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Ingeniero Civil Industrial / La presente memoria trata sobre el desarrollo de un modelo de negocios para el proyecto Oasis Atacama de la Fundación Oasis, una empresa social cuya misión es, básicamente, aportar al cuidado de la biodiversidad en la Región de Atacama mediante la gestión de dos Áreas de Protección Privada, una en la cuenca del Río Figueroa y otra en la desembocadura del Río Copiapó. Dicho modelo de negocios tiene que permitir al proyecto Oasis Atacama financiar sus operaciones de forma autosustentable, ya que de lo contrario, estaría limitado a las restricciónes de una ONG tradicional que requiere de donaciones y no se puede escalar. Las principales razones que justifican la misión del proyecto Oasis Atacama son dos. La primera es la escaza superficie protegida que hay en Atacama, que corresponde tan solo al 2% de la Región, lo que está muy por debajo de la media nacional si se considera que el 20% de la superficie del país está bajo algún tipo de protección. La segunda es la precariedad de las iniciativas de conservación desarrolladas por el estado en las áreas protegidas que administra, lo que se ve reflejado en que aún cuando el estado calcula que el valor de los servicios ecosistémicos del total de dichas áreas es del orden de los US$ 2.000 millones, éste aporta a su conservación tan solo alrededor de US$ 9 millones. Esto es especialmente relevante para la Región de Atacama, donde 54% de su flora es endémica, 9,6% de su flora está en peligro, y en cuanto a fauna los antecedentes son escasos, pero se ha documentado que 98 de sus especies están en peligro. El modelo de negocios propuesto en esta memoria se centra en las compañías mineras como cliente principal del proyecto Oasis Atacama. Esto se debe principalmente a que entre el 2012 y el 2020 la industria minera va a invertir en torno a los US$ 100.000 millones en Chile, de lo cual el 30% estará dirigido a la Región de Atacama, y dicho crecimiento traerá consigo un importante impacto ambiental, que no pasará desapercibido. A dicho escenario se suman una ciudadanía más informada y una instucionalidad ambiental con mayor capacidad fiscalizadora, lo que pone presión sobre las compañías mineras para desarrollar medidas más efectivas de cuidado ambiental; ya que de lo contrario pueden perder su licencia social de operar o su permiso legal para hacerlo respectivamente. La propuesta de valor desarrollada en este caso es el servicio de Banco de Compensación , que permite a las compañías mineras compensar en áreas homólogas a las que afectan el daño que hacen a la biodiversidad mediante la compra de créditos ambientales que despúes se traducen en medidas de conservación concretas en las áreas homólogas. En el caso del proyecto Oasis Atacama, dichas áreas serían las Áreas de Protección Privada que la Fundación Oasis va a gestionar. Dicha propuesta de valor fue validada no sólo mediante revisión bibliográfica, si no también mediante entrevistas a actores clave de minería y medio ambiente en Chile entre los que se encontraban gerentes de medio ambiente de grandes compañías mineras, quienes son los potenciales clientes del servicio ofrecido. El análisis desarrollado demuestra que el modelo de negocios propuesto es tanto económica como técnicamente factible. Los costos de operar el modelo se estimaron en torno a los US$ 7 millones para el primer año, y en torno a los US$ 6 millones desde el segundo año en adelante, lo que esta en el mismo orden de magnitud que los proyectos de temáticas ambientales que ya desarrollan las compañías mineras de la Región. Adicionalmente, se estimó que entre el 2012 y el 2020, las compañías mineras invertirán en torno a US$ 70 millones anuales en proyectos ambientales para la Región de Atacama, de lo que se determinó que entre un 20% y un 25% podría destinarse a proyectos relacionados con el uso de Bancos de Compensación. A lo anterior se suma que los análisis de Fuerzas de Porter, PEST, y FODA desarrollados permitieron concluir que los factores de entorno son favorables al modelo de negocios propuesto. En particular, se evidenció que si la Fundación Oasis logra entrar como primer oferente de Bancos de Compensación a la Región de Atacama, dificilmente abrá espacio para competidores, fuera de quienes ofrecen servicios de mitigación y que se verán amenazados por la alteración del status quo. Se espera que el trabajo presentado a continuación sirva de precedente para futuros proyectos referidos al desarrollo de empresas sociales relacionadas al cuidado del medio ambiente.