El presente trabajo tiene por objeto exponer y analizar los efectos jurídicos que posee la caducidad regulada en el artículo 232 de la Ley General de Sociedades (en adelante, Artículo 232 LGS) en el nacimiento de la obligación tributaria de los dividendos no pagados a favor de una empresa no domiciliada en el Perú, aun cuando se haya realizado el acuerdo de distribución de utilidades a través de la Junta General de Accionistas de la empresa constituida en el Perú. El caso es sumamente relevante, ya que la resolución – objeto de analisis del presente trabajo – cuenta con dos (2) razonamientos jurídicos distintos e, incluso, opuestos. Por un lado, los efectos de la caducidad no son relevantes, puesto que el solo acuerdo de la Junta General de Accionista origina el nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto a la Renta (en adelante, OT-IR) sobre los dividendos y, por ende, la debida retención. De otro modo, los efectos de la caducidad son determinantes para señalar que no nació la referida obligación tributaria y, en consecuencia, que la retención efectuada es indebida.

El presente informe jurídico se centra en la caducidad de la inscripción de la hipoteca que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas que nunca llegaron a nacer en el registro y que dicho supuesto no se encuentra regulado en el artículo 120° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Así, menciono supuestos que el artículo 120° del Reglamento no ha regulado y como deja el panorama ante ese vacío normativo. Para ello, hago un análisis de algunos Precedentes de Observancia Obligatoria para determinar desde que día se debe computar el plazo de caducidad en este tipo de hipotecas que no se encuentran reguladas en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Asimismo, hago un análisis de la institución de la hipoteca, sus características y causales de extinción. Adicionalmente, desarrolló la Ley N° 26639 y como se incorpora la caducidad de la inscripción de la hipoteca como una nueva causal de extinción, para ser aplicada de manera general, incluidas aquellas hipotecas que se constituyen en favor de empresas del sistema financiero. Por último, se detalla las respuestas a los problemas centrales planteados en el presente informe jurídico y algunas recomendaciones que tienen por finalidad que se modifique artículos dentro de nuestro sistema registral y jurídico. / This legal report focuses on the expiration of the registration of the mortgage that guarantees future, eventual or indeterminate obligations that were never born in the registry and that this assumption is not regulated in article 120 of the Registry Registration Regulations of Premises. Thus, I mention cases that article 120 of the Regulation has not regulated and how it leaves the panorama in the face of this regulatory vacuum. To do this, I make an analysis of some Mandatory Compliance Precedents to determine from what day the expiration period should be computed in this type of mortgages that are not regulated in the Registration Regulations of the Property Registry. Likewise, I make an analysis of the mortgage institution, its characteristics and causes of extinction. Additionally, it developed Law No. 26639 and how it incorporates the expiration of the mortgage registration as a new cause for extinction, to be applied generally, including those mortgages that are established in favor of companies in the financial system. Finally, the answers to the central problems raised in this legal report are detailed and some recommendations are intended to modify articles within our registry and legal system.

A fines del año 2016, la legislación administrativa peruana tuvo una fundamental reforma llevada a cabo por la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, que implicó una total redefinición de instituciones y figuras jurídicas previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre las principales modificaciones de dicha reforma se incorporó el régimen jurídico de la caducidad procedimental, la misma que volvió a experimentar una reforma acaecida con ocasión de la publicación del Decreto Legislativo N° 1452. Debido a la escasa cantidad de estudios doctrinarios y jurisprudencia jurisdiccional y administrativa realizada en el Perú sobre esta la caducidad, nos planteamos como objetivo principal documentarnos sobre ella y reunir información que nos permitiese configurar su caracterización jurídica, descubriendo sus orígenes, naturaleza, clasificaciones y finalidad. Este análisis sirve para identificar el tipo de caducidad que nuestra legislación administrativa incorporó en el capítulo referido a la regulación de la potestad sancionadora de la Administración. La investigación implica identificar los contrastes resultantes de la consagración de la caducidad administrativa en el Perú, así como los alcances dogmáticos que forman el contenido y aplicación de esta figura. De tal modo, la principal conclusión a la que arribamos, luego de concluida nuestra investigación, estriba en advertir que nuestro ordenamiento jurídico administrativo configura a la caducidad como una figura de naturaleza perentoria cuyos efectos recaen únicamente sobre el procedimiento administrativo sancionador, excluyendo de su ámbito de aplicación a otros procedimientos susceptibles de imposición de medidas de gravamen. Asimismo, cabe manifestar que la legislación peruana acoge una caracterización de la figura basada en su carácter objetivo, oficioso, automático y declarativo, así como también, que su aplicación no se extiende a los procedimientos recursivos; y en cuanto a los plazos, el ordenamiento jurídico dotó a la caducidad con un plazo aceleratorio de 9 meses, ampliables excepcionalmente a 3 meses adicionales. / At the end of 2016, the Peruvian administrative legislation had a fundamental reform carried out by the publication of Legislative Decree No. 1272, which involved a total redefinition of institutions and legal figures provided for in Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. Among the main modifications of said reform, the legal regime of procedural expiration was incorporated, which again underwent a reform that occurred on the occasion of the publication of Legislative Decree No. 1452. Due to the low number of doctrinal studies and jurisdictional jurisprudence about procedural expiration, our main objective is to document ourselves on it and gather information that would allow us to configure its legal character, discovering its origins, nature, classifications and purpose. This analysis serves to identify the type of expiration that our administrative legislation incorporated in the chapter referring to the regulation of the Administration's sanctioning power. The investigation involves identifying the contrasts resulting from the consecration of administrative expiration in Peru, as well as the dogmatic scope that forms the content and application of this figure. Thus, the main conclusion we reach, after the conclusion of our investigation, is to warn that our administrative legal system configures expiration as a peremptory figure whose effects fall solely on the administrative sanctioning procedure, excluding from its scope applicable to other procedures subject to imposition of lien measures. Likewise, it should be stated that the Peruvian legislation welcomes a characterization of the figure based on its objective, informal, automatic and declarative nature, as well as that its application does not extend to recursive procedures; and as for the terms, the legal system provided the expiration with an acceleration period of 9 months, exceptionally extendable to an additional 3 months.

