Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante el desarrollo de este segundo Tomo, que forma parte de nuestra Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, analizaremos las distintas sanciones de ineficacia que contiene nuestro ordenamiento en materia minera. Recordemos que, tal como definimos en el Tomo I de nuestra investigación, entendemos como “ineficacia de los actos jurídicos mineros”, al conjunto de sanciones que tiene lugar en aquellos casos que no se cumple con el dictamen que la norma determina para el nacimiento o validez de una acto o contrato, para el legitimo ejercicio de un determinado derecho, o para el cumplimiento de una obligación, que tengan su fuente en el Derecho Minero. Habiendo dedicado la primera parte específicamente al tratamiento de la sanción de Caducidad, a continuación revisaremos caso a caso, otras sanciones que contiene nuestro ordenamiento, como lo son la Nulidad, la Prescripción (principalmente en su carácter de prescripción extintiva), la Inoponibilidad, la Resolución, la Revocación y la Suspensión

Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión? / Tesis

Tesis (Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / La caducidad es una institución relativamente reciente, cuyo origen se encuentra en la doctrina alemana. En nuestro país atendida la falta de regulación sistemática, su teoría se ha ido consolidando en virtud del trabajo de la doctrina, pero principalmente de la jurisprudencia de orden civil, las que se han encargado de sentar las bases y características de la misma, de acuerdo a variados casos y supuestos previstos en la ley. En el orden laboral, el concepto técnico de la caducidad aparece por primera vez en 1966 con la dictación de la ley 16.455, adoptando los autores y tribunales del ramo la definición en base a la acción de despido, sin mayores vacilaciones. En ese contexto, la figura de la caducidad en el Derecho Laboral se encuentra anclada de acuerdo a los cimientos creados por los civilistas, pero como veremos, también adecuándola, especialmente la jurisprudencia, a la realidad propia generada por el particular mundo del trabajo dependiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el presente trabajo trataremos de determinar las características, semejanzas y diferencias de ambas instituciones para así saber en que casos nos encontramos ante un plazo de prescripción o ante uno de caducidad. Tanto la prescripción como la caducidad a pesar de sus diferencias se complementan y forman un estatuto común en el sistema de extinción de derechos y acciones por el transcurso del tiempo.

Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión?