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El desarrollo de la sociedad hace imperiosa la necesidad de abastecimiento de recursos minerales, los cuales necesitan ser extraídos, transformados, transportados. Esta intervención no está exenta de riesgos, ni transformaciones físicas y químicas del entorno inmediato, afectando incluso áreas más retiradas del centro en donde se llevan a cabo estas actividades. La industria minera y petrolera son las llamada en mayor grado a extraer los recursos minerales indispensable para el desarrollo, por ende son las que confrontan las legislaciones cada vez más exigentes en materia de protección del medio ambiente. A nivel mundial día a día las naciones y las comunidades locales son más cautelosas y resguardan con celo su entorno y a la vez se hacen más responsables y exigen a las empresas cumplir con requisitos que aseguren un mínimo de impacto al ecosistema, y sus estilos de vida. Es en esta nueva realidad, que los países se han dotado de Legislaciones que obligan a las empresas a cumplir con normas que aseguren la protección del medio ambiente y la vida. Lo anterior se traduce para las empresas en la necesidad de someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, y para ello deben gestionar los permisos correspondientes, para así poder llevar acabo sus proyectos mineros, pasando a ser esta tramitación legal una parte importante de la puesta en marcha y el desarrollo de las faenas. La gestión de los permisos se convertirse en un punto de inflexión dentro del CAPEX de un proyecto, como también de la viabilidad de un proyecto minero. Para realizar el presente trabajo se ha investigado la legislación ambiental chilena, y la legislación asociada directa o indirectamente con ella. Igualmente se han investigado sobre la legislación ambiental en otros países, de manera a que el lector pueda tener un espectro más amplio de la realidad ambiental en el mundo. A su vez se estudió diferentes modelos de proyecto Greenfield (Cu y Au) según su ubicación regional y su proceso. Teniendo la cantidad total de permisos y clasificándolos con las organizaciones respectivas. Esto ayudo a identificar las organizaciones más importantes dentro de la etapa de Construcción. En este trabajo se desea dar una recomendación de gestión de permisos que involucre las diferentes áreas como Sustentabilidad, Ingeniería, Construcción, Legal, y se realiza en dos fases: Primero fase antes de obtener la DIA es donde se desarrolla el estudio de factibilidad. Segundo fase de ingeniería de detalles y Construcción para proyectos Greenfield. Estas dos fases son importantes para el desarrollo de un proyecto, desde el punto de vista de permisos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La metodología utilizada en el análisis de las medidas consistió en reuniones permanentes con CONAMA y los abogados del equipo de trabajo de la Consultoría. Con la información proporcionada por CONAMA, se procedió a a analizar jurídicamente los siguientes tópicos: tipo de fuentes o actividad, explicación de la medida, competencias de los entes públicos para regular el tema y las normas en que se fundamenta la regulación si existiese, las vías legales o administrativas para implementar la medida y una proposición definitiva para la medida.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El estudio de caso que se presenta a continuación ha tenido como finalidad realizar una indagación sistemática sobre el problema de la sobre-explotación de los recursos hídricos de la cuenca del río Copiapó, en la región de Atacama, norte de Chile. Enfoque conceptual para dar cuenta de la problemática que constituye el objeto de estudio del trabajo, es el del Análisis Institucional, cuyos fundamentos analíticos más básicos remiten a los principios de Economía Política formulados por Douglass North. Al momento de abordar empíricamente el fenómeno en cuestión, el marco teórico del estudio encontró en la Teoría sobre el Gobierno de los Bienes de Uso Común, de Elinor Ostrom, su principal soporte teórico y metodológico. La perspectiva del estudio puso su acento analítico en las conductas de los distintos agentes que participan en los procesos de explotación, gestión, administración y regulación de los recursos hídricos del acuífero del río Copiapó. Para poder dar cuenta del fenómeno de la sobre-explotación hídrica en tanto configuración de un determinado y específico statu quo en torno al uso de los recursos hídricos de la cuenca del Copiapó, se realizó un estudio sistemático de: Las características del sistema hidrológico que constituye la cuenca y el acuífero del río Copiapó. La situación de explotación productiva en que se encontraban los recursos hídricos y la modalidad de explotación que realizan los diferentes