Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo corresponde a una investigación jurisprudencial sobre las sentencias dictadas por la Corte Suprema en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2009, respecto de la aplicación del inciso 1° del artículo 62 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Tiene como objetivo encontrar una voz unificadora y uniformadora de la aplicación de la norma a cada caso o modelo de relación, es decir, una correlación sistematizada entre los tipos de casos y la resolución emitida por la Corte Suprema. Para cumplir este objetivo se establecieron tres etapas metodológicas: la primera consiste en la búsqueda de las sentencias a analizar; la segunda corresponde a la elaboración de fichas de las sentencias escogidas, las cuales se analizaron con la finalidad de establecer qué criterios -tipificados y no tipificados por el Artículo 62 de la Ley en estudio- influyeron en la decisión del Tribunal; y la tercera, corresponde a la sistematización de la información y elaboración de conclusiones generales, etapa que constituye el documento de tesis propiamente tal. Habiendo utilizado la metodología descrita, se establecieron una serie de observaciones y conclusiones respecto de la conducta del Tribunal en el estudio de cada elemento. Sin embargo, se logró establecer solo parcialmente una estructura sistematizada de situaciones de hecho y su respectiva resolución.

Memoria (licenciado en ciencias juridicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Durante los años 1973 a 1990 se instauró en nuestro país un régimen militar. En tal período, se producen una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en Chile, quien ha reconocido su responsabilidad principalmente en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como consecuencia de tales violaciones, los familiares de las víctimas han presentado numerosas demandas por indemnización de perjuicios por los daños causados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos. Ante tal escenario, los tribunales superiores de justicia han adoptado por declarar la acción prescrita, aplicando las normas civiles por tratarse de una acción de naturaleza patrimonial, no dando lugar a la indemnización de perjuicios; o bien, por aplicar las normas de derecho internacional declarando la imprescriptibilidad de este tipo de acciones dada la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Nuestro análisis se basará en la procedencia de las normas civiles de prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual de Estado de Chile por los ilícitos cometidos en el período del régimen militar, fundado en el estudio de sentencias de la Corte Suprema, especialmente durante el año 2009. La elección del año estudiando se basa en que durante ese período, la Corte Suprema falló nueve litigios de hechos similares relacionados con el tema que convoca nuestra memoria. Dentro del universo de sentencias recopiladas y posteriormente extractadas, no fue posible encontrar fallos atingentes además de los seleccionados

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida en el artículo segundo de la Ley Nº 20.417, y el Decreto Supremo Nº 30, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013 regulan una serie de instituciones denominadas genéricamente como mecanismos de incentivo al cumplimiento. Estas son la autodenuncia, el programa de cumplimiento y el plan de reparación. Estos mecanismos pueden ser definidos como todas aquellas regulaciones contempladas en la Ley Nº 20.417 que tienden al cumplimiento voluntario y cooperativo de las obligaciones medio ambientales que emanan del ordenamiento jurídico, cuya presentación y activación estará a cargo de los infractores o de terceros y que contemplen beneficios para el infractor establecidos legalmente, de forma tal que el costo de incumplir sea mayor al de cumplir con las normas vigentes, y que tengan por finalidad última el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Esta memoria tiene como propósito realizar una sistematización de la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación. Para ello se revisará la historia de la Ley Nº 20.417, las observaciones a la propuesta de reglamento que fue sometido a consulta pública, el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, además del análisis de 31 procedimientos sancionatorios iniciados ante la Superintendencia del Medio Ambiente durante el año 2013 en los que se presentaron programas de cumplimiento. Todo este estudio tiene como finalidad aprobar o rechazar la hipótesis central de esta memoria, cual es que su regulación es insuficiente para cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, lo que dificultará su utilización por la comunidad regulada y aplicación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, también se analizan las contribuciones e idoneidad en la promoción del cumplimiento ambiental como efectos positivos de su establecimiento, como punto de partida en un cambio de paradigma que supone la diversificación de enfoques, antes centrados solo en la sanción, pero que con estos mecanismos también se amplían hacia un estado anterior: la prevención del incumplimiento