La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) es uno de los aportes del constitucionalismo colombiano a la jurisprudencia internacional protectora de derechos fundamentales (Rodríguez 2009: 435).Mediante ella, la Corte Constitucional ha abordado situaciones es las que “concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales en todo o en parte del territorio nacional, de forma tal que, ante esa situación, se puede generar una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión de los despachos judiciales” (Plazas 2009: 244). Además del dictado de órdenes para cautelar los derechos de los/as accionantes, la Corte declara una situación estructural que lesiona derechos de un número amplio y hasta indeterminado de personas que no son parte del proceso, de forma que el fallo tiene un efecto preventivo general que transforma una realidad dada de falla estructural (Vargas 2003: 214). Esta innovación jurisprudencial se inserta en el marco de una corriente más amplia de activismo judicial que, en sus raíces estadounidenses, se ha denominado como litigio de derecho público, modelo que propicia la transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han hecho resistentes a otras formas de control político; no obstante la persistencia de la falta de un adecuado desempeño en las mismas, otras formas de control no han logrado el objetivo de reformarlas para cesar la violación de derechos que producen (Sabel y Simon 2004: 1062). En la medida de que la figura del ECI ha sido acogida en la jurisprudencia peruana por parte del Tribunal Constitucional con referencia explícita a sus raíces originarias (Naupari 2009: 340, 355), es relevante analizar los términos en que esta incorporación se ha dado para tener un claro balance de sus limitaciones y posibilidades. En un país como el Perú, en que la falla de las instituciones públicas en sus obligaciones de garantizar los derechos de ciudadanas y ciudadanos es recurrente, una figura como el ECI cobra mayor interés como herramienta para posibilitar cambios en un status quo injusto, un cambio que sería posible desde una demanda individual ante la jurisdicción constitucionalque podría transformar el escenario de balance de poderes para que las entidades públicas sean puestas bajo el examen de modo que cumplan con las reformas necesarias para asegurar derechos. / Tesis

La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) es uno de los aportes del constitucionalismo colombiano a la jurisprudencia internacional protectora de derechos fundamentales (Rodríguez 2009: 435).Mediante ella, la Corte Constitucional ha abordado situaciones es las que “concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales en todo o en parte del territorio nacional, de forma tal que, ante esa situación, se puede generar una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión de los despachos judiciales” (Plazas 2009: 244). Además del dictado de órdenes para cautelar los derechos de los/as accionantes, la Corte declara una situación estructural que lesiona derechos de un número amplio y hasta indeterminado de personas que no son parte del proceso, de forma que el fallo tiene un efecto preventivo general que transforma una realidad dada de falla estructural (Vargas 2003: 214). Esta innovación jurisprudencial se inserta en el marco de una corriente más amplia de activismo judicial que, en sus raíces estadounidenses, se ha denominado como litigio de derecho público, modelo que propicia la transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han hecho resistentes a otras formas de control político; no obstante la persistencia de la falta de un adecuado desempeño en las mismas, otras formas de control no han logrado el objetivo de reformarlas para cesar la violación de derechos que producen (Sabel y Simon 2004: 1062). En la medida de que la figura del ECI ha sido acogida en la jurisprudencia peruana por parte del Tribunal Constitucional con referencia explícita a sus raíces originarias (Naupari 2009: 340, 355), es relevante analizar los términos en que esta incorporación se ha dado para tener un claro balance de sus limitaciones y posibilidades. En un país como el Perú, en que la falla de las instituciones públicas en sus obligaciones de garantizar los derechos de ciudadanas y ciudadanos es recurrente, una figura como el ECI cobra mayor interés como herramienta para posibilitar cambios en un status quo injusto, un cambio que sería posible desde una demanda individual ante la jurisdicción constitucionalque podría transformar el escenario de balance de poderes para que las entidades públicas sean puestas bajo el examen de modo que cumplan con las reformas necesarias para asegurar derechos.