agentes presentes en la cuenca. El sistema de reglas constitucionales, de elección colectiva y operativas, contenidas y definidas en el Código de Aguas de Chile, del año 1982, y en Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos, del año 2008. El diagnóstico que hacen los propios agentes involucrados en el problema, sobre el fenómeno de la sobre-explotación hídrica de la cuenca. La idea era entender la sobre-explotación hídrica de la cuenca, como la emergencia de un determinado statu quo a partir de la integración dinámica de los cuatro factores descritos. Ello como una forma de delimitar los potenciales espacios para el desarrollo de un cambio institucional, a partir de los procesos de negociación que puedan desplegar los diferentes agentes que tienen participación en la distribución, explotación, gestión y regulación de los recursos hídricos disponibles en la cuenca del río Copiapó. De este modo, se buscó visualizar una política pública, pudiese facilitar el cambio institucional, disminuyendo sus costos de transacción, cambio e implementación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El territorio en cuanto espacio de interacción socioambiental representa, además, aquel espacio sobre el cual se levanta el Estado y se valida el poder del ordenamiento jurídico. En el actual contexto mundial, emerge como objetivo común a los Estados alcanzar el desarrollo sostenible, ello ha motivado una serie de transformaciones en los enfoques con los que los Estados debieren concebir los instrumentos de gestión y política pública. El objeto de la presente investigación es examinar a la luz de los requerimientos de la sustentabilidad la categorización de territorio existente en nuestro ordenamiento jurídico. Por medio del análisis de los mecanismos e instrumentos de los cuales se ha dotado el Estado Chileno para la afectación de su territorio se constata las deficiencias del modelo adoptado, que carente de una visión integral, es caracterizado por ser una normativa dispersa, incompleta, vertical y centralista, resulta ser totalmente inadecuado para lograr el desarrollo sostenible, lo que hace imperativo avanzar en la concreción de un instrumento de Ordenación del Territorio que permita equilibrar las actividades económicas con los equilibrios ecosistémicos que permiten nuestra existencia.

Ingeniero Civil Industrial / Desde su creación formal en el año 2000, el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) ha desarrollado Acuerdos de Producción Limpia (APL) con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de las empresas a través de la definición de metas y acciones específicas , generando mejoras en medioambiente, eficiencia y sociales de las empresas clientes desde entonces. Sin embargo actualmente la falta de un sistema de gestión de información que esté a su nivel, además de mayores responsabilidades desde el 2017 han dejado espacio para buscar y generar mejoras a la institución. Estas mejoras deben estar a la altura de las circunstancias que se podría enfrentar la futura agencia, adoptando una actitud proactiva que aporte visión a posibles problemáticas y dando solución con metodología de confianza, por esto el uso de la ISO 17.065:2013 como pie para generar mejoras resalta por considerar el enfoque de la compañía y sus objetivos. Un análisis de brechas tomando como base dicha norma técnica arroja numerosas problemáticas desde diferentes áreas, por lo que la clasificación en áreas y una verificación junto al Consejo resulta beneficioso para saber dirigir los esfuerzos de este proyecto. Dado que los recursos son limitados, se decidió atacar aquellas brechas que resultarán de mayor impacto y necesidad para CPL, identificándose estas en las áreas de Procesos APL y Sistemas de Gestión . Llevados desde un punto de vista de un KPI ponderado en base a esas necesidades ICN (Indicador de Cumplimiento de Normativa) es que estas dos áreas, junto con los artículos que muestran conformidad inicial a la normativa, abarcan un 80,6% del cumplimiento de la norma. Desde el punto de vista de los procesos, se generaron rediseños a la estructura de la evaluación de conformidad, además de procesos totalmente nuevos como lo son Quejas y Apelaciones y Finalizar, Reducir o Mantener Certificación . Los procesos mencionados anteriormente cumplen con un 17,5% del ICN. Por otro lado, en el ámbito de Sistemas de Gestión, se desarrollaron procesos y un manual de calidad que abarcan un área totalmente nueva para CPL. En conjunto estas soluciones abarcan la totalidad esperada, siendo un 35% del ICN. Por ende las dos soluciones sumadas a la condición base (23,1%) dan como resultado final un 75,66% del ICN.

