El presente trabajo de investigación desarrolla el tratamiento histórico, legislativo, deontológico y jurisprudencial de la figura del secreto profesional derivado de la relación abogado-cliente, tanto en el sistema del Common Law inglés y norteamericano, así como en el del Derecho Romano-Germánico europeo continental y peruano. También se analizan algunos de los modelos más importantes de políticas de cumplimiento (o compliance), así como algunas normas técnicas relacionadas, a fin de identificar el deber de revelación de información a cargo de los miembros de la organización en cuestión. A partir de tal desarrollo se evidencia que, en el marco de las políticas de cumplimiento que pueden ser implementadas en un estudio de abogados en nuestro país, las mismas no contemplan o resuelven el conflicto que surge para sus miembros respecto de, por un lado, la observancia de la obligación de revelación de información a su cargo y, por el otro, su deber de secreto profesional derivado de la relación abogadocliente. Para ayudar a resolver el conflicto identificado, se proponen algunos criterios que puedan servir de guía a tal fin; los cuales poseen consideraciones legales, así como éticas y deontológicas aplicables al ejercicio de la profesión legal. Finalmente, se evidencia el desfase existente entre la regulación local de la figura del secreto profesional derivada de la relación abogado-cliente y, la regulación que sobre lavado de activos, financiamiento al terrorismo y lucha contra la corrupción se ha emitido en los últimos años en nuestro país. / Trabajo de investigación

La Casación 374-2015-Lima, por medio de la cual Aurelio Pastor fue absuelto de la acusación fiscal como autor del delito de tráfico de influencias simuladas, es un precedente importante no solo para entender cómo el máximo órgano del Poder Judicial, la Corte Suprema, interpreta la naturaleza de este tipo penal, sino también para reflexionar sobre las consecuencias negativas de legalizar este tipo de actos para un grupo selecto de profesionales: los abogados. Por ello, el presente informe, buscará, principalmente, abordar el entendimiento de este tipo penal desde el estudio de los elementos de la tipicidad objetiva, así como desde el análisis de las distintas posturas que se han vertido alrededor del bien jurídico protegido por este delito. Esto último con la finalidad de presentar una nueva postura, pero no por ello menos loable. Del mismo modo, el presente trabajo buscará analizar de forma crítica la aplicación, en el caso concreto, de la causa de justificación “ejercicio legítimo de la profesión”, regulada en numeral 8) del artículo 20 del Código Penal, pues no consideramos acorde legalizar este tipo de conductas. Finalmente, la investigación concluirá intentando responder a la interrogante de si en el caso en específico nos encontramos frente a un delito provocado por parte del tercero interesado. Palabras clave: tráfico de influencias simuladas, bien jurídico, causa de justificación, ejercicio legítimo de la profesión, delito provocado. / Cassation 374-2015-Lima, by means of which Aurelio Pastor was acquitted of the fiscal accusation as the perpetrator of the crime of simulated influence peddling, is an important precedent not only to understand how the highest body of the Judicial Power, the Supreme Court, interprets the nature of this criminal type, but also to reflect on the negative consequences of legalizing this type of act for a select group of professionals: lawyers. For this reason, this report will seek, mainly, to address the understanding of this criminal type from the study of the elements of objective typicity, as well as from the analysis of the different positions that have been exposed around the legally-protected right by this crime. The latter in order to present a new position, but no less laudable. In the same way, the present report will seek to critically analyze the application, in the specific case, of the cause of justification "legitimate exercise of the profession", regulated in numeral 8) of article 20 of the Criminal Law, since we do not consider it appropriate to legalize this type of behavior. Finally, the investigation will conclude trying to answer the question of whether in the specific case we are facing a provoked crime by the interested third party.