En el caso de la Resolución Nº 459-2009-SUNARP-TR-A se presenta una solicitud de inscripción de cancelación por caducidad de una hipoteca que fue constituida a favor de una entidad del sistema financiero. Esta solicitud se presenta al amparo del artículo 3 de la Ley N° 26639, siendo que habían transcurrido más de 10 años desde su inscripción. El registrador de la SUNARP procede a tachar el título de dicha solicitud, argumentando que al encontrarse vigente el artículo 172 de la Ley N° 26702, el plazo de caducidad no se aplica para las entidades del sistema financiero. Asimismo, desde la fecha en que se constituyó la garantía hasta ese momento, se habían llevado a cabo dos procedimientos de fusión por absorción, que involucraban a la sociedad titular de la garantía. A partir de ello, se pretende determinar si la hipoteca se transmitió mediante las reorganizaciones societarias y la manera en que se aplican las normas sobre caducidad de hipoteca a las entidades del sistema financiero. El tema de la caducidad de la hipoteca ha sido materia de debate desde hace muchos años atrás, sin embargo, los problemas planteados en el presente informe revisten de importancia, siendo que la discusión se encuentra vigente en las diversas resoluciones del Tribunal Registral sobre la materia. Asimismo, muchas veces se añaden figuras de otras áreas del derecho, como la reorganización societaria que vuelven más complejo el objetivo de determinar los supuestos de aplicación de dichas normas. Por último, la postura que se sostiene en el presente informe se encuentra de acuerdo con el criterio de interpretación establecido en la Resolución materia de análisis. Sin embargo, es pertinente analizar a detalle el razonamiento que sigue el Tribunal Registral, a fin de desarrollar y complementar materias de fondo, sobre todo societarias, que pueden ser abordadas con mayor detenimiento.

El autor del presente informe jurídico realiza un análisis sobre las repercusiones de la caducidad de la inscripción de hipoteca que garantiza obligaciones eventuales futuras e incluso indeterminadas, otorgadas a favor de las empresas del Sistema Financiero nacional, que han sido materia de cesión de derechos a favor de una persona jurídica ajena a dicho sistema, y en cuánto influye en el cómputo del plazo de caducidad, todo ello en el contexto de la Resolución del Tribunal Registral N° 277-2016-SUNARP-TR-T, de fecha 24 de junio de 2016, por el que la Cuarta Sala del Tribunal Registral de Trujillo resolvió revocar la observación de la registradora pública y disponer la inscripción de la solicitud de renovación de las hipotecas que gravan 20 predios de propiedad de los deudores hipotecarios, argumentando que, de manera previa a resolver la rogatoria de renovación, era menester determinar si las hipotecas materia de análisis se encontrabas caducas o no, teniendo en cuenta que habían sido otorgadas a favor del Banco Wiesse, en los años 1994, 1995 y 1996, para luego ser cedidas a un tercero, la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., en el año 2007, tras lo cual concluyeron que dichas hipotecas no habían caducado, al contrario de lo sostenido por la registradora, sino que el cómputo de caducidad no podría abarcar el plazo en el que las hipotecas se encontraban protegidas por el artículo 172° de la Ley del Sistema Financiero, Ley N° 26702; por lo que, a partir de esta resolución, se abarcarán los problemas jurídicos advertidos por el autor: 1) Para renovar una hipoteca es necesario o no determinar previamente si ha caducado la misma; 2) Los efectos de la cesión de derechos en el plazo de caducidad que corre durante la titularidad del Banco como acreedor hipotecario; y, 3) La determinación del inicio del plazo de caducidad en hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas.

