Existen numerosos documentos que vinculan y aportan a la regulación del mecanismo de Obras por Impuestos con el desarrollo de infraestructura pública haciendo hincapié en los conceptos financieros, la evaluación de proyectos de inversión y su aplicación por el sector privado en general. En ese contexto, la relevancia del presente documento se encuentra dada por establecer la asociación del mecanismo de Obras por Impuestos con el concepto de responsabilidad social empresarial para el sector minero. Así, el presente trabajo tiene por objetivo mostrar que el sector minero peruano puede reportar como parte de una política de Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura y servicios públicos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, aun cuando los fondos que se destinan para su ejecución sean de naturaleza pública. Este documento no tiene por finalidad ahondar en el desarrollo regulatorio de Obras por Impuestos. Con la finalidad de lograr dicho objetivo se ha optado por realizar una investigación descriptiva que permita responder la principal pregunta que sustenta este documento ¿Es posible que el sector minero peruano pueda reportar como Responsabilidad Social Empresarial el desarrollo de infraestructura pública mediante el uso del mecanismo de Obras por Impuestos? Asumiendo como hipótesis una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿Cuál es la vinculación entre el desarrollo de infraestructura pública por el sector minero y la responsabilidad social empresarial? Finalmente concluiremos que la ejecución de obras y servicios públicos por parte de las empresas mineras haciendo uso del mecanismo de obras por impuestos cuenta con características que permiten ser reportados como parte de una política de responsabilidad social empresarial, ya que su gestión implica ir más allá de lo exigible de manera voluntaria. Asimismo, implica destinar recursos tangibles e intangibles a favor del desarrollo de infraestructura y servicios públicos que redituará en competitividad empresarial, del gobierno y país / Tesis

El precio constituye la condición de mayor complejidad para las partes en los contratos de obra pública, asumiendo el Estado y el contratista distintas obligaciones y riesgos según el sistema de contratación o modalidad de ejecución contractual por la que se haya optado. Si bien en el aspecto teórico y doctrinario existen condiciones que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, los únicos supuestos que serán atendibles en sede administrativa son los previstos en nuestra normativa de contratación pública (típicos); es decir: (i) las prestaciones adicionales de obra y presupuestos deductivos, (ii) el sistema de reajuste de precios, (iii) los mayores gastos generales por ampliación de plazo, (iv) los mayores metrados de obra en contratos a precios unitarios y (v) los intereses por retraso en el inicio de obra o en el pago de valorizaciones. No obstante, se advierten diversos problemas en su aplicación, como la carencia de una metodología y criterios uniformes para la evaluación de prestaciones adicionales; ausencia de normativa específica que regule las condiciones, requisitos y procedimientos para la aprobación de reducciones de obra o presupuestos deductivos; la indefinición del trámite de los mayores metrados superiores al 15% del monto del contratado, entre otros que detallamos en nuestra investigación. Adicionalmente a los supuestos regulados (típicos), concurren otras circunstancias que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, tales como: (i) los sobrecostos por mayor permanencia de equipos en obra, (ii) la disminución de los rendimientos por situaciones imprevisibles, (iii) las partidas de ejecución continua no susceptibles de ser paralizadas y, (iv) los hechos imprevisibles y mayores metrados en los contratos sujetos a modalidad que incluyen la elaboración del expediente técnico. Si bien dichos supuestos no tienen acogida en sede administrativa, ello no obsta para que sean reclamados en otros fueros, en cuyo caso el Estado no solo se verá obligado a reconocer los mayores costos de la obra (sin que el monto se encuentre necesariamente justificado), sino que deberá asumir las costas y costos del proceso, perjudicándose además el normal desarrollo de la obra. En torno a estos supuestos, analizamos los aspectos que deberían considerarse para su regulación. Como corolario de nuestro trabajo, proponemos adoptar un nuevo enfoque respecto la modificación del precio en los contratos de obra, que privilegie el logro de los objetivos y metas, ampliando los supuestos de hecho y estableciendo mecanismos de control basados en incentivos, evitando márgenes de previsión que generen controversias entre las partes. De la mano con ello, se deberá mejorar la calidad de los estudios y expedientes técnicos, incorporar instrumentos que orienten la asignación de riesgos a la parte que se encuentre en mejor posición para gestionarlos, así como fortalecer los órganos encargados de la administración de los contratos y el personal que en ellos laboran. / Tesis

