Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it / Tesis

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos. / In the present research, it is analyzed if the modifications made to the current co-financed concession contracts of transport infrastructure for public use, have altered the allocation of risks previously agreed upon by the parties. For this purpose, first of all, it is studied and recognized that the optimal distribution of risks is an inherent characteristic of public-private partnerships, and therefore of co-financed concessions, as they are forms of public-private partnerships. Likewise, in the development of the thesis, the notion of contractual risk is defined, which are the risks that exist and are shared in the cofinanced concessions, as well as the criteria to achieve an efficient allocation. As a next step, this research presents the reasons why the modifications of concession contracts are legitimately used as mechanisms for the resolution of unforeseen contingencies, but also recognizes the existence of certain dangers inherent in contractual renegotiations. In this sense, the evolution of regulatory regulation on addenda and contractual modifications is studied, with special emphasis on the legal treatment of the duty to try not to alter the assignment of risks originally agreed upon. Continuing with the development of the research, the guidelines to be followed are established to determine if a contractual modification justifiably or unjustifiably alters the allocation of risks. Subsequently, following these criteria, a detailed analysis is made of the modifications to the thirteen current co-financed concessions transport infrastructure for public use that have been subject to at least a renegotiation. After completing this study, it is determined if the contractual modifications have produced an alteration in the previously established risk allocation and if, if applicable, such variation is justified or unjustified. These results are consolidated graphically. The investigation ends with the presentation of the conclusions and some recommendations, which can be implemented legally, in order to specify the content of the legal obligation to ensure that the allocation of risks is not altered and to avoid addenda that incurs unjustified alterations of the risk distribution schemes. / Tesis

El análisis de la evolución de los contratos administrativos en el Perú, demuestra que —aunque todavía existe discusión sobre los tipos de contratos que celebra la Administración Pública— la mayoría de la doctrina ha optado por reconocer la concepción unitaria de los contratos administrativos. Con ello se ha podido evidenciar que tal criterio no resultaría suficiente para derivar uno u otro contrato a la vía arbitral o al Poder Judicial para solucionar las controversias que se pudieran originar. Las principales controversias por las cuales las partes de un contrato público van a arbitraje se resumen en deficiencias en las etapas precontractual y en ejecución de contrato, y en el incumplimiento de prestaciones que determina la aplicación de penalidades. La adopción del arbitraje como medio de solución de controversias constituye una manifestación de esa apertura económica al sector privado y, de ninguna manera, un debilitamiento del Derecho Administrativo. Con sus aciertos y bemoles, el arbitraje en materia de contratación pública sigue siendo un sistema de administración de justicia perfectible, que constituye un respiro para un sobrecargado Poder Judicial.

El principal aporte de esta investigación es documentar i) la expansión del sector empresarial de la seguridad privada y ii) el aumento de su contratación por el Estado peruano durante las últimas décadas; marginalmente, se avanza una explicación sobre el universo de datos mixtos recopilados. El número de empresas aumentó sostenidamente durante el periodo 2000-2017. De igual manera, sucedió con el presupuesto público destinado a contratar servicios de seguridad. A diferencia de las variables identificadas por la literatura científica del norte global, se planteó buscar una explicación a la expansión del mercado en la configuración institucional del Estado durante las décadas anteriores, inclusive. Estudiar de esta forma la expansión del sector seguridad permite profundizar en la interacción de la relación entre el Mercado y el Estado, ya sea como cliente, competidor o regulador en un país latinoamericano durante siglo XXI.

En el presente trabajo se analizarán consecuencias contractuales y extracontractuales en los casos de incumplimiento dentro de los contratos administrativos. Se analizará tanto doctrina para la descripción de figuras importantes tales como el incumplimiento contractual y la acción de repetición, como un caso práctico, para mejor entendimiento. / Contractual and non-contractual consequences will be analyzed in cases of non-compliance within administrative contracts in the present article. Both doctrine for the description of important figures such as contractual breach and recourse action will be analyzed, as well as a practical case for better understanding. / Trabajo académico