El presente informe se centra en el análisis de la Resolución N° 6 emitida en el Expediente N° 00351-2021-0-1817-SP-CO-02 por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial del Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundado en parte el recurso de anulación del laudo arbitral de fecha 29 de diciembre 2020, presentado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el arbitraje contra ella seguido por Alimentos Andinos P&A E.I.R.L. La referida resolución tuvo como objeto determinar si la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral vulneró el derecho a la motivación en su tipificación bajo las causales del literal b) y d), del inciso 1 del art. 63 de la Ley de Arbitraje, que contemplan la falta de motivación suficiente y la decisión sobre materias no sometidas al arbitraje, respectivamente. El problema principal del caso se refiere a la interpretación de un plazo estipulado en el contrato para acudir al arbitraje, como uno de caducidad, lo que afectaba la admisión de la controversia en esta sede. Los instrumentos normativos empleados son la Ley de Arbitraje, específicamente los artículos 41, 62 y 63, que establecen los principios de competence-competence e irrevisabilidad y las causales de nulidad de los laudos arbitrales. El informe examina si el Tribunal Arbitral aplicó correctamente los principios mencionados y si la Sala Superior se ajustó a las causales de nulidad al revisar la decisión arbitral. Se concluye que es imperativo que los tribunales judiciales respeten los límites establecidos por la ley en cuanto a las causales de nulidad de los laudos arbitrales, preservando así la independencia y eficacia del sistema arbitral como un mecanismo eficiente para la resolución de disputas comerciales. / This report focuses on the analysis of Resolution No. 6 issued in Case No. 00351- 2021-0-1817-SP-CO-02 by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which declared partially founded the appeal for annulment of the arbitral award dated December 29, 2020, filed by the Ministry of Development and Social Inclusion, in the arbitration against it followed by Alimentos Andinos P&A E. I.R.L. The purpose of said resolution was to determine whether the decision adopted by the Arbitral Tribunal violated the right to motivation in its typification under the grounds of subparagraph b) and d), paragraph 1 of Article 63 of the Arbitration Law, which contemplate the lack of sufficient motivation and the decision on matters not submitted to arbitration, respectively. The main problem of the case refers to the interpretation of a term stipulated in the contract to go to arbitration, as one of expiration, which affected the admission of the dispute in this venue. The normative instruments used are the Arbitration Law, specifically Articles 41, 62 and 63, which establish the principles of competence-competence and unreviewability and the grounds for nullity of arbitral awards. The report examines whether the Arbitral Tribunal correctly applied the aforementioned principles and whether the Superior Chamber complied with the grounds for nullity when reviewing the arbitral decision. It concludes that it is imperative that the courts respect the limits established by law regarding the grounds for nullity of arbitral awards, thus preserving the independence and effectiveness of the arbitral system as an efficient mechanism for the resolution of commercial disputes.

El presente informe se centra en los aspectos jurídicos clave de la Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre No 00005-2023-OSINFOR/02.1. El proceso se inició con un PAU en 2010, donde OSINFOR determino la comisión de infracciones por parte de la empresa Maderera Barrios S.R.L. en su concesión forestal, resultando en la declaración de caducidad de dicha concesión. Tras ello, la empresa solicito una apelación en sede administrativa, y a su vez inicio un proceso en sede judicial contra OSINFOR. la Corte Superior de Justicia de Loreto revisó el caso y emitió un pronunciamiento de fondo. TFFS-OSINFOR, que había suspendido su respuesta a la apelación hasta la conclusión del proceso judicial, finalmente emitió un pronunciamiento reconociendo el análisis de fondo realizado por la Corte. El análisis crítico del caso revela tres problemas sustanciales en la Resolución. En primer lugar, se cuestiona el inicio del cómputo de la prescripción de una infracción continuada, destacando la necesidad de definirlo desde la última acción constitutiva para asegurar un control efectivo sobre las actividades extractivas. En segundo lugar, se examina si el colegiado respetó el principio non bis in ídem al no llevar a cabo una prueba de triple identidad. Finalmente, se aborda la naturaleza de la caducidad como una consecuencia del incumplimiento contractual o como una medida sancionadora, debatiendo si debe fundamentarse principalmente en el daño ambiental o ser evaluada desde una perspectiva contractual. / The present report focuses on the key legal aspects of Resolution No 00005-2023- OSINFOR/02.1 from the Forest and Wildlife Tribunal. The process began with an Administrative Sanctioning Procedure (PAU) in 2010, where OSINFOR determined that Maderera Barrios S.R.L. had committed infractions within its forest concession, resulting in the declaration of the concession's expiration. Subsequently, the company appealed administratively and initiated a judicial process against OSINFOR. The Superior Court of Justice of Loreto reviewed the case and issued a substantive ruling. TFFS-OSINFOR, having suspended its response to the appeal pending the conclusion of the judicial process, eventually issued a statement recognizing the substantive analysis conducted by the Court. The critical analysis of the case reveals three significant issues in the Resolution. Firstly, there is a question regarding the start of the prescription period for a continuous infraction, emphasizing the need to define it from the last constitutive action to ensure effective control over extractive activities. Secondly, it examines whether the collegiate body respected the non bis in idem principle by not conducting a triple identity test. Finally, it addresses the nature of expiration as either a consequence of contractual noncompliance or a punitive measure, debating whether it should primarily be based on environmental damage or evaluated from a contractual perspective.