Los servicios de fotocopiado en una universidad o el valet parking de un restaurante pueden ser, como muchos otros ejemplos, objeto de un contrato de concesión privada. El contrato de concesión privada es un contrato atípico. Es decir, no tiene reglas legales específicas; sin embargo, ello no afecta, en modo alguno, su reiterada utilización en nuestro país. Precisamente, los autores del presente artículo desarrollan los elementos esenciales y principales obligaciones de esta interesante figura contractual. Asimismo, analizan las diferencias entre el contrato de concesión privada y otras figuras contractuales afines.

El proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en Lima Metropolitana necesita el cumplimiento activo de las funciones de la Dirección General de Minería (DGM) para promover la consecución de los pasos de formalización e incrementar la fiscalización sobre los mineros informales, toda vez que por medio de ello se puede conocer quienes utilizan el proceso de formalización como una forma de seguir realizando actividades mineras cuando no tienen la posibilidad de culminarlo y detectar los supuestos de cancelación de declaración de compromisos. / Tesis

La presente tesina es el resultado de una investigación para determinar si la expedición, modificación, y derogación de los decretos supremos de zona de frontera en minería, que se expiden en virtud del artículo 71° de la Constitución, son realizados por el Estado en ejercicio de su facultad discrecional, la cual no podría ser ilimitada, pues considerarlo así sería permitir al Estado actuar con arbitrariedad, lo cual no es posible en un Estado de Derecho como el nuestro. / Tesis

Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión? / Tesis

La idea para esta tesis se nos ocurrió con una oreja en el aula de derecho y la otra en la calle. En esta última escuchábamos dos clases de ideas, casi paradigmas: una hacía referencia a que el Perú avanzaba económicamente gracias en gran parte a la minería; la otra señalaba que estos avances eran muchas veces frenados por “activistas”, “izquierdistas” y “antimineros” que supuestamente no querían el progreso del país, dentro de los cuales muchas veces se encontraban los pobladores de las comunidades aledañas a estos proyectos. El Perú es un país rico en recursos naturales y de amplísimas posibilidades de poder ofrecer a sus nacionales y al mundo entero condiciones naturales únicas. Destacada por su biodiversidad, flora y fauna, el Perú además se caracteriza por la presencia de casi 77 etnias, agrupadas en 16 familias lingüísticas y desplegadas en 6 063 comunidades campesinas y 1 786 comunidades nativas / Tesis

Los conflictos socio ambientales en la minería, surgen por la confrontación de intereses entre el inversionista privado (concesionario), las comunidades campesinas (población civil) y el Estado. Por lo que en el presente trabajo de investigación ofrecemos una propuesta legislativa sobre el daño ambiental y el acuerdo previo, a razón de que no existe en nuestro país un seguro ambiental obligatorio, que proteja a las víctimas y al ambiente como medida oportuna frente al daño ocasionado. Por otro lado, el régimen jurídico especial, cumplirá con los requisitos necesarios para asistir a una actividad minera responsable, comprometida a proteger el medio ambiente y las personas en cada caso en concreto. Por lo tanto, el tema central es la protección de los recursos naturales ante las actividades extractivas, y la participación oportuna de las comunidades indígenas para evitar los conflictos sociales, procurando de forma eficiente y eficaz el equilibrio entre la inversión privada y los derechos fundamentales reconocidos no solo por nuestra constitución sino por disposiciones internacionales tales como el derecho a la vida, salud, y aun ambiente saludable. / Tesis