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / Una de las principales necesidades de la humanidad en la actualidad corresponde al acceso a electricidad. Son muchas las comunidades rurales que carecen de este servicio y las energías renovables se presentan como una solución para esta situación, principalmente por la autonomía que puede entregar a las comunidades asiladas de la red de energía eléctrica. En este tipo de soluciones debe ser considerado que implementar tecnologías de generación eléctrica conlleva un cambio en las comunidades, que debe ser tratado en conjunto con el desarrollo de proyectos de electrificación rural. El objetivo de este trabajo fue diagnosticar la capacidad de autogestión de una comunidad rural para el desarrollo de un proyecto de micro-red con energías eólica y solar. Luego se propone un sistema de autogestión, el cual pretende contribuir a que la comunidad sea responsable del sistema de energización de forma que éste sea sustentable en todas sus dimensiones (social, económica, ambiental, tecnológica e institucional). En esta investigación se consideró información sobre la localidad, tanto del territorio como de las características de la comunidad, utilizando información secundaria. Para conocer la situación actual, se utilizó información primaria que consistió en entrevistas a actores claves, habitantes del lugar y ejecutores del proyecto de Electrificación Sustentable Cóndor (ESUSCON), de similares características que el proyecto que se realizará en la localidad de Ollagüe. Igualmente se obtuvo información en una entrevista grupal con la comunidad en la cual se construyeron mapas de relaciones en las dimensiones sociales, institucionales y ambientales. El análisis de esta información permitió caracterizar a la localidad como también determinar las potencialidades y barreras para el desarrollo del proyecto, proponiendo finalmente un sistema autogestionado que ayude al funcionamiento del sistema eléctrico según las características de la comunidad. La comunidad tiene capacidad para desarrollar un proyecto de micro-red autogestionado, pero debe contar con apoyo para adaptarse al cambio que implica su implementación. Se propone entonces un sistema de autogestión que considera dos etapas: una de marcha blanca, con un sistema hibrido el cual considera la participación de la comunidad y la municipalidad y una segunda etapa, definitiva, que considera un sistema completamente comunitario. / One of principal needs of the humanity at present corresponds to the access to electricity. Even when this show like a first order needs, a lot of rural communities do not have this service. The renewable energies appears like a solution to considerer for those communities in this situation, mainly because it can deliver some autonomy to communities far away for the electricity injection points. In these kinds of solutions must be considered implement technologies implies a change in the communities that must be threatened altogether with innovator projects. The purpose of this work was diagnosing the “self-manage” capability of a rural community for the development of a micro-grid project, with photovoltaic panels and wind turbines. Then, propose and “self-manage” system which pretends to help the community to be responsible of the energization system in order to be sustainable in all its dimensions. In this investigation was considered information about the locality, much of the territory and the community’s characteristics, using second-hand data .In order to know the current situation, it was used primary information consisted in interviews to stakeholders, locals and executors of ESUSCON project, of same characteristics of the project to be held in Ollagüe. At the same way was obtained information of a workshop with the community where they built relation maps in social, institutional and environmental dimensions. The analysis of this information allowed characterizes not only the locality, but also determine the potentialities and barriers of the locality for the development of the project, proposing finally a “self-managed” system to help the functionality of the electric system according to the community’s characteristics. Finally it was found the community has the capability to develop a “self-managed” micro-grid project, but must be count with support to adapt to change that implies the development of this. Based on the foregoing, it proposed a self-manage system which considers two steps, one of “commissioning” with a hybrid system, and the second step, final, which consider a whole community system.