La caducidad como concepto jurídico ha generado gran debate a nivel doctrinario como jurisprudencial en el Perú. Pese a que la caducidad encuentra su reconocimiento normativo en el Código Civil sigue generando debate por el uso inexacto e impreciso en otras “normas especiales”, tales como el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de Inscripción de Predios de la Sunarp. De acuerdo con la normativa civil vigente, la caducidad extingue tanto el derecho como la acción correspondiente. Por otro lado, el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante, “RGRP”) no establece que la caducidad extinga el derecho, y menos la acción correspondiente, y ello es coherente considerando que el RGRP establece que su finalidad es brindar publicidad respecto de Derechos adquiridos o actos jurídicos celebrados. Por tanto, lo que se extingue, desde la posición del RGRP no es el derecho, ni la acción, sino más bien, la publicidad registral. En línea con lo anterior, esta investigación se centra en determinar sí la caducidad del asiento registral de hipoteca extingue únicamente el asiento registral o si además extingue el acto jurídico de constitución de hipoteca. Entonces, según nuestro Código Civil para que la garantía real de hipoteca se considere válidamente constituida debe constar su inscripción en el Registro Público, mientras que para el nacimiento del acto jurídico de constitución de hipoteca bastaría el solo consenso, esto siguiente la lógica contenida en el art. 949 del C.C. Afín de “aclarar” el panorama anterior, en 1996 se promulgó la Ley N° 26639 que introdujo un “supuesto” de extinción de hipoteca: la caducidad de asiento registral de hipoteca. En atención a lo anterior, la problemática se origina porque a nivel jurisprudencial, el registrador público deniega las inscripciones de levantamiento de asiento registral de hipoteca por caducidad, considerando el art. 120 del RIP de la Sunarp, este dispositivo legal establece un cómputo de plazo y procedimiento distinto al establecido en la Ley N° 26639 para evaluar la posibilidad de extinguir un asiento registral de hipoteca por caducidad. La (indebida) aplicación del art. 120 del Reglamento de Inscripción de Predios de la Sunarp sobre la Ley N° 26639 evidenciaría, en principio una vulneración directa al principio de jerarquía normativa, respecto del cual, una Ley se encuentra por encima de un Reglamento. La problemática descrita en el párrafo anterior se agrava sí consideramos que el art. 120 del RIP sigue vigente, aun cuando el Tribunal Registral, como segunda y definitiva instancia administrativa resuelve que se debe aplicar la Ley N° 26639 sobre art. 120 del RIP de la Sunarp, revocando de esa forma todas y cada una de las denegatorias de inscripción emitidas por los Registradores Publicas, lo que genera un “enfrentamiento” entre la primera y segunda instancia administrativa de la Sunarp. Desde la perspectiva de lo descrito líneas atrás, conviene preguntarnos: ¿La caducidad contemplada en el Código Civil tiene el mismo significado que la caducidad contemplada en el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de Inscripción de Predios?; ¿Qué dispositivo legal debe aplicarse para resolver los casos de levantamiento o extinción de asiento registral de hipoteca por caducidad, la Ley N° 26639 o el art. 120 del RIP de la Sunarp? La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis dogmático y jurisprudencial del levantamiento o extinción de asiento registral hipoteca por caducidad; y posteriormente, proponer una alternativa de solución. En principio se evaluará y analizará si el concepto de caducidad contenido en el Código Civil ha sido aplicado correctamente en diversos pronunciamientos judiciales. Luego, se analizará específicamente sí el concepto de caducidad ha sido correctamente aplicado al supuesto de levantamiento de hipoteca por caducidad, a fin de determinar cómo han resuelto los tribunales peruanos este tipo de casos para así proponer una alternativa de solución a la problemática advertida y planteada.

En los últimos años la introducción en el procedimiento administrativo sancionador de una nueva figura respecto a los efectos del tiempo en el derecho, denominada caducidad, nos invita a investigar sobre sus diversas implicancias, como la referida al tiempo establecido para la aplicación de la caducidad en el TUO de la LPAG y la disposición de esta misma norma para que en regulaciones especiales se puedan aplicar plazos preexistentes de duración máxima del procedimiento, como plazos de caducidad, cuando sean superiores a los plazos establecidos en la norma común. Teniendo en consideración el principio de unidad del procedimiento administrativo común, resulta importante establecer si los plazos superiores en normas especiales aplicables como caducidad vulnera el principio de unidad y si confunde la naturaleza y efectos de ambas instituciones jurídicas (plazo máximo de duración del procedimiento y caducidad), los cuales son objetivos de esta investigación. El análisis detallado debe permitir una propuesta de modificación normativa en salvaguarda de los derechos y garantías de los administrados, así, como del apropiado ejercicio de la potestad administrativa para la eficacia y eficiencia de la administración pública.