El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser rigurosamente observadas preliminarmente a efectos de determinar si su uso no desnaturaliza el propósito mismo de la norma en cuestión. La figura de la Eficacia Anticipada del Derecho Administrativo no está pensada para una aplicación general sino para verificar cada caso en particular y sus implicancias. En tal sentido, en el caso de las prestaciones adicionales para la ejecución de contratos de bienes y servicios del Estado deben cumplir con las disposiciones normativas que les son aplicables, no pudiendo utilizar salvavidas jurídicos para regularizar situaciones que ponen en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. / This article analyzes why the use of legal concepts applicable to general administrative law cannot be discretionary, much less arbitrary. There are supplementary application rules that must be strictly observed preliminarily to determine if their use does not distort the very purpose of the relevant norm. The concept of Anticipated Effectiveness in Administrative Law is not intended for general application but rather to assess each specific case and its implications. In this regard, in the case of additional obligations for the execution of contracts for goods and services with the State, they must comply with the applicable regulatory provisions, and legal loopholes cannot be used to regularize situations that question the legality of the decision made. / Trabajo académico

En nuestro país existen 2769 empresas inhabilitadas para participar en procesos de contratación pública, con sanción vigente. En el último informe oficial de la OSCE, publicado en el año 2017, se ha demostrado que, en el supuesto más grave, por cada proceso de contratación pública en el 72% de procesos de adjudicación, se ha otorgado la buena pro con la participación de solamente, un postor. El índice de competencia es de 1. ¿Qué hacemos para que estas empresas inhabilitadas, puedan participar nuevamente y mejorar así el índice de competencia por proceso? Por medio de la Directiva Nº 24-2014— sobre contrataciones públicas— el Parlamento Europeo, establece un tema muy importante. En el numeral 6 del artículo 57, se prevé la posibilidad de evitar la inhabilitación de un proceso de contratación pública, por medio de un sistema denominado “Self Cleaning”, es decir, un programa de “auto-limpieza”, “auto-saneamiento” o “rehabilitación empresarial” de cara al delito cometido y por el que fue inhabilitada la empresa; dicho programa, para su validez, debe ser desarrollado por la propia empresa y sometido a evaluación por la entidad que tramita el proceso de contratación pública. Se trata, en buena cuenta, de un programa de regeneración ex post a la sentencia firme que determinó la inhabilitación de la empresa. Precisamente sobre este tema versa, el presente trabajo; se plantea la posibilidad de implementar el sistema de Self Cleaning en nuestro ordenamiento jurídico. Se considera el sistema de Self Cleaning como modelo de regeneración empresarial ex post, que permite rehabilitar empresas ya inhabilitadas para participar en procesos de contratación. Ello incrementa el indicador de competencia; reduce los efectos negativos en los empleados de las empresas inhabilitadas, consorciadas y demás afectados colaterales; además permite preservar la lex artis de cada empresa. / Trabajo de investigación

Determinar la responsabilidad administrativa y la competencia del órgano que tiene la facultad de sancionar, con arreglo al ordenamiento jurídico, son problemas jurídicos de permanente análisis. En el presente informe se ha planteado dichos problemas, sobre los cuales se ha realizado reflexiones en torno a la importancia de una cuidosa actividad probatoria de quien ostenta la potestad de declarar dicha responsabilidad, debiendo ser su finalidad, sancionar a quien realizó la conducta atribuida. Sin embargo, también ha sido una oportunidad para revisar las disposiciones contenidas en el contrato –cuya resolución fue imputada al consorcio- y cuestionar tanto el instrumento como la potestad que tiene la entidad de disolver el vínculo contractual. En relación a los instrumentos normativos empleados, nuestras fuentes son la constitución política, la Ley N°274441, en adelante, LPAG y sus modificatorias, recopiladas en su texto único ordenado –en adelante, TUO LPAG-. En relación a las fuentes normativas en contrataciones públicas, está la Ley de Contrataciones del Estado –en adelante, LCE- y su reglamento, incluyendo sus modificatorias, en lo concerniente al procedimiento para sancionar –en adelante, PAS-, consorcios y la prescripción. Asimismo, se ha complementado el análisis en relación a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional –en adelante, TC- y resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado –en adelante, TCE, entre otras fuentes como Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE -en adelante, DTN-. Las conclusiones podemos resumirlas en la importancia de establecer la responsabilidad en quien haya realizado la conducta infractora, con adhesión a una actividad probatoria pulcra y al ordenamiento jurídico, privilegiando nuestra carta magna. Asimismo, respecto de la prescripción administrativa, esta debe actuarse siempre de oficio y no necesariamente a petición del administrado como medio de defensa, ya que, lo que se analiza es la competencia del órgano administrativo para conocer y resolver la materia. Respecto de la actuación de la entidad contratante, ésta debe vincularse al respeto del ordenamiento jurídico, por lo que, las obligaciones que establezca en los instrumentos de la contratación no pueden contravenir dicho ordenamiento. / Determining administrative responsibility and the competence of the body empowered to sanction, in accordance with the legal system, are legal issues subject to ongoing analysis. This report has raised these issues, reflecting on the importance of careful evidentiary activity by those who hold the power to declare such responsibility, with the aim of penalizing the individual who engaged in the attributed conduct. However, it has also provided an opportunity to review the provisions contained in the contract –whose resolution was attributed to the consortium– and question both the instrument and the authority of the entity to dissolve the contractual relationship. In relation to the normative instruments used, our sources are the Political Constitution, Law No. 27444, hereinafter referred to as the LPAG and its amendments, compiled in its Single Consolidated Text – hereinafter referred to as the TUO LPAG. Regarding normative sources in public procurement, there is the State Contracting Law – hereinafter referred to as the LCE – and its regulations, including amendments, concerning the procedure for sanctions – hereinafter referred to as PAS – consortiums, and prescription. Likewise, the analysis has been complemented by rulings issued by the Constitutional Court – hereinafter referred to as the TC – and the State Contracting Tribunal – hereinafter referred to as the TCE – among other sources. The conclusions can be summarized as establishing responsibility on the part of whoever has engaged in the infringing conduct, adhering to careful evidentiary activity and the legal framework, starting with our Constitution. Likewise, concerning administrative prescription, this must always be acted upon ex officio and not necessarily at the request of the administrator as a means of defense, as what is analyzed is the competence of the administrative body to hear and resolve the matter. Regarding the actions of the contracting entity, these must be linked to respect for the legal framework.