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Tesis (magister en derecho ambiental) / Hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, las Normas de Calidad eran una materia poco promovida y escasamente monitoreada. Sin embargo, los nuevos énfasis regulatorios, que la anterior y actual administración han impulsado respecto a la dictación de normas de calidad relativas al recurso hídrico, han traído como resultado la existencia en la actualidad de 14 expediente de elaboración de normas. Lo anterior sumado a la entrada en vigencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, hacen necesario (re)tomar el tema de las normas de calidad, desde la arista de su fiscalización y monitoreo. La Superintendencia del Medio Ambiente fue ideada como el brazo fiscalizador de la nueva institucionalidad ambiental, entregándosele la potestad exclusiva de sancionar los incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental regulados por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, creando para éstos fines la herramienta subprogramación de las actividades de fiscalización ambiental para los distintos instrumentos bajo su tutela, sin considerar en forma expresa dicha herramienta para Normas de Calidad Ambiental, lo que se esboza como un inconveniente a la hora de su fiscalización. Por otra parte, si bien la Superintendencia tiene por ley la fiscalización de las Normas de Calidad y demás instrumentos de gestión ambiental, existen variadas interrogantes de como, en la práctica, serán ejercidas la potestad fiscalizadora, y sobre toda la sancionadora, dado que todo el modelo fiscalizador-sancionador creado por el legislador se enfoca en la corrección de conductas por parte de sujetos regulados, tanto en forma punitiva como de promoción al cumplimiento, y no en la verificación del cumplimiento de instrumentos que no cumplen con esta figura. En otras palabras, en virtud de las características de fiscalización y sanción ambiental el modelo fiscalizador-sancionador en ejercicio no sería idóneo de ser aplicado sobre instrumentos que no presenten un sujeto, natural o jurídico, privado o público, plenamente identificado, como son las Normas de Calidad. ¿Cómo fiscalizar un instrumento que no tiene sujeto fiscalizador?, ¿Cómo encajan las Normas de Calidad en el modelo fiscalizador-sancionador?, ¿Cómo, en la práctica, pueden ser fiscalizadas?. Éstas, entre otras cuestiones, serán abordadas en la presente Actividad Formativa Equivalente a Tesis, mediante la identificación y análisis de los potenciales conflictos detectados 5 en el nuevo esquema de fiscalización que la reforma ambiental ha planteado para estos instrumentos de gestión ambiental, a modo de proponer soluciones que ayuden en la práctica a ejecutar de forma eficiente y coordinada dicha tarea. Para lograr lo anterior se indaga en la naturaleza tanto de las normas de calidad, como de los instrumentos de política pública llamados a resguardar el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como también el origen y sentido del nuevo modelo fiscalizador-sancionado, encabezado por la Superintendencia del Medio Ambiente y su relación con otros organismos del Estado llamados a colaborar con dicha función. Se investiga respecto a las distintas aristas que implica la aplicación del modelo fiscalizador-sancionador sobre las Normas de Calidad Ambiental, revisando aspectos legislativos-administrativos, políticos y prácticos para los distintos organismos involucrados en la dictación y fiscalización de dichas normas, para concluir que la aplicación de las distintas herramientas y procedimientos propuestos por el legislador respecto a la fiscalización de las Normas de Calidad, genera una desviación al propósito último del modelo diseñado en la ley, impidiendo que éste actúe en forma eficaz y eficiente respecto a eventuales incumplimientos ambientales (superación de límites máximos permitidos) y en una ineficacia absoluta respecto a la implementación de los incentivos al cumplimiento. Por otra parte, se identificaron una serie de inconvenientes para la ejecución de las actividades de fiscalización, debido que la ley no entrega explícitamente la herramienta de encomendación en lo referido a las Normas de Calidad. En vista de los antecedentes revisados, se identifica como necesaria una modificación a la Ley N° 20.417, en el sentido de excluir de los instrumentos de gestión ambiental de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente a las Normas de Calidad. No obstante lo anterior, se explora también una solución alternativa referida a utilizar elementos normativos existentes, en particular lo referido a los artículos 3° literal ñ) y 16° literal g) de dicha ley, los que permitirían a la Superintendencia la creación de subprogramas de fiscalización para éstos instrumentos, de manera tal que pueda encomendar sin impedimentos actividades de fiscalización ambiental tanto, a organismos sectoriales ya contemplados en las normas vigentes, como a otros involucrados en normas futuras de diversas índoles