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it / Tesis

Desde su concepción las IPC tuvieron como objetivo principal, la atención de las demandas sociales en la provisión de la infraestructura pública y la prestación de servicios públicos mediante una colaboración o asociación público – privado. El Estado soportaría al privado en la financiación de aquellos proyectos de alta rentabilidad social pero escasa o nula rentabilidad económica. No obstante, los altos costos de transacción y demoras que involucra la tramitación de las IPC, ha generado grandes cuestionamientos sobre la idoneidad de la herramienta, más aún si habiendo transcurrido más de 5 años desde su creación formal, hasta el momento no hay ejemplos de proyectos adjudicados mediante IPC. El presente trabajo de investigación analiza las posibles causas de los problemas e inconvenientes que enfrenta las IPC, así como las fortalezas y oportunidades que dispone para lograr su objetivo de reducción de brechas de infraestructura y servicios públicos / Tesis

Los servicios públicos responden a necesidades básicas de la población y en la medida en que son atendidos, influyen en el bienestar y salud de la comunidad; de ahí se afirma que la cobertura, acceso y calidad de estos, son indicadores del nivel de vida y desarrollo de una nación; por lo que, es muy importante la determinación de riesgos en las veedurías a la ejecución de estas obras de agua y alcantarillado, que una vez enterrados la verificación posterior es mucho más dificultosa; así tendríamos la plena certeza de que se están cumpliendo con las etapas de la construcción, de la calidad del trabajo que se está realizando y del material que se está utilizando; muy independientemente de la supervisión de la obra, que casi siempre es cuestionada por la población. / Tesis

El presente documento, busca sistematizar la experiencia profesional adquirida como bachiller de economía en la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, en donde me sigo desempeñando y comentaré en el presente trabajo. La experiencia profesional por sistematizar pertenece al campo de la economía denominado “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico”. La literatura indica que, las obras de infraestructura idóneas en un país permiten el desarrollo de ventajas competitivas y especialización productiva de este, además las inversiones dirigidas a obras de infraestructura reducen los costos de los servicios, mejoran el acceso a los mercados de bienes e insumos y contribuyen a una mayor cobertura y calidad de los servicios incrementando el bienestar de la población (Rozas, Sánchez; 2004). Así, mi trabajo en ProInversión, se ha centrado en el análisis estadístico de la información proporcionada por los asesores en tanto a servicios brindados a las distintas entidades de los Gobiernos Regionales, gobiernos Locales provinciales, gobiernos locales distritales, universidades nacionales y empresas privadas Además del análisis de los datos que devienen de los proyectos desde su promoción hasta su adjudicación, mediante la utilización de herramientas informáticas como Excel, Power BI y R.

