques resultan ser complementarios para abordar el caso y enfrentarse a los desafíos que encuentran en el Poder Judicial. En este sentido, sugiere la reflexión acerca del ejercicio público de la defensa de IDL y Demus que logran abrir un camino en el sistema de justicia para las afectadas de la violencia sexual. Implicando también el posicionamiento de Demus como pionera en llevar el derecho con perspectiva de género al Poder Judicial y, el posicionamiento que logra afianzar IDL en el campo de los derechos humanos.

La presente investigación tiene como objetivo analizar las producciones artísticas que representan el caso emblemático de violaciones sexuales ocurridas en las comunidades de Manta y Vilca, ubicadas en la región de Huancavelica, durante el conflicto armado interno peruano (1980-2000). Son dos obras de teatro, en particular, las que se ocupan del mencionado caso: Kay Punku. Acción documentada de las artistas Ana y Débora Correa y Manta y Vilca. Memoria escénica de la Colectiva Trenzar. En la investigación analizo las producciones artísticas, sus procesos de creación, la memoria que crean sobre lo sucedido, los significados de lo ocurrido y cómo buscan aportar en la reparación simbólica de las mujeres sobrevivientes de este caso de vulneración de derechos humanos. Ahora bien, no me centré sólo en las producciones artísticas, en tanto representaciones. Siguiendo la hebra, desde los procesos de creación y su circulación social, analizo su vinculación con el proceso de judicialización, al cual las obras nacen enmarañadas, y la relación que las producciones tienen con las mujeres sobrevivientes. Desde una mirada crítica, reflexiono sobre el lugar de las voces de las mujeres sobrevivientes y sus subjetividades, tanto en el proceso de judicialización, como de creación de representaciones. De esa manera, me acerco críticamente no sólo a las representaciones que las producciones artísticas construidas por las creadoras y artistas, sino también a los discursos públicos de las y los abogados y ONGs patrocinantes en el caso judicial. Para ello, entrevisté a diversos actores sociales, desde las artistas, las mujeres sobrevivientes, abogadas y abogados, trabajadoras sociales y sicólogas vinculados al proceso judicial, funcionarios públicos vinculados a las políticas de reparación, artistas visuales y audiovisuales. Realicé trabajo de campo en la comunidad de Manta, donde pude conversar con los y las habitantes del pueblo y estar el lugar de los hechos. Me inserté en espacios creativos, donde pude experimentar y usar mi cuerpo como un lugar de conocimiento. Finalmente, asistí a una serie de audiencias judiciales del proceso judicial, incorporando este espacio como un lugar de observación etnográfica. / This research aims to analyze artistic productions that represent the emblematic case of sexual violations that occurred in the communities of Manta and Vilca, located in the Huancavelica region, during the Peruvian internal armed conflict (1980-2000). Two theatrical works, in particular, address the mentioned case: "Kay Punku. Acción documentada" by artists Ana and Débora Correa and "Manta y Vilca. Memoria escénica" by the Colectiva Trenzar. In the research, I analyze the artistic productions, their creation processes, the memories they generate about the events, the meanings of what happened, and how they seek to contribute to the symbolic reparation of the women survivors of this case of human rights violations. However, I did not focus solely on the artistic productions as representations. Following the thread from the creation processes and their social circulation, I analyze their connection with the process of judicialization, in which the works are entangled, and the relationship that the productions have with the women survivors. From a critical perspective, I reflect on the place of the voices of the women survivors and their subjectivities, both in the judicialization process and in the creation of representations. In this way, I critically approach not only the representations constructed by the creators and artists but also the public discourses of lawyers and sponsoring NGOs in the judicial case. To achieve this, I interviewed various social actors, including artists, women survivors, lawyers, social workers, and psychologists involved in the judicial process, public officials linked to reparations policies, visual and audiovisual artists. I conducted fieldwork in the Manta community, where I could talk to the inhabitants of the town and be in the location of the events. I immersed myself in creative spaces, where I could experience and use my body as a place of knowledge. Finally, I attended a series of judicial hearings in the judicial process, incorporating this space as a site of ethnographic observation.