A partir de la explosión demográfica en Lima, acaecida desde los años ´40 del siglo XX alimentada con el fenómeno de migraciones internas, surge un proceso de urbanización y de construcción de viviendas que responde a dos realidades: una oficial, alimentada por la especulación inmobiliaria, que crece a lo largo de las vías de expansión de la ciudad transformando chacras y fundos en territorio urbano estructurado; y otra informal, alimentada por la iniciativa de las poblaciones de bajos ingresos, que se asienta en suelos de valor marginal donde se habilitan viviendas mediante la autoconstrucción, conformando cinturones de pobreza como respuesta a la falta de una política de vivienda capaz de atender integralmente a dicha población. Esta ciudad informal ha ido creciendo de forma sostenida durante la segunda mitad del siglo XX, llegando a constituir dos terceras partes del territorio de nuestra ciudad. Ha sido la principal forma de urbanización de Lima pese a todas sus limitaciones como son: falta de áreas verdes, equipamiento urbano y vías adecuadas, y con edificaciones deficientes, construidas sin participación profesional. Ha consolidado los esquemas de precariedad que le dieron origen, no llegando a ser, sino limitadamente, una alternativa humana para el desarrollo de sus habitantes, que pasan por décadas de abandono antes de alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad, y que nunca se resuelven integralmente. El presente estudio propone un programa de vivienda social destinado a servir a los sectores más pujantes nuestra sociedad (las clases C2 y D), proponiendo una solución integral a su problemática, en el cual se sumen las mejores alternativas para lograrlo de manera accesible a sus posibilidades. Se parte de la autoconstrucción –la forma actual de construir ciudad para estos sectores–, a la que se sume la activa participación de las autoridades en la planificación de los conjuntos bajo esta modalidad (actualmente mudos testigos de su lucha diaria y hasta cómplices de los traficantes de terrenos1 ), los profesionales en su organización (como técnicos llamados a liderar el crecimiento de la ciudad) y el sector financiero (actualmente inaccesible para estas poblaciones), cuya presencia es fundamental para adelantar los beneficios de contar con una vivienda en un corto plazo a través del crédito hipotecario. El resultado al que se aspira es una metrópoli compuesta por proyectos de vivienda desarrollados en territorios integrados planificados (sin espacios marginales o zonas de exclusión), dotados de servicios y equipamiento, en los cuales se ofrezca a sus pobladores condiciones adecuadas de habitabilidad en un corto plazo, a través de su activa participación en el proceso de construcción y de crédito accesible a sus posibilidades.