Los siglos XIX y XX han sido testigos de una evolución extraordinaria, tanto en el aspecto demográfico como económico, consolidándose la Revolución Industrial, También han sido el escenario en el que se ha desarrollado el transporte moderno, basado en la motorización, primero en base al vapor y posteriormente en base a los derivados del petróleo y de la electricidad. El ferrocarril es el primer modo revolucionario que cambia la forma de moverse en el medio terrestre, aunque a principios del siglo XX aparece de manera imparable el automóvil, que alcanzará un protagonismo indiscutible hasta nuestros días. La evolución de estos modos de transporte y su relación con el territorio de la provincia de Alicante constituyen la parte fundamental de nuestro trabajo de investigación, que hemos acotado al desarrollo del sistema de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera. La actividad del transporte consiste en el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro, para lo cual precisa de unas infraestructuras adecuadas para que circulen los vehículos portadores. En lo referente al transporte, sobre todo de personas, tienen un carácter determinante las condiciones demográficas y orográficas del territorio, que son peculiares en la provincia de Alicante. Nuestro objetivo, ha sido el estudio de las relaciones del territorio provincial con el sistema de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera y de cómo este sistema ha sido capaz de crear las redes, tanto de ámbito comarcal como provincial, que atienden una parte significativa de la demanda de movilidad de la población. En este proceso, hemos comprobado las interrelaciones del territorio, con las infraestructuras y la demografía, así como de la Administración con sus concesionarios, que, bajo la tutela de una legislación específica, hace que el sector tenga unas características singulares. Las conclusiones resultantes nos presentan a un sector de servicios públicos, que se ha desarrollado a lo largo de más un siglo, mediante el régimen de la concesión administrativa, que atiende a prácticamente todos los municipios de la provincia, sin costes obligados para el erario público. Sin embargo, los cambios normativos derivados de la aplicación de la legislación europea, así como la reciente crisis del COVID-19, generan un período de incertidumbre sobre el futuro del sector, lo que abre la puerta a nuevas líneas de investigación.

El Desarrollo Territorial surge como una propuesta para con-tribuir al progreso de los territorios. A partir de 1989 se prod-ujo un proceso de transformación institucional del sector del agua potable y saneamiento argentino, que se suma a esta propuesta, fuertemente promovido por el Estado Nacional, que consistió en traspasar el gerenciamiento y administración de los servicios al sector privado, de modo de superar las inefi-ciencias en el manejo por parte de la administración estatal. El objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico de la Concesión de Azurix Buenos Aires Sociedad Anónima (ABA) y detectar los errores en el esquema regulatorio para la bús-queda de eficiencia y seguridad jurídica en la prestación de dicho servicio. En este sentido, la nueva economía institucio-nal formula el interés por las instituciones o reglas de juego, tomando como punto de partida que el Estado de Derecho es el entorno apropiado para promover e incentivar una mejor y más eficiente política regulatoria, como así también, el desem-peño de los agentes económicos privados. El imperio de la ley, que rige en los Estados modernos, debe garantizar el respeto al derecho de propiedad y eliminar todo atisbo de inseguridad jurídica, sobre todo en la debida ejecución de los contratos celebrados entre privados con los organismos y entidades es-tatales. En consecuencia, el marco institucional mencionado debe traducirse en una baja en los costos de transacción y con ello un facilitamiento y extensión de las transacciones en el mercado. Estos requisitos sine qua non no se cumplieron mientras ABA estuvo en la Provincia de Buenos Aires con la Concesión del agua. En tal sentido, un Laudo emitido el 26 de julio de 2006 por un tribunal arbitral, constituido de conformi-dad con el Reglamento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), condenó a la Repú-blica Argentina a pagar 165 millones de dólares, más intere-ses, a la compañía estadounidense Azurix Corporation. En pri-mera instancia se plantea la necesidad de realizar un análisis de la Nueva Economía Institucional y su influencia en la pres-tación y regulación de los servicios públicos y sus alcances y efectos en los Tratados Bilaterales de Inversión. Luego se exa-minó la historia sobre la reforma del sector público y las pri-vatizaciones en Argentina. A continuación se circunscribió el estudio al servicio público de agua potable y saneamiento, a-dentrándose en la experiencia de la Provincia de Buenos Aires con la prestataria ABA. Posteriormente, se acotó el estudio a un territorio particular donde analizó sus antecedentes fácti-cos y legales de la crisis del agua, como así también los he-chos conflictivos referidos al tema en cuestión. Seguidamen-te, se determinó las debilidades contractuales y regulatorias que incidieron en la estabilidad de las reglas de juego en la Concesión provincial de ABA destacando el impacto tarifario. Finalmente, se detallaron los pormenores del laudo del CIADI en este litigio internacional. El área de estudio será la zona concesionada por ABA, siendo objeto de análisis particulariza-do el partido de Bahía Blanca. Asimismo, el trabajo se ocupa de los hechos que se produjeron entre 1999 y 2002, durante la breve Concesión de ABA. La metodología utilizada corres-ponde a la de un diseño exploratorio, cualitativo y descriptivo, en el que se organizó la búsqueda de información a través de fuentes primarias y secundarias. En el primer caso se uti-lizaron entrevistas a referentes institucionales. En el segundo caso se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema en cuestión, como así también de periódicos de tirada local y nacional; jurisprudencia local e internacional y normativa provincial, nacional e internacional. / Territorial Development emerged as a proposal to contribute to progress inthe territories. Since 1989, there was a process of institutional transformation in the water sector and sani-tation Argentina, in addition to this proposal, strongly promo-ted by the State, which was to transfer the management and administration of services to the private sector, way to over-come inefficiencies in the management by the state admi-nistration. The aim of this study was to diagnose the granting of Azurix Buenos Aires Sociedad Anónima (ABA) and to detect errors in the regulatory scheme for the pursuit of efficiency and certainty in the provision of that service. In this sense, the new institutional economy formulates the interest by the institutions or rules of game, taking like departure point that the State of Right is the appropriate surroundings to promote and to stimulate one better and more efficient regulatory poli-cy, like thus also, the performance of the deprived economic agents. The empire of the law, that prevails in the modern States, must guarantee the respect to the property right and eliminate all spying of legal insecurity, mainly in the due execu-tion of contracts celebrated between prevailed with the state organisms organizations. Consequently, the mentioned institu-tional frame must in this way be translated in a loss in the transaction costs and a facilitation and extension of the transactions in the market. These conditions sine qua non not met while ABA was in the Province of Buenos Aires with the water Concession. In this regard, an award issued on July 26, 2006 by an arbitral tribunal constituted in accordance with the Rules of the International Centre for Settlement of Inves-tment Disputes (ICSID), condemned Argentina to pay $ 165 million, plus interest, to the U.S. company Azurix Corporation. In the first instance there is a need for an analysis of the New Institutional Economics and its influence on the provision and regulation of public services and the scope and impact on Bilateral Investment Treaties. Then reviewed the history of public sector reform and privatization in Argentina. Then confi-ned the study to the public water supply and sanitation, into the experience of the Province of Buenos Aires with the borrower ABA. Later, he said the study analyzed a particular territory where factual and legal background of the water cri-sis, as well as conflicting facts relating to the subject matter. Then determined the contractual and regulatory weaknesses that affected the stability of the rules of play in the granting of ABA provincial highlighting the impact rate. Finally, we ex-plained the details of the ICSID award in this international dispute. The study area is the Concession area by ABA, the subject of the specific analysis in Bahía Blanca. The paper also deals with the events that occurred between 1999 and 2002, during the brief ABA award. The methodology used is that of a descriptive exploratory design, which organized the search for information through primary and secondary sour-ces. In the first case we used interviews to institutional re-ferents. In the second case, a literature review on the sub-ject in question, as well as local-run newspapers and national, local and international case law and provincial legislation, national and international.

