Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación presenta el análisis de una matriz de sentencias pertenecientes a los años 2000-2017 pronunciadas por los tribunales chilenos de primera/única instancia (Tribunales de Juicio Oral en lo Penal) y superiores (Corte de Apelaciones y Corte Suprema), cuyo fin es esclarecer la determinación jurisprudencial de las conductas constitutivas de encubrimiento. Para ello se explicarán las condiciones metodológicas del levantamiento, la selección, clasificación y análisis de las respectivas resoluciones; en seguida, se esbozará brevemente el contenido normativo del artículo 17 del Código Penal y finalmente se presentarán los indicadores sobre la base de los cuales se analizarán las sentencias, para terminar con la presentación y sistematización de los principales hallazgos.

Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas a consolidar la eficacia de acciones de control internacional. Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran relacionados con el denominado crimen organizado transnacional. Una forma efectiva de control es la armonización de leyes no solo desde el ámbito del derecho penal, sino también desde la adopción de mecanismos preventivos administrativos y procesales para garantizar la homogeneidad de las legislaciones en la lucha contra este delito. Puede definirse que el delito de lavado de activos, como un proceso de actos mediante el cual los bienes de procedencia ilícita criminal son incorporados en el sistema financiero con la finalidad de darle apariencia de legalidad. Este delito directamente afecta al orden o sistema económico en su legitimidad y trasparencia, generando para sus agentes enormes cantidades de recursos económicos, destinados a financiar otras actividades criminales que luego dificultan la planificación de políticas económicas estatales. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación, hasta hace poco se traducía básicamente en un trabajo de análisis crítico sin resultado satisfactorio en la práctica, y ello debido a que como sabemos, este adquirió el carácter de delito recién a partir de la entrada en vigencia de la ley que le dio.su origen, Ley N° 19.077 de 28 de agosto de 1991, cuya historia será materia de estudio en el presente trabajo, cabe en todo señalar que siempre existieron normas aisladas que en cierto modo contemplaban ya la penalidad de actos de este tipo, aun cuando esto no era suficiente para hablar del “delito de obstrucción”, y ello sencillamente porque en derecho no lo era, además de dejar situaciones concretas sin penalidad. Hoy aparece contemplado como tal en el artículo 269 bis, el que analizaremos en su oportunidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas a consolidar la eficacia de acciones de control internacional. Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran relacionados con el denominado crimen organizado transnacional. Una forma efectiva de control es la armonización de leyes no solo desde el ámbito del derecho penal, sino también desde la adopción de mecanismos preventivos administrativos y procesales para garantizar la homogeneidad de las legislaciones en la lucha contra este delito. Puede definirse que el delito de lavado de activos, como un proceso de actos mediante el cual los bienes de procedencia ilícita criminal son incorporados en el sistema financiero con la finalidad de darle apariencia de legalidad. Este delito directamente afecta al orden o sistema económico en su legitimidad y trasparencia, generando para sus agentes enormes cantidades de recursos económicos, destinados a financiar otras actividades criminales que luego dificultan la planificación de políticas económicas estatales.