El análisis del expediente N° 2278-2012-CCL, tiene por objeto profundizar en mis conocimientos en materia civil, contractual y arbitral, con especial énfasis en todos los temas vinculados a los contratos preparatorios, ejercicio de las arras en los diversos contratos, y profundizar en el procedimiento de recusación de los árbitros. Las hipótesis vinculadas a las materias estudiadas son: (i) Que el tipo contractual celebrado no se ajusta con la común intención de las partes, y; (ii) Que el árbitro se mantuvo imparcial e independiente en el curso de la recusación planteada. La investigación del informe es académica, debido a que inicia en el estudio de esquemas conceptuales regulados en la norma y en la doctrina. A partir de estas teorías, busco demostrar que los supuestos de hecho revelados en el contrato y en las actuaciones de las partes se enmarcan en esquemas conceptuales, otorgando así una categoría jurídica a cada caso. El presente informe nos permite arribar a dos conclusiones principales: (i) El documento (contrato analizado) contiene más de un tipo contractual, por lo que, se analizó cada cláusula para asignar las figuras contractuales a cada caso y resolver los problemas jurídicos determinados, y; (ii) La recusación plantea varios supuestos que para la parte recusadora, evidencia omisión a los deberes de imparcialidad e independencia; sin embargo, cada supuesto debe ser analizado de acuerdo a la norma y las directrices internacionales, concluyendo que el árbitro se mantuvo imparcial e independiente

Cómo, las capacidades estatales administrativas de cualquier efectivo policial que labora en una unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, influye en la ejecución del presupuesto asignado anualmente a dicha unidad, es un aspecto no abordado, y mucho menos estudiado por algún órgano o unidad orgánica de la PNP. La especialidad en Contrataciones del Estado, o en Contrataciones Públicas, no existe en la PNP; y es que la evolución de los programas presupuestales en nuestro país es relativamente nuevo, ya que vienen siendo implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2008; a ello se suma la capacitación que tiene que tener el personal policial que es asignado a una Unidad Ejecutora, ya que como dijimos, además de no ser una especialidad, tampoco dicha materia es dictada en los centros de formación policial. Lo que no lleva a la pregunta: ¿y cómo hace el personal policial que es cambiado para trabajar en una Unidad Ejecutora? La respuesta llega sola, tiene que ir aprendiendo desde el nivel básico. Pero las normas sobre contrataciones son modificadas continuamente, lo que implica una actualización permanente. Pero cuando la situación parece estabilizarse, vienen los desplazamientos de cargos, es decir, los cambios de colocación de aquel personal policial que habiéndose capacitado y actualizado, tiene que ser cambiado de colocación a otra unidad policial, que no necesariamente es otra unidad ejecutora. El presente proyecto de innovación se centra en estas capacidades estatales administrativas, en el caso particular, en las del personal policial de la Unidad Ejecutora 029 DIREJANDRO PNP, y cómo su mayor o menor fortalecimiento institucional, influye finalmente en el trabajo profesional y éste, en los bienes, servicios u obras que como producto, son entregados a la sociedad, como parte de la implementación de las políticas públicas donde la PNP tiene participación. / How, the administrative state capacities of any police force that works in an executing unit of the National Police, influences the execution of the budget assigned annually to said unit, is an aspect not addressed, and much less studied by any organ or organic unit of the National Police of Peru. The specialty in State Procurement, or in Public Procurement, does not exist in the National Police; The fact is that the evolution of budget programs in our country is relatively new, since they have been implemented by the Ministry of Economy and Finance since 2008; Added to this is the training that police personnel who are assigned to an Execution Unit must have, since as we said, in addition to not being a specialty, this subject is not taught in police training centers either. Which does not lead to the question: and how do the police personnel who are changed to work in an Execution Unit do? The answer comes alone; you have to learn from the basic level. But the rules on hiring are continually modified, which implies a permanent update. But when the situation seems to stabilize, there are the displacements of positions, that is, the changes of placement of those police personnel who, having been trained and updated, have to be transferred to another police unit, which is not necessarily another executing unit. This innovation project focuses on these administrative state capacities, in the particular case, on those of the police personnel of the Executing Unit 029 DIREJANDRO PNP, and how their greater or lesser institutional strengthening ultimately influences professional work and this, in the goods, services or works that, as a product, are delivered to society, as part of the implementation of public policies where the National Police has participation.

