Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Dentro de nuestro país cohabitan diversos pueblos indígenas que han subsistido hasta la actualidad. Sin embargo, el desarrollo del mundo moderno y sus proyectos económicos, en tanto manifestación concreta de éste, han ido crecientemente entrando en conflicto con estos pueblos, los que durante largos años se vieron desprotegidos y algunos incluso exterminados, como es el caso de los Onas en el extremo sur de Chile. En este contexto, presente en diversas partes del mundo, el año 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Éste constituye en la actualidad el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y fue ratificado por nuestro país el año 2008, entrando finalmente en vigencia en septiembre del año siguiente. Con ello el Estado de Chile ha adquirido el deber de llevar a cabos procesos de consulta indígena cada vez que se prevea la emisión de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en forma directa a uno o más pueblos indígenas. Deber que, desde su entrada en vigencia ha sido altamente controvertido, respecto de su obligatoriedad, forma de aplicación, entre otros aspectos. El objeto del presente trabajo consiste en el análisis del deber de consulta indígena en nuestro país definiendo su concepto, analizando la normativa correspondiente que la regula y configura sus elementos, para llegar a su aplicación específica por los órganos de la Administración del Estado en las distintas áreas desde la perspectiva que ha ido adoptando la Contraloría General de la República por medio de la jurisprudencia administrativa y así poder confirmar o refutar la hipótesis de que los dictámenes de la Contraloría General de la República, en materia de Consulta Indígena, no han sido uniformes