El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser rigurosamente observadas preliminarmente a efectos de determinar si su uso no desnaturaliza el propósito mismo de la norma en cuestión. La figura de la Eficacia Anticipada del Derecho Administrativo no está pensada para una aplicación general sino para verificar cada caso en particular y sus implicancias. En tal sentido, en el caso de las prestaciones adicionales para la ejecución de contratos de bienes y servicios del Estado deben cumplir con las disposiciones normativas que les son aplicables, no pudiendo utilizar salvavidas jurídicos para regularizar situaciones que ponen en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. / This article analyzes why the use of legal concepts applicable to general administrative law cannot be discretionary, much less arbitrary. There are supplementary application rules that must be strictly observed preliminarily to determine if their use does not distort the very purpose of the relevant norm. The concept of Anticipated Effectiveness in Administrative Law is not intended for general application but rather to assess each specific case and its implications. In this regard, in the case of additional obligations for the execution of contracts for goods and services with the State, they must comply with the applicable regulatory provisions, and legal loopholes cannot be used to regularize situations that question the legality of the decision made. / Trabajo académico

Determinar la responsabilidad administrativa y la competencia del órgano que tiene la facultad de sancionar, con arreglo al ordenamiento jurídico, son problemas jurídicos de permanente análisis. En el presente informe se ha planteado dichos problemas, sobre los cuales se ha realizado reflexiones en torno a la importancia de una cuidosa actividad probatoria de quien ostenta la potestad de declarar dicha responsabilidad, debiendo ser su finalidad, sancionar a quien realizó la conducta atribuida. Sin embargo, también ha sido una oportunidad para revisar las disposiciones contenidas en el contrato –cuya resolución fue imputada al consorcio- y cuestionar tanto el instrumento como la potestad que tiene la entidad de disolver el vínculo contractual. En relación a los instrumentos normativos empleados, nuestras fuentes son la constitución política, la Ley N°274441, en adelante, LPAG y sus modificatorias, recopiladas en su texto único ordenado –en adelante, TUO LPAG-. En relación a las fuentes normativas en contrataciones públicas, está la Ley de Contrataciones del Estado –en adelante, LCE- y su reglamento, incluyendo sus modificatorias, en lo concerniente al procedimiento para sancionar –en adelante, PAS-, consorcios y la prescripción. Asimismo, se ha complementado el análisis en relación a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional –en adelante, TC- y resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado –en adelante, TCE, entre otras fuentes como Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE -en adelante, DTN-. Las conclusiones podemos resumirlas en la importancia de establecer la responsabilidad en quien haya realizado la conducta infractora, con adhesión a una actividad probatoria pulcra y al ordenamiento jurídico, privilegiando nuestra carta magna. Asimismo, respecto de la prescripción administrativa, esta debe actuarse siempre de oficio y no necesariamente a petición del administrado como medio de defensa, ya que, lo que se analiza es la competencia del órgano administrativo para conocer y resolver la materia. Respecto de la actuación de la entidad contratante, ésta debe vincularse al respeto del ordenamiento jurídico, por lo que, las obligaciones que establezca en los instrumentos de la contratación no pueden contravenir dicho ordenamiento. / Determining administrative responsibility and the competence of the body empowered to sanction, in accordance with the legal system, are legal issues subject to ongoing analysis. This report has raised these issues, reflecting on the importance of careful evidentiary activity by those who hold the power to declare such responsibility, with the aim of penalizing the individual who engaged in the attributed conduct. However, it has also provided an opportunity to review the provisions contained in the contract –whose resolution was attributed to the consortium– and question both the instrument and the authority of the entity to dissolve the contractual relationship. In relation to the normative instruments used, our sources are the Political Constitution, Law No. 27444, hereinafter referred to as the LPAG and its amendments, compiled in its Single Consolidated Text – hereinafter referred to as the TUO LPAG. Regarding normative sources in public procurement, there is the State Contracting Law – hereinafter referred to as the LCE – and its regulations, including amendments, concerning the procedure for sanctions – hereinafter referred to as PAS – consortiums, and prescription. Likewise, the analysis has been complemented by rulings issued by the Constitutional Court – hereinafter referred to as the TC – and the State Contracting Tribunal – hereinafter referred to as the TCE – among other sources. The conclusions can be summarized as establishing responsibility on the part of whoever has engaged in the infringing conduct, adhering to careful evidentiary activity and the legal framework, starting with our Constitution. Likewise, concerning administrative prescription, this must always be acted upon ex officio and not necessarily at the request of the administrator as a means of defense, as what is analyzed is the competence of the administrative body to hear and resolve the matter. Regarding the actions of the contracting entity, these must be linked to respect for the legal framework.