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.

El desarrollo de la presente tesis se encuentra orientada a analizar el escenario de las contrataciones públicas, respecto a la implementación de una política de centralización de las mismas en el Perú, para tal efecto es necesario fijar dos (2) puntos bases desde los cuales se realizará el análisis de la presente tesis. Así, tenemos: i) Concepto de centralización de la compra, es decir, realizar las adquisiciones y contrataciones del Estado a nivel de una sola autoridad, en un solo procedimiento de selección con el objetivo de satisfacer las necesidades de más de una entidad, bajo la unidad de un requerimiento. ii) Determinar estrategias de contratación para facilitar la gestión de las contrataciones que realicen las entidades públicas; el desarrollo dichas estrategias deben tener en consideración el tipo de producto que contrata el Estado y estar a cargo de una central de compras. Teniendo en consideración estas dos (2) premisas es que se analizan los problemas que tienen las entidades en la gestión de sus contrataciones; problemas que son comunes en toda entidad pública, independientemente del nivel de gobierno. Estos problemas, que son enumerados en el Capítulo II (inconveniente con el requerimiento, contrataciones inoportunas, elevados costos, corrupción y colusión), son el insumo que permite justificar la necesidad de implementar una política de centralización, siendo que será a través de ella que se mitigarán los efectos negativos de aquellos problemas. Así, la tesis seguirá desarrollando cuáles son las ventajas (homologación del requerimiento, reducción de costos directos e indirectos en las contrataciones, obtención de mecanismos para luchar contra la corrupción) y desventajas (concentración de poder en un solo organismo, inviabilidad para describir el requerimiento, trabas y costos burocráticos, intervención política) de la centralización de las compras, analizará cada una de ellas, concluyendo que haciendo un balance entre ambas, las ventajas presentadas ayudan a resolver problemas objetivos de la compra pública, por el contrario las desventajas refieren a factores subjetivos por falta de capacidades o especialización de funcionarios o mal manejo en la gestión pública en general. Bajo este esquema se continuará explicando cómo es la centralización en el Perú, se desarrolla sus antecedentes con la Unidad de Compras Corporativas hasta la creación de una Central de Compras, explicando cómo se encuentra hoy organizada, sus funciones principales y su campo de acción. Finalmente, teniendo en cuenta el funcionamiento de la Central de Compras en el Perú se ha elaborado un análisis de las actividades realizadas y el impacto en el sector que éstas han tenido, así con las expectativas que se generan en los próximos años. DESARROLLO DE DESCRIPTORES A continuación se definirán las palabras claves que contienen la presente tesis: i) Acuerdo Marco: forma de centralización mediante el cual se realizan contrataciones a través de una tienda virtual. ii) Centralización: estrategias para optimizar la gestión de las contrataciones del Estado desarrollada por una sola autoridad. iii) Compras corporativas: forma de centralización mediante la cual con una sola contratación se puede satisfacer la necesidad de varias Entidades públicas. iv) Contratación Pública: se refiere a la acciones desarrolladas por las diferentes Entidades del Estado para realizar las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios u obras con las que se satisface la necesidad publica, a fin del cumplimiento de sus objetivos, bajo el ámbito de una ley específica de la materia. v) Eficiencia y Eficacia: satisfacción oportuna de la necesidad del Estado. vi) Estandarización: uniformización de las características técnicas de los productos que puede adquirir o contratar el Estado. vii) PERU COMPRAS: Entidad del Estado Peruano especializada y encargada de la centralización, llamada Central de Compras. viii) Política Pública: se define como el conjunto estrategias la intervención del Estado para poder resolver problemas públicos.

