El presente informe tiene como objetivo exponer y analizar el razonamiento que llevó a la Corte Internacional de Justicia a fallar en contra de la pretensión boliviana respecto de la existencia de una obligación de negociar, por parte de Chile, un acceso al Océano Pacífico a favor de Bolivia. En este sentido, la primera parte evaluará el fallo de la excepción preliminar, que planteo Chile, respecto a la falta de competencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso. En según lugar, se ahondará en el concepto de obligación de negociar en el Derecho Internacional Público advirtiendo, especialmente, las diferencias entre las negociaciones de medios y las de resultados. En tercer lugar, se analizará la suficiencia de la evaluación de la Corte Internacional de Justicia al determinar si las declaraciones unilaterales generaron o no efectos jurídicos. Al respecto, se planteará una crítica ya que el análisis no incorporó la evaluación del contexto y circunstancias en las que estas fueron hechas. Finalmente, se hará una revisión de la postura de la Corte Internacional de Justicia respecto de las demás pruebas presentadas por Bolivia. En definitiva, este informe pretende evaluar los aspectos más resaltantes de este fallo a fin de plantear observaciones y críticas. / The present report aims to present and analyze the reasoning that led the International Court of Justice to rule against Bolivia's claim regarding the existence of an obligation on the part of Chile to negotiate access to the Pacific Ocean in favor of Bolivia. In this regard, the first part will assess the ruling on the preliminary objection raised by Chile concerning the lack of competence of the International Court of Justice in the case. Secondly, it will delve into the concept of the obligation to negotiate in Public International Law, particularly noting the differences between negotiations of means and those of outcomes. Thirdly, it will analyze the sufficiency of the International Court of Justice's assessment in determining whether unilateral declarations did or did not have legal effects. In this regard, a critique will be presented as the analysis did not incorporate an assessment of the context and circumstances in which these declarations were made. Finally, a review will be made of the International Court of Justice's stance regarding other evidence presented by Bolivia. In conclusion, this report aims to evaluate the most notable aspects of this ruling in order to provide observations and criticisms.

Actualmente nos encontramos en un momento de profunda transformación en la historia de la humanidad y de las leyes de la naturaleza caracterizada, entre otras cosas, por un desarrollo expansivo de la industria biotecnológica. La biotecnología tiene como materia prima los recursos genéticos y, también, los extractos bioquímicos de las especies vegetales, animales y microbianas que componen la diversidad biológica, la cual permite un sin fin de posibilidades alimenticias, medicinales, energéticas, industriales entre otros recursos básicos que proveen bienes y servicios esenciales a la pervivencia de la especie humana al mismo tiempo que constituye un elemento integrante de la red de la vida.Si, la perpetua tradición del biocolonialismo o biopiratería que desarrollaron algunos pocos países arrollando a muchos se atenúa o, siendo optimistas, se extingue observando las normas que edifican el Convenio sobre la diversidad biológica y, especialmente, el régimen de acceso a los recursos genéticos en él instituido (artículo 15), las posibilidades de crecimiento económico y, consecuentemente, de desarrollo humano de estos países podría ser una de las innumerables alternativas para empezar a tomar forma. Además, la minimización de los efectos perniciosos sobre la diversidad biológica, mediante su conservación y la aplicación del paradigma desarrollo sostenible, podría favorecer y corregir el dilema utilización versus deterioro.Así pues, el artículo 15 del referido Convenio ofrece por primera vez en el Derecho internacional público un régimen jurídico para un acceso a recursos genéticos legalmente constituido. La característica principal del mismo es que el acceso a un determinado recurso genético se trata de una expectativa sometida a complejas y a la vez oportunas condiciones. Por una parte, está vinculado a contraprestaciones anteriormente inexistentes, las cuales afectan especialmente a la parte usuaria: la transferencia de tecnologías, incluidas las biotecnologías; la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de cualquier modalidad de utilización y la realización de investigaciones científicas basadas en los recursos accedidos. Por otra parte, está vinculado a la legislación nacional del Estado suministrador del recurso, al consentimiento fundamentado previo del mismo e a las condiciones mutuamente convenidas en la negociación de los acuerdos que le darán vida jurídica.

La actual configuración político-administrativa del territorio en Colombia requiere ser revisada y adecuada para entrelazar el proceso de regionalización que inicia el país, la política pública estatal de paz y la aplicación de las políticas del gobierno central. Solo de esta manera se podrá incrementar los grados de la eficiencia y la eficacia de la acción estatal en la construcción de una paz estable y duradera, en el cierre de brechas socioeconómicas entre los territorios que conforman el Estado colombiano y las comunidades que los habitan y en la integración de todos los elementos que giran en torno a ellas. Esta situación advertida por los gobiernos de los territorios se ha convertido en una iniciativa de regionalización que ha persistido por tres décadas y que la logrado materializarse en forma de Regiones Administrativas y de Planificación que miran hacia su constitución en Regiones Entidades Territoriales y que demanda la vinculación del Gobierno central tanto para consolidar este proceso descentralizador, como para que obre como garante de la cohesión de todos los elementos que conforman el Estado colombiano y que lo observan como máxima expresión de la unidad nacional.

Canada’s experience in the war against terrorism goes back to the seventies, and continues to develop nowadays, with the last direct terrorist activity in 2017. The Canadian Government reacted to these terrorist attacks by enacting a number of statutes that reflect a changing international paradigm in relation to the fight against terrorism. Fundamental rights and liberties such as the freedom of expression, the right to private life and to personal freedom have been curtailed by these legislative measures. The practical consequences of these measures are analyzed via a comparative examination of the Inter-American System of Human Rights. In general terms, the war against terrorism produces significant impacts over the human rights. / La experiencia de Canadá en la lucha contra el terrorismo se remonta a inicios de la década de los setenta y se desarrolla hasta la época actual (los acontecimientos más recientes han tenido lugar en el año 2017). Las medidas legislativas fueron la vía adoptada por parte de Canadá para contrarrestar los ataques y reflejar el cambio de paradigma político en la esfera internacional con relación al fenómeno del terrorismo. Derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión, a la vida privada y a la libertad personal se encuentran particularmente afectados por estas medidas. Un análisis comparativo del sistema canadiense y el sistema interamericano permite identificar las consecuencias de estas medidas. En términos más amplios, la lucha contra el terrorismo genera impactos significativos sobre los derechos humanos en general.