Nuestro trabajo de exploración expone la incorrecta asignación de cargos a las unidades ejecutoras de la PNP y, tiene la finalidad de presentar un proyecto con la intención de optimizar los procesos que realizan las autoridades comprometidas en dichos procesos, tomando en cuenta en primer lugar la normatividad vigente, respecto de las asignaciones que difieren con las que actualmente se utiliza y que a nuestro entender son unas de las génesis principales de las deficiencias que expondremos y en segundo lugar la aplicación de herramientas modernas de gestión para establecer, las capacidades, competencias y especialidad en la función; para asumir los cargos que requieren estas dependencias policiales PNP y el entorno en el que se desenvuelven. Esgrimimos la hipótesis con la intención de revertir los significati vos inconveni entes, retrasos y problemas en los que incurren los efecti vos nombrados, al ejecutar procesos irregulares e inadecuadas contrataciones y adquisiciones para el servicio PNP; las cuales devienen en infracci o nes administrati vas, disciplinarias y procesos judiciales. El tipo de investigación que ejecutamos es descriptiva, por lo que recurrimos al acervo de datos existentes en las unidades antes mencionadas, empleando para ello la guía de observación y las entrevi s tas como instrumentos, validando el prototipo a través del testeo de expertos; lo que se tradujo en la conclusi ón de la necesidad de establecer una metodología de asignación de cargos administrati vos en base a la gesti ón moderna, pero haciendo presente que es imprescindible la formulaci ón del reglamento pertinente, para perennizar el proceso de asignación de cargos; revertir las situaciones que actualmente se presentan y sobre todo garanti za r la estabilidad en la especialidad y no perder el know-how imprescindible para las acciones que se ejecutan en estas unidades administrati vas y ejecuto ras de la PNP. / The present research work exposes the incorrect assignment of positions to the executi ng units of the PNP and has the purpose of presenti ng a project with the intention of optimizing the processes carried out by the authorities involved in said processes, taking into account in the first place the current regulations, regarding assignments that differ from those currently used and that in our opinion are one of the main causes of the deficiencies that we will expose and secondly, the application of modern management tools to establish, the capacities, competencie s and speci alty in the function; to assume the positions required by these PNP police units and the environment in which they operate. We wield the hypothesi s with the intention of reversi ng the signifi cant inconveni ences, delays, and problems incurred by the appointed troops, by executi ng irregular and inadequate contracti ng and acquisition processes for the PNP service; which become administrati ve, disciplinary infractions and judicial processes. The type of research that we carry out is descriptive, so we resort to the existing data collection in the aforementioned units, using the observati o n guide and interviews as instruments, validating the prototype through expert testing; which resulted in the conclusion of the need to establish a methodology for assigning administrati ve positions based on modern management, but bearing in mind that it is essential to formulate the pertinent regulation, to perpetuate the process of assigning positions; reverse the situations that currently arise and, above all, guarantee stability in the specialty and not lose the essential know-how for the actions carried out in these administrati ve and executi ng units of the PNP.

El presente trabajo de investigación analiza los problemas subyacentes a la contratación pública, la cual está directamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo de un país. Por tal motivo, se propone un cambio de perspectiva respecto al principal problema de la contratación pública: el bajo nivel de competencia; en consecuencia, partimos de la premisa que, superando dicho problema, es posible superar aquellos problemas vinculados, tales como la corrupción o la sobrevaloración de precios. Para tal fin, se parte por describir lo que debemos entender por competencia y cómo es que la contratación pública ha sido abordada por organismos supranacionales (OMC, CNUDMI, OCDE) y específicamente, cómo es que es regulada en los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). En segundo lugar, se debate sobre las propuestas de mejora del nivel de competencia en la contratación pública en el Perú, considerando que el vigente marco normativo viene sufriendo cambios periódicos. Finalmente, se propone mecanismos de mejora de los métodos de contratación utilizados actualmente, sea por sus buenos resultados en la experiencia internacional o sea porque ya han sido incorporados en otros marcos normativos en los que el Estado peruano participa (diálogo competitivo, selección en dos fases, etc.); esto, debido a que un mayor nivel de competencia en la contratación pública generará una contratación pública más eficiente, es decir, el Estado obtendrá mayor valor por el dinero público, mediante una mejor relación calidad-precio. / Trabajo de investigación