La presente investigación jurídica centró su estudio en los actos de colaboración que realiza el extraneus en la comisión del delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del código penal, a efectos de revelar su relevancia penal y, por ende, su punibilidad. Tal estudio tiene su motivación en la existencia de Resoluciones Judiciales que suelen absolver a los extraneus de la imputación de cómplices del mencionado delito, sosteniendo no ser punible los actos de los extraneus porque el mencionado artículo no admitiría el procesamiento ni sanción de los terceros exrtraneus que participan también en el mismo proceso de contratación “corrompido”, no presentando mayor sustento dogmático, amparándose solo en diversos pronunciamientos judiciales de nuestra Corte Suprema, entre ellos, en el recurso de Casación Nro. 841-2015-Ayacucho (Caso Gobierno Regional de Ayacucho) que niega la complicidad en el citado delito. En la presente investigación desarrollamos un profundo análisis doctrinario y jurisprudencial de los fundamentos políticos criminales que subyacen al delito de negociación incompatible desde un enfoque de delito de corrupción que nos permitirá comprender su naturaleza y tratamiento; proponiendo además, un replanteamiento del bien jurídico protegido que nos permite visibilizarlo como un delito de peligro concreto y con ello, como un delito en el cual muy bien puede interactuar posibles cómplices en su comisión. Desde el punto de vista del cómplice, planteamos que este personaje no solo tiene deberes generales de no dañar, sino que, ingresa a un segundo nivel de asunción de deberes especiales, distinto al del autor claro está, regulados por las normas jurídicas de contratación publica, los cuales son asumidos de manera voluntaria, al asumir roles contractuales con el Estado y, son estos deberes especiales [por su condición de postor, contratista, ejecutor, concesionario, etc] que al ser infraccionados y afectar el bien jurídico protegido del delito de negociación, los que permiten sustentar responsabilidad penal del extraneus que se favorece con el contrato. Finalmente, concluiremos que el supuesto jurídico del delito de negociación no restringe la concurrencia de cómplices [cuando se da la modalidad delictiva de “interés indebido de terceros favorecidos con el contrato u operación”], su naturaleza no es regular actos de complicidad, pues, la complicidad se regula desde la parte general y su aplicación es transversal a todos los tipos penales de la parte especial, entre ellos, el delito de negociación. Con este planteamiento, no se pretende criminalizar a toda persona que participa contratando con el Estado, sino solo, evitar espacios de impunidad, como política de integridad Estatal. / This legal investigation focused its study on the acts of collaboration carried out by the extraneus in the commission of the crime of incompatible negotiation provided for in article 399 of the Penal Code, in order to reveal its criminal relevance and, therefore, its punishability. Such a study is motivated by the existence of judicial decisions that usually absolve extraneus of the accusation of being accomplices to the aforementioned crime, maintaining that the acts of extraneus are not punishable because the aforementioned article would not admit the prosecution or punishment of third exrtraneus who also participate in the same "corrupt" contracting process. It does not present any further dogmatic support, relying only on various judicial pronouncements of our Supreme Court, among them, in the appeal of Cassation No. 841-2015-Ayacucho (Case of the Regional Government of Ayacucho) which denies complicity in the aforementioned crime. In this research, we develop an in-depth doctrinal and jurisprudential analysis of the criminal political foundations that underlie the crime of incompatible negotiation from a corruption crime approach that will allow us to understand its nature and treatment; It also proposes a rethinking of the protected legal right that allows us to make it visible as a crime of concrete danger and with it, as a crime in which possible accomplices may very well interact in its commission. From the point of view of the accomplice, we propose that this character not only has general duties not to harm, but also enters a second level of assumption of special duties, different from that of the perpetrator of course, regulated by the legal rules of public procurement, which are assumed voluntarily, by assuming contractual roles with the State and, It is these special duties [due to their status as bidder, contractor, executor, concessionaire, etc.] that, when they are infringed and affect the legal right protected from the crime of negotiation, make it possible to sustain criminal liability of the foreigner who is favored by the contract. Finally, we will conclude that the legal assumption of the crime of negotiation does not restrict the concurrence of accomplices [when the criminal modality of "undue interest of third parties favored with the contract or operation"] occurs, its nature is not to regulate acts of complicity, since complicity is regulated from the general part and its application is transversal to all the criminal types of the special part. among them, the crime of negotiation. With this approach, it is not intended to criminalize every person who participates in contracting with the State, but only to avoid spaces of impunity, as a policy of State integrity. / Trabajo académico

