El proceso de alimentos en nuestro país son materia de todos los días llegando a abordar demasiado tiempo, dinero y sobre gastos innecesarios que perjudican el bien jurídico protegido que es el interés superior del niño. La omisión a la asistencia familiar, es un delito que exige dolo. Por otro lado recurrir a un proceso penal requiere de los principios de última ratio y subsidiariedad, por ello para facilitar y coadyuvar al juez dentro del proceso de alimentos a probar el dolo del obligado, es necesario establecer mecanismos que ayuden a efectivizar los proceso de alimentos en menor y también la subsidiariedad de los procesos de omisión a la asistencia familiar, afirmando que el objetivo de todo esto es comprobar no solo por única omisión del obligado, sino determinar completamente y de forma continua el dolo del padre alimentista, de no querer prestar alimentos a su menor hijo, además de ello se busca la protección al menor.

Actualmente, el incumplimiento de una prestación alimentaria señalada mediante resolución judicial atribuye la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sin embargo, la persecución penal de la mencionada conducta ha resultado ser ineficaz, pues la excesiva carga procesal y fiscal, la demora del proceso y el incumplimiento de la pensión alimenticia en la vía penal ha generado la desprotección del bien jurídico del alimentista, por ello, la necesidad de optar por la implementación del apremio corporal, una medida de solución donde se retiene a la persona deudora alimentaria por un período de tiempo hasta el cumplimiento de la pensión de alimentos sin tener que recurrir a la vía penal, pues el Juez de Familia o de Paz Letrado, se encargará de emitir la orden de apremio.

The purpose of this legal article is to demonstrate how to be required in an absolute manner and without establishing parameters, or exceptions to compliance with the special requirement contained in article 565-A of the TUO of the Civil Procedure Code, that is, "to demonstrate to be up to date in the payment of alimony ”, whoever wants the court to extinguish a maintenance obligation to which they are obliged, violates their right to effective judicial protection, for the purposes of developing the issue it will be established that they are understood as a right to judicial protection effective and the regulatory framework in which it is developed, it will also be taken into account that it is understood by the right to food and who is obliged to grant it, and then carry out a specific analysis of the specific causes on which the claim can be sustained. of exemption of alimony, which are established in article 483 of the Civil Code, as are the s following; due to the material inability to continue fulfilling said obligation on the part of the obligor, in such a way that demanding such fulfillment puts his own subsistence at risk; for having disappeared the state of need of the obligee and finally when the obligee reaches the age of majority. Once each specific cause has been established, the parameters or exceptions for the application of said special requirement will be established at the time of qualifying the claim, and the judge must in any case via diffuse control, make the right to effective judicial protection prevail against a formal requirement that limits access to the defendants even a statement on the merits after carrying out a judicial process where the minimum guarantees are met to verify and establish on the foundations of the claim. / El presente artículo jurídico tiene por finalidad demostrar como el exigir de manera absoluta y sin establecerse parámetros, ni excepciones, al cumplimiento del requisito especial contenido en el artículo 565-A del T.U.O del Código Procesal Civil, esto es “demostrar estar al día en el pago de la pensión de alimentos”, de quien pretenda que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para efectos del desarrollo del presente trabajo, se busca establecer, que se entienden por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco normativo en el cual este se desarrolla. Asimismo se analiza que debemos de entender por derecho a alimentos y quienes están obligados a otorgarlos, realizando un análisis en concreto de las causales especificas en las cuales se sustentan la pretensión de exoneración de alimentos, establecidas en el artículo 483° del Código Civil, como lo son las siguientes; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Siendo que una vez fijadas cada causal se establecerá cuáles son los parámetros o excepciones para la aplicación de dicho requisito especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, deberá hacer prevalecer el derecho de carácter constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, frente a un requisito formal que limita el acceso a los justiciables aun pronunciamiento de fondo llevado a cabo en un proceso judicial donde se cumplan las garantías mínimas para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

El presente trabajo académico, en el que se está aplicando el método analítico, tiene los siguientes objetivos: a) Explorar y analizar las razones por las que se da el incumplimiento de las sentencias de alimentos por la parte demandada b) Analizar si en los casos de incumplimiento de las sentencia, el principio de tutela jurisdiccional efectiva se concretiza. En ese sentido, luego de analizar los procesos de alimentos en el Perú, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, su relación con la etapa de ejecución y como es que afecta la problemática de la ejecución de sentencias de alimentos en la efectivizacion del principio de tutela jurisdiccional efectiva, se ha podido concluir que la modernización de un Poder Judicial, que incorpore herramientas de tecnología en el desarrollo de sus funciones para poder facilitar al obligado la entrega de la pensión de alimentos consignándose en certificado de depósito es esencial para no entorpecer este proceso. Es por eso que, se sugeriría estandarizar el uso de certificado de depósito judicial electrónico únicamente en los supuestos de entregar la pensión directamente al juzgado (presentando el certificado de depósito judicial) y, asimismo, estandarizar el uso de mesa de partes electrónica en estos casos, para que los actos procesales se den en el menor tiempo posible, respetando el plazo razonable. Todo esto, para evitar que el principio de celeridad procesal se vea afectado, siento este el punto de origen, de la afectación al principio de tutela jurisdiccional efectiva