En el 2001, el médico de un hospital público le negó a la menor de edad K.L. el servicio de interrupción de un embarazo anencefálico que ponía en peligro su vida y producía daños a su salud (aborto terapéutico). El presente documento contiene un análisis jurídico del Dictamen No. 1153/2003 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que estableció la responsabilidad del Estado Peruano por la vulneración de diversos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El autor realiza un análisis crítico de los requisitos de admisibilidad y de los asuntos de fondo, identificando cuestiones jurídicas relevantes y controvertidas tales como el agotamiento de las vías previas, el deber de respuesta del Estado Parte, y la falta de pronunciamiento del Comité sobre la violación del derecho a la vida y del derecho a no ser discriminada. Partiendo de un análisis jurídico, el autor discute la razonabilidad de la denegatoria, los argumentos y la interpretación sobre la configuración de un aborto terapéutico. También incluye un debate sobre la necesidad de realizar una lectura sistémica de los derechos humanos, en particular, al analizar la discriminación basada en prejuicios de género, y el vínculo del derecho a la vida con la salud y la dignidad de las personas. Desde una mirada interdisciplinaria, el trabajo plantea la relevancia del activismo judicial, la interseccionalidad y el enfoque basado en derechos para formular servicios, programas y políticas públicas. El trabajo concluye, principalmente, que el Estado Peruano es responsable no sólo de los cuatro derechos reconocidos por el dictamen, sino también por la violación del derecho a la vida y a la no discriminación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo se analizará el artículo 10 n°11 del Código Penal, fue introducido el año 2010 con la reforma de este código contenida en la ley 20.480 que tipifica el delito de femicidio. Este nuevo numeral se creó con la intención de dejar impune a la mujer quien debido a los reiterados maltratos de su pareja teme por su vida y por ello decide lesionarlo o incluso acabar con la misma. Para ello se agregó a la parte general del Código Penal en el artículo 10 que enumera las eximentes de responsabilidad penal una nueva causal. Por lo tanto, se crea una nueva eximente de responsabilidad penal, y lo que pretendemos aquí, mediante la revisión de diversa doctrina al respecto, es definir la naturaleza de esta eximente (justificante o exculpante) y su alcance para, de esta manera, poder afirmar que, a través de esta norma, es posible dejar impune el aborto terapéutico, el cual desde1990 en Chile no tiene legislación expresa y aparentemente existe una prohibición absoluta de este acto. Este último objetivo surge bajo la idea de que tal prohibición absoluta no es posible, pues el derecho debe ser capaz de comprender que hay situaciones, al igual que en caso del delito del homicidio, en que no es posible exigir una conducta conforme a derecho dejando sin pena tanto a quien provoca como quien asiente en el aborto. Es así que llegaremos a la conclusión que este numeral siendo una eximente de responsabilidad exculpante es capaz de cumplir tal propósito

The objective of the present article is to analyze the process of introducing the regulation of therapeutic abortion into the peruvian governmental agenda, identifying the factors that came together to generate such event, the period of study being between the years 2005 to 2014. The investigation corroborates that said event was possible due to the confluence of certain political and institutional factors on the national stages, the strategy of groups in favor (pro-choice) and against (pro-life) the regulation, and international influence. / El presente artículo tiene como objetivo analizar el proceso de ingreso de la reglamentación del aborto terapéutico en la agenda política gubernamental peruana, así como identificar los factores que confluyeron para generar dicho ingreso, siendo el periodo de estudio entre los años 2005 y 2014. La investigación corrobora que dicho ingreso fue posible gracias a la confluencia de ciertos factores políticos e institucionales del ámbito nacional, de las estrategias de los grupos a favor (pro-elección) y en contra (pro-vida) de la reglamentación, y de la influencia internacional.