El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo. / Trabajo académico

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente. / Tesis

El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo.

El presente informe analiza la Sentencia de Vista Constitucional N° 054-2019-SCP emitida dentro de un proceso de amparo contra resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso ordinario de mejor derecho de propiedad. La elección de esta resolución judicial se justifica en que realiza un análisis de diversas instituciones procesales y materiales implicadas dentro de un proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, además de la abierta discrepancia que presenta respecto de la sentencia de primera instancia, ya que esta última analizó el caso desde una perspectiva muy distinta para tutelar del derecho fundamental de propiedad del demandante César Alberto Vásquez Saavedra, incluso llegando a utilizar argumentos propios de la justicia ordinaria. El objetivo fundamental propuesto es determinar si, a efectos de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad, los órganos jurisdiccionales ordinarios del proceso de mejor derecho de propiedad deben o no tomar en consideración que la parte demandante perdió anteriormente un proceso de reivindicación. La hipótesis preliminar que se formula consiste en que la parte demandante sí puede demandar mejor derecho de propiedad luego de perder un proceso de reivindicación, ya que este último fue declarado únicamente improcedente, no teniendo entonces la calidad de cosa juzgada. En ese sentido, se realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales cuya vulneración alega el amparista, y se realiza una comparación entre los procesos ordinarios de reivindicación y de mejor derecho de propiedad. Luego de la investigación, se concluye que la Sentencia que declara improcedente una demanda de reivindicación no constituye cosa juzgada, por lo que la parte demandante puede iniciar válidamente un nuevo proceso judicial de mejor derecho de propiedad, y en caso fuera infundada la reivindicación, ya no podría iniciar válidamente este último proceso judicial.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta relativa a la limitación de la facultad del juzgador de pronunciarse sobre la relación procesal en la sentencia. Al respecto, a partir de la normativa vigente, se analizará cual es el criterio a partir del cual se le confiere al juez dicha facultad. Posteriormente, se realizará un análisis de las llamadas sentencias inhibitorias, la problemática en torno a ellas, los efectos que generan o dejan de generar con relación a la cosa juzgada, y por qué resulta mucho más eficiente que el juez se pronuncie sobre la relación procesal mediante un auto. Finalmente, nos referiremos a la propuesta en concreto partiendo de la modificación del artículo 121 del Código Procesal Civil sugerida por el Proyecto de Reforma para así bordar aquellas cuestiones que necesariamente deberían considerarse para que la redacción de la norma resulte útil y viable, cerrando con una referencia a la regulación internacional sobre la materia. / Trabajo académico

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente.

El presente informe se centra en los aspectos jurídicos clave de la Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre No 00005-2023-OSINFOR/02.1. El proceso se inició con un PAU en 2010, donde OSINFOR determino la comisión de infracciones por parte de la empresa Maderera Barrios S.R.L. en su concesión forestal, resultando en la declaración de caducidad de dicha concesión. Tras ello, la empresa solicito una apelación en sede administrativa, y a su vez inicio un proceso en sede judicial contra OSINFOR. la Corte Superior de Justicia de Loreto revisó el caso y emitió un pronunciamiento de fondo. TFFS-OSINFOR, que había suspendido su respuesta a la apelación hasta la conclusión del proceso judicial, finalmente emitió un pronunciamiento reconociendo el análisis de fondo realizado por la Corte. El análisis crítico del caso revela tres problemas sustanciales en la Resolución. En primer lugar, se cuestiona el inicio del cómputo de la prescripción de una infracción continuada, destacando la necesidad de definirlo desde la última acción constitutiva para asegurar un control efectivo sobre las actividades extractivas. En segundo lugar, se examina si el colegiado respetó el principio non bis in ídem al no llevar a cabo una prueba de triple identidad. Finalmente, se aborda la naturaleza de la caducidad como una consecuencia del incumplimiento contractual o como una medida sancionadora, debatiendo si debe fundamentarse principalmente en el daño ambiental o ser evaluada desde una perspectiva contractual. / The present report focuses on the key legal aspects of Resolution No 00005-2023- OSINFOR/02.1 from the Forest and Wildlife Tribunal. The process began with an Administrative Sanctioning Procedure (PAU) in 2010, where OSINFOR determined that Maderera Barrios S.R.L. had committed infractions within its forest concession, resulting in the declaration of the concession's expiration. Subsequently, the company appealed administratively and initiated a judicial process against OSINFOR. The Superior Court of Justice of Loreto reviewed the case and issued a substantive ruling. TFFS-OSINFOR, having suspended its response to the appeal pending the conclusion of the judicial process, eventually issued a statement recognizing the substantive analysis conducted by the Court. The critical analysis of the case reveals three significant issues in the Resolution. Firstly, there is a question regarding the start of the prescription period for a continuous infraction, emphasizing the need to define it from the last constitutive action to ensure effective control over extractive activities. Secondly, it examines whether the collegiate body respected the non bis in idem principle by not conducting a triple identity test. Finally, it addresses the nature of expiration as either a consequence of contractual noncompliance or a punitive measure, debating whether it should primarily be based on environmental damage or evaluated from a contractual perspective.