Se elige realizar la presente investigación, con el propósito de aportar algunas reflexiones que coadyuven a entender pormenorizadamente la regulación tributaria de la fiducia peruana. Su objetivo general es efectuar un análisis crítico de su regulación civil (contractual), mercantil y tributaria; específicamente del impuesto a la renta. Para hacer ello, previamente, se debe conocer cabalmente su: naturaleza jurídica, tratamiento jurídico mercantil y tributario, específicamente del impuesto de la mención. La hipótesis del presente trabajo es que: i) existe una inadecuada regulación del contrato de fideicomiso, que comprende, entre otros aspectos, el partir del preconcepto que, al ser el fiduciario, exclusivamente una entidad bancaria, por sí, garantiza una óptima administración del patrimonio fiduciario; ii) su tratamiento impositivo de renta es desarticulado; iii) no hay homogeneización en señalar quién es el contribuyente en cada tipo de fideicomiso. El resultado que se busca con la elaboración de la presente tesina es determinar si la fiducia en el Perú está regulada adecuadamente. Sus principales conclusiones son que: i) nuestro sistema jurídico trata, acertadamente, al patrimonio fideicometido como un vehículo neutro (transparencia fiscal), debido a que este no grava doblemente la renta obtenida por dicho contrato, cumpliéndose con el principio de neutralidad que todo sistema jurídico y tributario debe regirse, y ii) el tratamiento impositivo de renta del contrato que nos ocupa presenta vacíos legales, como: a) no definir qué tipo de fideicomiso (con retorno o sin retorno) es el fideicomiso testamentario y, el de flujos futuros de efectivo. Estos dos tipos de fiducia deben ser tratados como sin retorno, ya que la naturaleza de estos fideicomisos es que sus bienes no reviertan al fideicomitente porque su finalidad es que no se queden en su esfera patrimonial; b) no estipular que se admita, de plano, la intervención excluyente de propiedad solicitada por un fiduciario. Ello conlleva a que se vea perjudicado el fideicomiso materializado. Otra debilidad de nuestra normativa jurídica tributaria de renta es que no hay uniformidad en estipular que, en todos los fideicomisos, el contribuyente sea el beneficiario. Para elaborar la presente tesina se utilizan los siguientes métodos: 1) cualitativo, 2) descriptivo-observacional, 3) deductivo y 4) bibliográfico

En el presente artículo de investigación buscamos analizar el desarrollo jurídico jurisprudencial del derecho a morir dignamente en Perú y Colombia. Asimismo, desde un estudio comparado, entre ambos países, pretendemos determinar las similitudes y diferencias que existen entre ambas. De esta manera, el artículo se orientará, primero, a aproximarnos a qué es el derecho a morir dignamente, las maneras de efectivizar y cuáles serían los elementos básicos frente a una regulación de este derecho. Segundo, procederemos a analizar el desarrollo y tratamiento jurisprudencial constitucional del derecho a morir dignamente en ambos países. Finalmente, determinaremos cuáles son las diferencias y similitudes que se encuentran entre estos dos países luego del análisis realizado previamente. / In this research article we seek to analyze the jurisprudential legal development of the right to die with dignity in Peru and Colombia. Likewise, from a comparative study, between both countries, we intend to determine the similarities and differences that exist between them. In this way, the article will be oriented, first, to approach what is the right to die with dignity, the ways to make it effective and what would be the basic elements of a regulation of this right. Second, we will proceed to analyze the development and constitutional jurisprudential treatment of the right to die with dignity in both countries. Finally, we will determine the differences and similarities between these two countries after the previous analysis. / Trabajo académico

El trabajo pretende ofrecer el contenido, sistematización, y aplicación operativa de la pena de inhabilitación en el Derecho Penal peruano. Se toma como punto de partida el estudio histórico, que permite observar su transición en el sistema de penas hasta la actualidad, por lo que, se cuestiona su denominación en el catálogo de penas limitativas de derechos; toda vez que, no guarda relaciónfunción con las demás penas que son contenidas en dicho catálogo. Frente a los desafíos que presenta la Administración de Justicia, es necesario incidir en la reconducción de la pena de inhabilitación a un nivel anterior a la decisión judicial; es decir, el persecutor del delito debe determinarlo bajo los cánones del principio de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. Con lo cual viabilizará su eficiencia en el proceso de la determinación judicial de la pena a imponer. Se aborda finalmente, su incursión en las faltas, en las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, otorgando a la citada pena un cariz innovativo que se ajusta a los parámetros de un Derecho Penal Constitucional, que lo que pretende es la máxima eficiencia de las garantías y no la cosificación de la persona. / The research aims to provide the content, systematization and operational implementation of the penalthy of disqualification from them peruvian criminal law. It takes as a start point the historical study, that allows to observe their transition in the systmes of penalties until the present, it doesn`t save an unrelated – function with the other penalties that are contained in this catalog. Facing the challenges of the Administration of Justice, it is necessary to influence the renewal of the penalty of disqualification to a previous level to the judicial decision, that is to say, the persecutor of the crime should be determined under the guns of the principle of legality, guilt, reasonableness and proportionality. Thus, make it viable the efficiency in the process of the judicial determination of the death penalty to be imposed. Finally, discusses the foray into the faults, in alternative measures to imprisonment, giving the aforementioned worth a look that fits the parameters of a constitutional criminal law that it is the maximum efficiency of the guarantees and not the objectification of the person.