Trabajo de investigación

A fines del año 2016, la legislación administrativa peruana tuvo una fundamental reforma llevada a cabo por la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, que implicó una total redefinición de instituciones y figuras jurídicas previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre las principales modificaciones de dicha reforma se incorporó el régimen jurídico de la caducidad procedimental, la misma que volvió a experimentar una reforma acaecida con ocasión de la publicación del Decreto Legislativo N° 1452. Debido a la escasa cantidad de estudios doctrinarios y jurisprudencia jurisdiccional y administrativa realizada en el Perú sobre esta la caducidad, nos planteamos como objetivo principal documentarnos sobre ella y reunir información que nos permitiese configurar su caracterización jurídica, descubriendo sus orígenes, naturaleza, clasificaciones y finalidad. Este análisis sirve para identificar el tipo de caducidad que nuestra legislación administrativa incorporó en el capítulo referido a la regulación de la potestad sancionadora de la Administración. La investigación implica identificar los contrastes resultantes de la consagración de la caducidad administrativa en el Perú, así como los alcances dogmáticos que forman el contenido y aplicación de esta figura. De tal modo, la principal conclusión a la que arribamos, luego de concluida nuestra investigación, estriba en advertir que nuestro ordenamiento jurídico administrativo configura a la caducidad como una figura de naturaleza perentoria cuyos efectos recaen únicamente sobre el procedimiento administrativo sancionador, excluyendo de su ámbito de aplicación a otros procedimientos susceptibles de imposición de medidas de gravamen. Asimismo, cabe manifestar que la legislación peruana acoge una caracterización de la figura basada en su carácter objetivo, oficioso, automático y declarativo, así como también, que su aplicación no se extiende a los procedimientos recursivos; y en cuanto a los plazos, el ordenamiento jurídico dotó a la caducidad con un plazo aceleratorio de 9 meses, ampliables excepcionalmente a 3 meses adicionales. / At the end of 2016, the Peruvian administrative legislation had a fundamental reform carried out by the publication of Legislative Decree No. 1272, which involved a total redefinition of institutions and legal figures provided for in Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Among the main modifications of said reform, the legal regime of procedural expiration was incorporated, which again underwent a reform that occurred on the occasion of the publication of Legislative Decree No. 1452. Due to the low number of doctrinal studies and jurisdictional jurisprudence about procedural expiration, our main objective is to document ourselves on it and gather information that would allow us to configure its legal character, discovering its origins, nature, classifications and purpose. This analysis serves to identify the type of expiration that our administrative legislation incorporated in the chapter referring to the regulation of the Administration's sanctioning power. The investigation involves identifying the contrasts resulting from the consecration of administrative expiration in Peru, as well as the dogmatic scope that forms the content and application of this figure. Thus, the main conclusion we reach, after the conclusion of our investigation, is to warn that our administrative legal system configures expiration as a peremptory figure whose effects fall solely on the administrative sanctioning procedure, excluding from its scope applicable to other procedures subject to imposition of lien measures. Likewise, it should be stated that the Peruvian legislation welcomes a characterization of the figure based on its objective, informal, automatic and declarative nature, as well as that its application does not extend to recursive procedures; and as for the terms, the legal system provided the expiration with an acceleration period of 9 months, exceptionally extendable to an additional 3 months.

En el caso de la Resolución Nº 459-2009-SUNARP-TR-A se presenta una solicitud de inscripción de cancelación por caducidad de una hipoteca que fue constituida a favor de una entidad del sistema financiero. Esta solicitud se presenta al amparo del artículo 3 de la Ley N° 26639, siendo que habían transcurrido más de 10 años desde su inscripción. El registrador de la SUNARP procede a tachar el título de dicha solicitud, argumentando que al encontrarse vigente el artículo 172 de la Ley N° 26702, el plazo de caducidad no se aplica para las entidades del sistema financiero. Asimismo, desde la fecha en que se constituyó la garantía hasta ese momento, se habían llevado a cabo dos procedimientos de fusión por absorción, que involucraban a la sociedad titular de la garantía. A partir de ello, se pretende determinar si la hipoteca se transmitió mediante las reorganizaciones societarias y la manera en que se aplican las normas sobre caducidad de hipoteca a las entidades del sistema financiero. El tema de la caducidad de la hipoteca ha sido materia de debate desde hace muchos años atrás, sin embargo, los problemas planteados en el presente informe revisten de importancia, siendo que la discusión se encuentra vigente en las diversas resoluciones del Tribunal Registral sobre la materia. Asimismo, muchas veces se añaden figuras de otras áreas del derecho, como la reorganización societaria que vuelven más complejo el objetivo de determinar los supuestos de aplicación de dichas normas. Por último, la postura que se sostiene en el presente informe se encuentra de acuerdo con el criterio de interpretación establecido en la Resolución materia de análisis. Sin embargo, es pertinente analizar a detalle el razonamiento que sigue el Tribunal Registral, a fin de desarrollar y complementar materias de fondo, sobre todo societarias, que pueden ser abordadas con mayor detenimiento.