El análisis del expediente N° 2278-2012-CCL, tiene por objeto profundizar en mis conocimientos en materia civil, contractual y arbitral, con especial énfasis en todos los temas vinculados a los contratos preparatorios, ejercicio de las arras en los diversos contratos, y profundizar en el procedimiento de recusación de los árbitros. Las hipótesis vinculadas a las materias estudiadas son: (i) Que el tipo contractual celebrado no se ajusta con la común intención de las partes, y; (ii) Que el árbitro se mantuvo imparcial e independiente en el curso de la recusación planteada. La investigación del informe es académica, debido a que inicia en el estudio de esquemas conceptuales regulados en la norma y en la doctrina. A partir de estas teorías, busco demostrar que los supuestos de hecho revelados en el contrato y en las actuaciones de las partes se enmarcan en esquemas conceptuales, otorgando así una categoría jurídica a cada caso. El presente informe nos permite arribar a dos conclusiones principales: (i) El documento (contrato analizado) contiene más de un tipo contractual, por lo que, se analizó cada cláusula para asignar las figuras contractuales a cada caso y resolver los problemas jurídicos determinados, y; (ii) La recusación plantea varios supuestos que para la parte recusadora, evidencia omisión a los deberes de imparcialidad e independencia; sin embargo, cada supuesto debe ser analizado de acuerdo a la norma y las directrices internacionales, concluyendo que el árbitro se mantuvo imparcial e independiente

El desarrollo de la presente tesis se encuentra orientada a analizar el escenario de las contrataciones públicas, respecto a la implementación de una política de centralización de las mismas en el Perú, para tal efecto es necesario fijar dos (2) puntos bases desde los cuales se realizará el análisis de la presente tesis. Así, tenemos: i) Concepto de centralización de la compra, es decir, realizar las adquisiciones y contrataciones del Estado a nivel de una sola autoridad, en un solo procedimiento de selección con el objetivo de satisfacer las necesidades de más de una entidad, bajo la unidad de un requerimiento. ii) Determinar estrategias de contratación para facilitar la gestión de las contrataciones que realicen las entidades públicas; el desarrollo dichas estrategias deben tener en consideración el tipo de producto que contrata el Estado y estar a cargo de una central de compras. Teniendo en consideración estas dos (2) premisas es que se analizan los problemas que tienen las entidades en la gestión de sus contrataciones; problemas que son comunes en toda entidad pública, independientemente del nivel de gobierno. Estos problemas, que son enumerados en el Capítulo II (inconveniente con el requerimiento, contrataciones inoportunas, elevados costos, corrupción y colusión), son el insumo que permite justificar la necesidad de implementar una política de centralización, siendo que será a través de ella que se mitigarán los efectos negativos de aquellos problemas. Así, la tesis seguirá desarrollando cuáles son las ventajas (homologación del requerimiento, reducción de costos directos e indirectos en las contrataciones, obtención de mecanismos para luchar contra la corrupción) y desventajas (concentración de poder en un solo organismo, inviabilidad para describir el requerimiento, trabas y costos burocráticos, intervención política) de la centralización de las compras, analizará cada una de ellas, concluyendo que haciendo un balance entre ambas, las ventajas presentadas ayudan a resolver problemas objetivos de la compra pública, por el contrario las desventajas refieren a factores subjetivos por falta de capacidades o especialización de funcionarios o mal manejo en la gestión pública en general. Bajo este esquema se continuará explicando cómo es la centralización en el Perú, se desarrolla sus antecedentes con la Unidad de Compras Corporativas hasta la creación de una Central de Compras, explicando cómo se encuentra hoy organizada, sus funciones principales y su campo de acción. Finalmente, teniendo en cuenta el funcionamiento de la Central de Compras en el Perú se ha elaborado un análisis de las actividades realizadas y el impacto en el sector que éstas han tenido, así con las expectativas que se generan en los próximos años. DESARROLLO DE DESCRIPTORES A continuación se definirán las palabras claves que contienen la presente tesis: i) Acuerdo Marco: forma de centralización mediante el cual se realizan contrataciones a través de una tienda virtual. ii) Centralización: estrategias para optimizar la gestión de las contrataciones del Estado desarrollada por una sola autoridad. iii) Compras corporativas: forma de centralización mediante la cual con una sola contratación se puede satisfacer la necesidad de varias Entidades públicas. iv) Contratación Pública: se refiere a la acciones desarrolladas por las diferentes Entidades del Estado para realizar las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios u obras con las que se satisface la necesidad publica, a fin del cumplimiento de sus objetivos, bajo el ámbito de una ley específica de la materia. v) Eficiencia y Eficacia: satisfacción oportuna de la necesidad del Estado. vi) Estandarización: uniformización de las características técnicas de los productos que puede adquirir o contratar el Estado. vii) PERU COMPRAS: Entidad del Estado Peruano especializada y encargada de la centralización, llamada Central de Compras. viii) Política Pública: se define como el conjunto estrategias la intervención del Estado para poder resolver problemas públicos.

