El presente informe tiene como finalidad analizar la idoneidad de la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. en contra de la marca «EXPONÁUTICA PERÚ» de titularidad de Profesionales Marítimos S.R.L. y la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 121-IP-2014. El análisis del presente caso se justifica en dos grandes áreas del derecho: la propiedad industrial y el derecho comunitario. En primer lugar, buscaremos acreditar que Marfor Producciones S.R.L. interpuso una acción inefectiva para la tutela de sus derechos. En segundo lugar, abordaremos la interpretación efectuada por el Tribunal al concepto de “juez nacional” en el marco de las interpretación prejudiciales (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). En concreto, revisaremos los seis criterios que estableció el Tribunal para permitir que entidades administrativas como la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos puedan encajar en el término “juez nacional” comunitario y, por consiguiente, solicitar interpretaciones prejudiciales. La metodología aplicada en el informe es indudablemente dogmática, con un enfoque amplio en la doctrina especializada, la normativa aplicable y la jurisprudencia correspondiente. En el trabajo se podrá observa el criterio de interpretación teleológico y, en menor medida el literal. En suma, las conclusiones principales son que (i) la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. fue inidónea y (ii) la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es correcta pero con ciertas precisiones.

La interpretación prejudicial es un proceso comunitario no contencioso. Sus efectos la convierte en la herramienta fundamental para garantizar la aplicación e interpretación uniforme del ordenamiento comunitario andino dentro del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Mediante la interpretación prejudicial, también se asegura el correcto desarrollo del proceso de integración andino. El presente trabajo académico establece que el trabajo interpretativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, no utiliza las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 cuando analiza el término juez nacional, el mismo que se encuentra descrito en el Artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina opta por una interpretación que amplía su significado y, en consecuencia, entiende que juez nacional también es un funcionario administrativo con función jurisdiccional y un árbitro.

El caso C-284/16 - Achmea B.V. ha sido el primer pronunciamiento explícito respecto de la sección procesal de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) inter se, y su relación con el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea (OJUE). Este asunto surge a raíz de un recurso de anulación presentado contra el laudo PCA Case No. 2008-13, en el cual, la parte demandante (República de Eslovaquia) argumenta que la cláusula compromisoria del TBI entre Países Bajos y Eslovaquia de 1991 es incompatible con el OJUE. El recurso, originado en el Tribunal Regional de Fráncfort del Meno, llega al Tribunal Federal de Justicia alemán (TFJ), instancia que plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial con tres preguntas clave sobre la compatibilidad de dicha cláusula con los artículos 18, 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El TJUE dictaminó que esas cláusulas en los TBI entre sí son incompatibles con el Derecho de la Unión, dado que socavan la autonomía del sistema jurídico europeo al permitir que tribunales arbitrales, no establecidos por la UE, interpreten y apliquen el derecho comunitario. Esta decisión tuvo implicancias en la ejecución de laudos arbitrales dentro de la UE y destacó la obligación de aplicar Derecho de la Unión por sobre los acuerdos internacionales de inversión entre los Estados miembros. No obstante, el asunto C-284/16 trasciende a la incompatibilidad de las cláusulas compromisorias, y refleja la necesidad de armonizar la relación entre el multilateralismo de integración y el Derecho Internacional Público. / Case C-284/16 - Achmea B.V. has been the first explicit pronouncement regarding inter se Bilateral Investment Treaties (BITs) procedural framework, and their relationship with the European Union Legal Order (EULO). This matter arose from a set-aside proceeding filed against the award in PCA Case No. 2008-13, wherein the claimant (Republic of Slovakia) contended that 1991 arbitration clause BIT between the Netherlands and Slovakia was incompatible with the EULO. The motion, originating from Frankfurt am Main Regional Court, reached the Federal Court of Justice of Germany, which referred a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union (CJEU) encompassing three inquiries regarding the compatibility of said clause with Articles 18, 267, and 344 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The CJEU ruled that such clauses in intra-EU BITs are incompatible with EU law, as they undermine the autonomy of the European legal system by allowing arbitral tribunals, which are not established by the EU, to interpret and apply EU law criteria. This decision had implications on arbitral awards enforcement within the EU and underscored the obligation to apply EU law over international investment agreements between Member States. Nevertheless, Case C-284/16 transcends the incompatibility of arbitration clauses, reflecting the imperative to harmonise the relationship between multilateral integration and Public International Law.