La modalidad de Concurso Oferta se utiliza en los contratos de obra pública, generando controversia respecto a su aplicación debido a que su régimen jurídico establece como regla general la invariabilidad de la PEO del postor, salvo excepciones. Para dichas excepciones, la Entidad debe aprobar las prestaciones adicionales antes de su ejecución. En esta línea, el presente informe jurídico aborda el Laudo Arbitral del Expediente N° 1908-308-18-CARC-PUCP, en el que el Consorcio Puentes del Norte es el demandante y Provias Nacional el demandado, analizando la viabilidad de aprobar un Expediente Técnico Definitivo que excede el monto contractual bajo la modalidad de un contrato de Concurso Oferta. Con el propósito de desarrollar este análisis, primero se explicará la naturaleza del contrato de Concurso Oferta, así como los deberes, riesgos y responsabilidades del contratista. Luego, se analizarán los requisitos que debe cumplir un Expediente Técnico Definitivo para su aprobación. Finalmente, se evaluará el procedimiento para la aprobación de un Expediente Técnico Definitivo, incluyendo su aprobación si dicho expediente contiene prestaciones adicionales. La normativa aplicable al caso es el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que establece el límite de las prestaciones adicionales y el procedimiento para su aprobación, debiendo el Expediente Técnico Definitivo cumplir con estos requisitos para ser aprobado. / The Bid Competition modality is used in public works contracts, generating controversy regarding its application due to the fact that its legal regime establishes as a general rule the invariability of the bidder's economic proposal, except for exceptions. For such exceptions, the Entity must approve the additional services prior to their execution. Along these lines, this legal report addresses the Arbitration Award in Case No. 1908-308-18-CARC-PUCP, in which Consorcio Puentes del Norte is the plaintiff and Provias Nacional is the defendant, analyzing the feasibility of approving a Final Technical File that exceeds the contract amount under the modality of a Tender Offer contract. In order to develop this analysis, first the nature of the Tender Offer contract will be explained, as well as the contractor's duties, risks and responsibilities. Then, the requirements that a Definitive Technical File must meet for its approval will be analyzed. Finally, the procedure for the approval of a Final Technical File will be evaluated, including its approval if such file contains additional services. The regulations applicable to the case are Legislative Decree No. 1017 - State Contracting Law and its regulations, which establish the limit of additional services and the procedure for their approval, and the Final Technical File must comply with these requirements to be approved.

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

El presente informe se centra en el análisis de la Resolución N° 6 emitida en el Expediente N° 00351-2021-0-1817-SP-CO-02 por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial del Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundado en parte el recurso de anulación del laudo arbitral de fecha 29 de diciembre 2020, presentado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el arbitraje contra ella seguido por Alimentos Andinos P&A E.I.R.L. La referida resolución tuvo como objeto determinar si la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral vulneró el derecho a la motivación en su tipificación bajo las causales del literal b) y d), del inciso 1 del art. 63 de la Ley de Arbitraje, que contemplan la falta de motivación suficiente y la decisión sobre materias no sometidas al arbitraje, respectivamente. El problema principal del caso se refiere a la interpretación de un plazo estipulado en el contrato para acudir al arbitraje, como uno de caducidad, lo que afectaba la admisión de la controversia en esta sede. Los instrumentos normativos empleados son la Ley de Arbitraje, específicamente los artículos 41, 62 y 63, que establecen los principios de competence-competence e irrevisabilidad y las causales de nulidad de los laudos arbitrales. El informe examina si el Tribunal Arbitral aplicó correctamente los principios mencionados y si la Sala Superior se ajustó a las causales de nulidad al revisar la decisión arbitral. Se concluye que es imperativo que los tribunales judiciales respeten los límites establecidos por la ley en cuanto a las causales de nulidad de los laudos arbitrales, preservando así la independencia y eficacia del sistema arbitral como un mecanismo eficiente para la resolución de disputas comerciales. / This report focuses on the analysis of Resolution No. 6 issued in Case No. 00351- 2021-0-1817-SP-CO-02 by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which declared partially founded the appeal for annulment of the arbitral award dated December 29, 2020, filed by the Ministry of Development and Social Inclusion, in the arbitration against it followed by Alimentos Andinos P&A E. I.R.L. The purpose of said resolution was to determine whether the decision adopted by the Arbitral Tribunal violated the right to motivation in its typification under the grounds of subparagraph b) and d), paragraph 1 of Article 63 of the Arbitration Law, which contemplate the lack of sufficient motivation and the decision on matters not submitted to arbitration, respectively. The main problem of the case refers to the interpretation of a term stipulated in the contract to go to arbitration, as one of expiration, which affected the admission of the dispute in this venue. The normative instruments used are the Arbitration Law, specifically Articles 41, 62 and 63, which establish the principles of competence-competence and unreviewability and the grounds for nullity of arbitral awards. The report examines whether the Arbitral Tribunal correctly applied the aforementioned principles and whether the Superior Chamber complied with the grounds for nullity when reviewing the arbitral decision. It concludes that it is imperative that the courts respect the limits established by law regarding the grounds for nullity of arbitral awards, thus preserving the independence and effectiveness of the arbitral system as an efficient mechanism for the resolution of commercial disputes.