El precio constituye la condición de mayor complejidad para las partes en los contratos de obra pública, asumiendo el Estado y el contratista distintas obligaciones y riesgos según el sistema de contratación o modalidad de ejecución contractual por la que se haya optado. Si bien en el aspecto teórico y doctrinario existen condiciones que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, los únicos supuestos que serán atendibles en sede administrativa son los previstos en nuestra normativa de contratación pública (típicos); es decir: (i) las prestaciones adicionales de obra y presupuestos deductivos, (ii) el sistema de reajuste de precios, (iii) los mayores gastos generales por ampliación de plazo, (iv) los mayores metrados de obra en contratos a precios unitarios y (v) los intereses por retraso en el inicio de obra o en el pago de valorizaciones. No obstante, se advierten diversos problemas en su aplicación, como la carencia de una metodología y criterios uniformes para la evaluación de prestaciones adicionales; ausencia de normativa específica que regule las condiciones, requisitos y procedimientos para la aprobación de reducciones de obra o presupuestos deductivos; la indefinición del trámite de los mayores metrados superiores al 15% del monto del contratado, entre otros que detallamos en nuestra investigación. Adicionalmente a los supuestos regulados (típicos), concurren otras circunstancias que justifican la modificación del precio en los contratos de obra, tales como: (i) los sobrecostos por mayor permanencia de equipos en obra, (ii) la disminución de los rendimientos por situaciones imprevisibles, (iii) las partidas de ejecución continua no susceptibles de ser paralizadas y, (iv) los hechos imprevisibles y mayores metrados en los contratos sujetos a modalidad que incluyen la elaboración del expediente técnico. Si bien dichos supuestos no tienen acogida en sede administrativa, ello no obsta para que sean reclamados en otros fueros, en cuyo caso el Estado no solo se verá obligado a reconocer los mayores costos de la obra (sin que el monto se encuentre necesariamente justificado), sino que deberá asumir las costas y costos del proceso, perjudicándose además el normal desarrollo de la obra. En torno a estos supuestos, analizamos los aspectos que deberían considerarse para su regulación. Como corolario de nuestro trabajo, proponemos adoptar un nuevo enfoque respecto la modificación del precio en los contratos de obra, que privilegie el logro de los objetivos y metas, ampliando los supuestos de hecho y estableciendo mecanismos de control basados en incentivos, evitando márgenes de previsión que generen controversias entre las partes. De la mano con ello, se deberá mejorar la calidad de los estudios y expedientes técnicos, incorporar instrumentos que orienten la asignación de riesgos a la parte que se encuentre en mejor posición para gestionarlos, así como fortalecer los órganos encargados de la administración de los contratos y el personal que en ellos laboran.

En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las administraciones públicas que, por un lado, asegura que se cumpla con la satisfacción del interés público, pero que, por otro lado, en muchos casos puede atentar contra el principio de equilibrio económico financiero de los contratos. En ese caso, estamos ante dos frentes, en el cual no solo se debe preservar el interés general, sino también la satisfacción de los contratistas en los contratos públicos. Por lo tanto, en este trabajo se buscará resolver el principal problema de estas modificaciones unilaterales. El objetivo de este trabajo no solo buscará analizar la importancia de estas figuras legales permitidas, sino se buscará dotar de protección a los contratistas en base a las metodologías establecidas en la LCE y en su reglamento. En el presente trabajo nos referiremos principalmente a las adicionales y reducciones en las obras, vinculando diversa casuística como algunas resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Ello con el fin de resaltar la importancia de sus figuras y los problemas que generalmente surgen en contra de los contratistas. / In the present work, a quite frequent figure in public contracting such as additional benefits and reductions will be analyzed. These figures reflect the exorbitant powers of public 1 administrations which, on the one hand, ensure that the satisfaction of the public interest is met, but which, on the other hand, in many cases may violate the principle of financial economic balance of contracts. In this case, we are facing two fronts, in which not only the general interest must be preserved, but also the satisfaction of contractors in public contracts. Therefore, this paper will seek to solve the main problem of these unilateral modifications. The objective of this work will not only seek to analyze the importance of these permitted legal figures, but will seek to provide protection to contractors based on the methodologies established in the LCE and its regulations. In the present work we will refer mainly to the additions and reductions in the works, linking diverse casuistry such as some judicial resolutions and arbitration awards. This in order to highlight the importance of their figures and the problems that generally arise against contractors. / Trabajo académico

Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado en el expediente técnico de obra y el obtenido como resultado de la liquidación de obra, ante ello tanto la ingeniería como el derecho no han sido esquivos a tal realidad, pues el marco general establece el uso de las denominadas formulas polinómicas o de reajuste de precios, las cuales son de obligatoria inclusión, y más aún, una vez establecidas no pueden ser materia de modificación, ya que serina una clara expresión del principio de equidad o equilibrio económico financiero. Por otro lado, dentro de la ejecución contractual la Entidad tiene el ejercicio de las denominadas prerrogativas exorbitantes y el contratista tiene como un acto contractual de obligatorio cumplimiento, ya en ejecución de obra, el emitir el informe de revisión del expediente técnico de obra, ultima oportunidad para establecer defectos u otros del expediente técnico que tengan incidencia en la ejecución de la obra. En este contexto el presente trabajo buscara analizar y entrecruzar las variables descritas para establecer que las fórmulas polinómicas o de reajuste de precios pueden y deben ser incluidas o modificadas, independientemente del marco normativo que impide su modificación y sin importar que el afectado sea la Entidad o el contratista, pues estas son una primera expresión del principio de equidad, principio que buscaría concretizar la finalidad publica con una obra de calidad. / The contracts for the execution of public works are the largest component within the framework of the law of contracting with the State, it is known that the passage of time usually generates marked distances between the amount consigned in the technical file of work and that obtained as a result of the liquidation of work, before this both engineering and law have not been elusive to such reality, Since the general framework establishes the use of the so-called polynomial formulas or price readjustment, which are mandatory inclusion, and moreover, once established they cannot be subject to modification, since it will be a clear expression of the principle of equity or economic and financial balance. On the other hand, within the contractual execution the Entity has the exercise of the so-called exorbitant prerogatives, and the contractor has as a contractual act of mandatory compliance, already in execution of work, to issue the review report of the technical file of work, last opportunity to establish defects or others of the technical file that have an impact on the execution of the work. In this context, this paper will seek to analyze and intersect the variables described to establish that polynomial formulas or price readjustment can and should be included or modified, regardless of the regulatory framework that prevents their modification and regardless of whether the affected is the Entity or the contractor, since these are a first expression of the principle of equity, principle that would seek to concretize the public purpose with a quality work. / Trabajo académico

¿Qué factores explican la corrupción en obras públicas? ¿Qué problemas se encuentran en la gobernanza del sector y qué papel cumple el poder económico? Esta tesis busca desarrollar una respuesta al fenómeno de la corrupción en la construcción de obras públicas. Se sostiene que las características de la débil gobernanza del sistema de infraestructura en el Perú, y la captura corporativa de las instituciones a cargo de autorizar obras públicas, explican el alto grado de corrupción y colusión presente en el periodo 2002-2016. Analizando el caso Club de la Construcción, y empleando una metodología cualitativa, la tesis realiza un primer acercamiento al fenómeno de corrupción en obras públicas y el papel de los actores privados coludidos con políticos y funcionarios en este entramado corrupto. De esta forma, se evidencia la existencia de un marco normativo cambiante y manipulable, donde la corrupción es una institución informal presente en diferentes modalidades a lo largo del proceso de contratación de una obra pública. En este sector, prima la ausencia de autonomía para la toma de decisiones al interior de las instituciones de contratación donde se observa la influencia política y empresarial, y la debilidad de las instituciones de control gubernamental. Por su parte, en el sector privado, se encontró una alta concentración de poder económico en un grupo de constructoras que emplearon mecanismos legales e ilegales de captura (lobby, sobornos y financiamientos de campañas políticas), actuando como cartel, para establecer una red de influencias al interior del Estado. Así se logran sobrevaloraciones en las obras asignadas con un impacto en la calidad de la infraestructura, la legitimidad de las instituciones a cargo de estos procesos y la reputación del sector de construcción. / Which factors explain corruption in public procurement of instraestructural projects? Which problems are found in the governance of this sector and which role does economic power plays? This thesis seeks to develop a response to the phenomenon of corruption in the public procurement of infraestructural projects. It is argue that the characteristics of the weak governance of the infraestructure system in Peru and the corporate capture of the institutions in charge of public procurements, explain the high degree of corruption and collusion present between 2002-2016. By analyzing the “Club de la Construcción” case and using a qualitative methodology, this thesis makes a first approach to the phenomenon of corruption in public procurement and the role of private actors in collusion with politicians and public workers. It was evidenced the existence of a changing and manipulable regulatory framework, where corruption persist as an informal institution thoughout the process of public procurement. In this sector, the lack of autonomy for decision- making within institutions where political and business influence is observed, and the weakness of government control institucions prevail. On the other hand, in the private sector was found a high concentration of economic power in a group of enterprises that used legal and illegal capture mechanisms (lobby, revolving door, party financing and brivery), acting as a cartel, to develop a network of influences within the State. As a consequence, they gained cost overruns of the assigned infrastructure project at the expense of the quality of the infrastructure, the legitimacy of the public institucions and reputation of the construction sector.