Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sobre el Deber de Fundamentación de las Sentencias El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general y tiene como característica principal, el que sus premisas deben estar obligatoriamente vinculadas con el derecho vigente . En consecuencia, los jueces deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a las reglas y principios del derecho vigente . Es la realización de este deber la que nos permite conocer las razones - al menos las expresas - que llevan a los sentenciadores a decidir un caso de determinada manera. La actividad judicial adquiere especial relevancia cuando se refiere a la determinación de la constitucionalidad de las normas emitidas por los órganos legislativos, es decir, cuando el criterio para la determinación de la validez de una norma sea su conformidad con otra de carácter superior, en este caso, la Constitución Política de la República.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A raíz de la gran presencia de videovigilancia en nuestro país, debemos determinar si su uso puede considerarse legítimo. Quienes consideran que la medida adolece de ilicitud, fundan su postura en las potenciales vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Dentro de los derechos que eventualmente podrían ser afectados, es de gran importancia referirse a la vida privada, ya que, si bien dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución, nuestra Carta Fundamental no otorga pautas para comprender la amplitud de la garantía. De tal forma, es de suma importancia el determinar cuándo y en qué lugares nuestros actos son considerados privados y son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar además, la relación existente entre las cámaras de vigilancia y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, siendo necesario determinar si la actividad de vigilancia se ejecuta respetando el precepto normativo mencionado. Considerando la creciente utilización de medidas de seguridad, es vital para el presente trabajo realizar un estudio referente a la legalidad en la utilización de estas, a fin de que se respete el derecho vigente y no se afecten de forma arbitraria Derechos Fundamentales. / 06/11/2018

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Salud se enmarca dentro de las necesidades básicas del ser humano, considerándolo tanto en forma personal como en sociedad. La visión que se ha tenido de la salud en los diversos tiempos ha ido evolucionando conforme cambian los ritmos de vida y los roles de los individuos dentro de una sociedad moderna como la de hoy. De ahí la importancia que tiene dentro de la vida del ser humano, y por tanto, de las políticas que se empleen frente a los desafíos del futuro en esta área. En el marco de los Derechos Humanos, el derecho a la salud, viene a formar parte de los derechos de segunda generación, pues en las primeras declaraciones de estos derechos, sólo aparecían aquellos relacionados con las ideas de libertad imperantes en la época de su origen, llamados derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación, surgen a fines del siglo XIX producto del proceso de industrialización que vivió el mundo, y su correlativa “cuestión social”, y por el carácter de los bienes jurídicos que protegen se denominan “derechos sociales” y pasan a formar parte del listado contenido en la Declaración Universal de Derechos de 1948, los cuales tienen como base los principios de igualdad y solidaridad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente reconocemos tres etapas en la evolución del Derecho del Trabajo, que devienen desde el obrero proletario al trabajador asalariado de las primeras leyes laborales, y del asalariado al trabajador organizado sindicalmente de mediados del siglo pasado, para llegar progresivamente a la recepción del trabajador como ciudadano. De esta forma el derecho del Trabajo cumple una doble función. En un primer término, ha servido de soporte al modelo económico capitalista, regulando las leyes del mercado y de la libre competencia, y por otro lado, ha prestado importantes servicios al modelo democrático, creando de manera progresiva instancias de protección y de participación para los trabajadores, posicionados como la parte más débil de la relación laboral. Es relevante señalar que si bien en nuestro ordenamiento jurídico la tutela de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República, se plasma a través de la acción de protección que aquel cuerpo normativo establece en su Artículo 20, dicha acción resultaba deficiente en cuanto a los elementos propios que constituían la perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías que pudiesen ser vulnerados al trabajador dentro de su relación de dependencia con el empleador, sobretodo en relación a específicos derechos. Es en este contexto que planteaba una total separación entre el derecho y la realidad que se aprueba en la reforma procesal laboral, especialmente contenida en la Ley N° 20.087, que intenta mejorar la eficacia del derecho del trabajo, incorporando el procedimiento de tutela laboral que busca proteger aquellos derechos que la Constitución reconoce al trabajador en su condición de persona. En su implementación este procedimiento ha sido objeto de numerosas críticas. Ha surgido la interrogante de si ¿se está dando una tutela judicial eficaz a los derechos fundamentales del trabajador? Así, ésta premisa es la principal interrogante que nuestro trabajo pretende dilucidar

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo nace producto de la expresión de un fenómeno social en creciente expansión durante la última década: el aumento de la migración de personas hacia nuestro país. Una de las razones por las que este trabajo se referirá al fenómeno ya descrito, es por que no hemos encontrado una respuesta legal en nuestro derecho interno que se encuentre acorde a la normativa internacional de derechos humanos y, creemos también, tampoco a los principios y garantías propias de nuestra normativa constitucional. Manifestación concreta de ello puede verse en la expulsión de inmigrantes por parte de la administración, materia que será el estudio principal de este trabajo.