La presente investigación tiene como objetivo delimitar el rol de los secretarios arbitrales dentro del proceso arbitral. En primer lugar, se realiza una delimitación conceptual que aborda la definición doctrinaria de los secretarios arbitrales, su importancia para el arbitraje, y la forma en cómo dichos aspectos han sido regulados por la normativa nacional y los reglamentos de las instituciones arbitrales nacionales e internacionales. En segundo lugar, se aborda la interrogante de si es necesaria una regulación o aclaración de las funciones de los secretarios arbitrales; y cuál sería el enfoque más adecuado para realizar dicha regulación. Con ese objetivo, se analiza la importancia de la trasparencia como elemento central en la actuación de los secretarios arbitrales y las preocupaciones que han surgido en torno a su participación en el proceso arbitral. Asimismo, se realiza un análisis de algunos casos y sentencias importantes en el ámbito internacional. Finalmente, se aborda a profundidad el análisis de las diferentes tareas de las que se ocupan los secretarios arbitrales, detallando aquellas funciones sobre las que no existe controversia, y planteando una opinión acerca de otras funciones que pueden resultar más controvertidas. A lo largo de la investigación, se analizan los datos de las encuestas realizadas por instituciones arbitrales internacionales, así como la de realización propia, con el objetivo de conocer la percepción de la comunidad arbitral respecto a todos los temas

El presente informe tiene como objetivo llevar a cabo un análisis jurídico de la Sentencia de Casación N°525-2020/Nacional. Dicho análisis girará en torno a dos preguntas principales las cuales son las siguientes: ¿el abogado Luis Peschiera Rubini puede ser considerado autor del delito de colusión agravada en la fase de selección del Proceso de Contratación para el Proyecto Gasoducto Sur Peruano? ¿Se declaró fundado correctamente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del abogado Luis Peschiera Rubini? Respecto de la primera pregunta podemos señalar que analizaremos si en efecto el abogado Luis Peschiera Rubini si puede ser considerado autor del delito de colusión agravada regulada en el artículo 384° de Código Penal. Para abordar dicha cuestión, revisaremos la teoría del acceso al dominio de protección sobre el bien jurídico vulnerable y puesto en peligro que nos propone el profesor alemán Shüneman. Sobre la segunda pregunta, debemos señalar que se analizará si es que Corte Suprema hizo bien en declarar fundado el recurso de casación que interpuso la defensa técnica del abogado. Adelantando nuestra posición, consideramos que no hizo bien ya que declaró como atípica una conducta típica, con lo cual no nos encontramos de acuerdo, más aún porque de esa forma la investigación del abogado Luis Peschiera Rubini quedó archivada. / The purpose of this report is to carry out a legal analysis of the Cassation Ruling N°525-2020/National. This analysis will focus on two main questions: can attorney Luis Peschiera Rubini be considered the author of the crime of aggravated collusion in the selection phase of the Procurement Process for the Southern Peruvian Gas Pipeline Project? Was the cassation appeal filed by the technical defense of attorney Luis Peschiera Rubini correctly declared well-founded? Regarding the first question, we will analyze whether in fact attorney Luis Peschiera Rubini can be considered the author of the crime of aggravated collusion regulated in article 384° of the Criminal Code. To address this question, we will review the theory of access to the domain of protection over the vulnerable and endangered legal property proposed by the German professor Shüneman. Regarding the second question, we must point out that we will analyze whether the Supreme Court was right in declaring the cassation appeal filed by the lawyer's technical defense to be well-founded. Advancing our position, we consider that it did not do well since it declared as atypical a typical conduct, with which we do not agree, even more so because in this way the investigation of attorney Luis Peschiera Rubini was archived.