En el presente artículo, el autor aborda el complejo tema de la naturaleza del contrato público de concesión partiendo de la premisa de aceptar la teoría unitaria del contrato público (estatal, administrativo). Se analiza este tipo de contrato en el marco del régimen de promoción de la inversión privada en el Perú para la construcción, mantenimiento y operación de servicios públicos y obras públicas, por medio del cual el Estado peruano utiliza la modalidad concesional para relacionarse con los entes privados que se encargarán de dichas actividades. En este trabajo, el autor también pone énfasis en los diversos principios jurídico-públicos que tienen que regir en la fase de ejecución de los contratos de concesión suscritos por el Estado Peruano bajo el régimen de promoción de la inversión privada. In this article, the author approaches the complex issue of the nature of the concession contract, under the premise of accepting the unitary theory of the public contracts. Is analyzed this type of contract under the promotion system of private investment in Peru, led to public utilities and public infrastructure works legal regime which is used by the Peruvian State to relate to private entities that are responsible for such activities. Furthermore, the author also emphasizes the various principles that have to prevail in this type of concession contracts.

El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria emitido por el ente regulador a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD que precisa entre otras cosas que el ejercicio de la mencionada función siempre será de oficio. En ese sentido, es posible advertir que el mencionado criterio produce potenciales escenarios de inseguridad jurídica, por lo que realizando un análisis de la referida facultad y su evolución a través de los últimos 15 años proponemos una serie de modificaciones que tiene por objetivo reforzar el marco jurídico de concesiones de infraestructura en el Perú