Nuestro trabajo de exploración expone la incorrecta asignación de cargos a las unidades ejecutoras de la PNP y, tiene la finalidad de presentar un proyecto con la intención de optimizar los procesos que realizan las autoridades comprometidas en dichos procesos, tomando en cuenta en primer lugar la normatividad vigente, respecto de las asignaciones que difieren con las que actualmente se utiliza y que a nuestro entender son unas de las génesis principales de las deficiencias que expondremos y en segundo lugar la aplicación de herramientas modernas de gestión para establecer, las capacidades, competencias y especialidad en la función; para asumir los cargos que requieren estas dependencias policiales PNP y el entorno en el que se desenvuelven. Esgrimimos la hipótesis con la intención de revertir los significati vos inconveni entes, retrasos y problemas en los que incurren los efecti vos nombrados, al ejecutar procesos irregulares e inadecuadas contrataciones y adquisiciones para el servicio PNP; las cuales devienen en infracci o nes administrati vas, disciplinarias y procesos judiciales. El tipo de investigación que ejecutamos es descriptiva, por lo que recurrimos al acervo de datos existentes en las unidades antes mencionadas, empleando para ello la guía de observación y las entrevi s tas como instrumentos, validando el prototipo a través del testeo de expertos; lo que se tradujo en la conclusi ón de la necesidad de establecer una metodología de asignación de cargos administrati vos en base a la gesti ón moderna, pero haciendo presente que es imprescindible la formulaci ón del reglamento pertinente, para perennizar el proceso de asignación de cargos; revertir las situaciones que actualmente se presentan y sobre todo garanti za r la estabilidad en la especialidad y no perder el know-how imprescindible para las acciones que se ejecutan en estas unidades administrati vas y ejecuto ras de la PNP. / The present research work exposes the incorrect assignment of positions to the executi ng units of the PNP and has the purpose of presenti ng a project with the intention of optimizing the processes carried out by the authorities involved in said processes, taking into account in the first place the current regulations, regarding assignments that differ from those currently used and that in our opinion are one of the main causes of the deficiencies that we will expose and secondly, the application of modern management tools to establish, the capacities, competencie s and speci alty in the function; to assume the positions required by these PNP police units and the environment in which they operate. We wield the hypothesi s with the intention of reversi ng the signifi cant inconveni ences, delays, and problems incurred by the appointed troops, by executi ng irregular and inadequate contracti ng and acquisition processes for the PNP service; which become administrati ve, disciplinary infractions and judicial processes. The type of research that we carry out is descriptive, so we resort to the existing data collection in the aforementioned units, using the observati o n guide and interviews as instruments, validating the prototype through expert testing; which resulted in the conclusion of the need to establish a methodology for assigning administrati ve positions based on modern management, but bearing in mind that it is essential to formulate the pertinent regulation, to perpetuate the process of assigning positions; reverse the situations that currently arise and, above all, guarantee stability in the specialty and not lose the essential know-how for the actions carried out in these administrati ve and executi ng units of the PNP.