El presente informe jurídico tiene por objeto revisar los principales problemas jurídicos que plantea el laudo derivado del tercer proceso arbitral seguido por el Consorcio Neshuya contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, el cual resolvió las divergencias surgidas entre dichas partes por la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Tingo María – Pucallpa, sector Aguaytía – Pucallpa, Tramo III: Neshuya – Pucallpa”. En ese orden de ideas, el informe aborda el marco normativo vigente al momento de surgidas las controversias y, a partir de ello, analiza si el pronunciamiento recogido en el laudo resulta adecuado. Cabe señalar que este expediente, a pesar de su relativa antigüedad, nos permite analizar, entre otros aspectos, el tratamiento de las materias arbitrables, especialmente lo referido a la potestad de la Contraloría General de la República para aprobar adicionales y el enriquecimiento sin causa; así como también, la ejecución de mayores metrados. Es así que la importancia del presente informe reside, precisamente, en que tales tópicos mantienen plena vigencia en la actualidad y, a pesar de las sucesivas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su aplicación todavía resulta compleja y continúa siendo causa de controversias entre contratistas y el Estado. Finalmente, realizado el análisis correspondiente, se concluye que la decisión emitida por el Tribunal Arbitral fue correcta a la luz de la normativa aplicable.

Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado en el expediente técnico de obra y el obtenido como resultado de la liquidación de obra, ante ello tanto la ingeniería como el derecho no han sido esquivos a tal realidad, pues el marco general establece el uso de las denominadas formulas polinómicas o de reajuste de precios, las cuales son de obligatoria inclusión, y más aún, una vez establecidas no pueden ser materia de modificación, ya que serina una clara expresión del principio de equidad o equilibrio económico financiero. Por otro lado, dentro de la ejecución contractual la Entidad tiene el ejercicio de las denominadas prerrogativas exorbitantes y el contratista tiene como un acto contractual de obligatorio cumplimiento, ya en ejecución de obra, el emitir el informe de revisión del expediente técnico de obra, ultima oportunidad para establecer defectos u otros del expediente técnico que tengan incidencia en la ejecución de la obra. En este contexto el presente trabajo buscara analizar y entrecruzar las variables descritas para establecer que las fórmulas polinómicas o de reajuste de precios pueden y deben ser incluidas o modificadas, independientemente del marco normativo que impide su modificación y sin importar que el afectado sea la Entidad o el contratista, pues estas son una primera expresión del principio de equidad, principio que buscaría concretizar la finalidad publica con una obra de calidad. / The contracts for the execution of public works are the largest component within the framework of the law of contracting with the State, it is known that the passage of time usually generates marked distances between the amount consigned in the technical file of work and that obtained as a result of the liquidation of work, before this both engineering and law have not been elusive to such reality, Since the general framework establishes the use of the so-called polynomial formulas or price readjustment, which are mandatory inclusion, and moreover, once established they cannot be subject to modification, since it will be a clear expression of the principle of equity or economic and financial balance. On the other hand, within the contractual execution the Entity has the exercise of the so-called exorbitant prerogatives, and the contractor has as a contractual act of mandatory compliance, already in execution of work, to issue the review report of the technical file of work, last opportunity to establish defects or others of the technical file that have an impact on the execution of the work. In this context, this paper will seek to analyze and intersect the variables described to establish that polynomial formulas or price readjustment can and should be included or modified, regardless of the regulatory framework that prevents their modification and regardless of whether the affected is the Entity or the contractor, since these are a first expression of the principle of equity, principle that would seek to concretize the public purpose with a quality work. / Trabajo académico

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it