En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

En el presente trabajo académico nos adentramos a la evaluación de la importancia del análisis de razonabilidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, de acuerdo a la metodología actual establecida en el Decreto Legislativo Nº 1256 – Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. La finalidad de este trabajo consiste en desarrollar el panorama actual de la situación del análisis de razonabilidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, desarrollando su evolución normativa y la metodología actual. Asimismo, se desarrolla las diferencias que existen para otorgar una aplicación de barreras burocráticas con efectos generales (erga onmes), advirtiéndose las incongruencias de la norma para solo otorgar dicho alcance a aquellas barreras declaradas como ilegales y en otro casos a las declaradas carentes de razonabilidad, solo cuando hayan sido iniciadas de oficio por parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Por otro lado, se desarrolla una comparación entre el procedimiento de Análisis de Calidad Regulatoria establecida por el Decreto Legislativo Nº 1310 y el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, donde evaluaremos los principios y criterios tomados en cuenta. Adicionalmente, evaluaremos el problema de solo inaplicar con efectos generales aquellas disposiciones administrativas declaradas ilegales, dejando de lado y con menor importancia a aquellas disposiciones administrativas que carezcan de razonabilidad.

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

Los procedimientos de eliminación barreras burocráticas en la actualidad han ganado relevancia, al considerar la diversidad de barreras establecidas en las entidades de la Administración, las cuales influyen en la interacción realizada por el administrado. El Decreto Legislativo 1256, busca solucionar ello en su artículo 8, ante la inaplicación general de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas, evitando que la administración tenga que llevar a cabo procedimientos idénticos, a razón del fondo y la forma, variando tan solo por el administrado que lo solicitado. No obstante, tal competencia ejercida a través de mandatos de la CEB y la Sala al declarar la ineficacia de una disposición administrativa, conlleva el mismo efecto – la ineficacia de la norma vigente – al dado en las competencias exclusivas reconocidas a los jueces, de poder un control concentrado y con ello, llevar a cabo derogaciones o nulidades, que al fin de cuentas, genera la ineficacia con efectos generales de la norma cuestionada. Es el poder determinar si se atenta contra la competencia de los jueces y con ello, el considerar si el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256 es inconstitucionalidad, lo que permite establecer si se puede considerarse como tal, ante la vulneración dada por medio el control de legalidad ejercido por la CEB y la Sala, frente a las competencias otorgadas por la Constitución a los jueces en poder generar ineficacia con efectos generales en las disposiciones. En ese sentido, si bien es admisible el que la CEB y la Sala puedan ejercer un control de legalidad, mas es el efecto de ello – similar al dado en la derogación y la nulidad en sus procedimientos respectivos– es lo que vulnera la Constitución, al reconocer y atribuir una competencia que es exclusiva de los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional