Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La histórica política de prohibición en materia de drogas ha sufrido un fuerte cuestionamiento desde hace unos cuantos años. Los objetivos que las normas internacionales tales como la Convención Única de 1961, la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, no han logrado dar con el sueño de “un mundo libre de drogas”. En contraste de dichos objetivos, cada vez son más quienes sufren el flagelo de las drogas, más el número de muertos, más el número de enfermos. El narcotráfico en tanto ha logrado permear en las estructuras de poder de muchas sociedades, con un negocio tan lucrativo, ha logrado sortear las dificultades que la comunidad internacional le ha puesto. La Guerra contra las Drogas tenía como objetivo erradicar la oferta de estas sustancias, pese a ello, los únicos realmente afectados son los eslabones más bajos del negocio, personas de orígenes marginales que resultan ser una víctima más del conflicto. Así y todo, la comunidad internacional esta empecinada en seguir con la lógica prohibicionista, sumando cada vez más dinero a métodos que no han probado ser efectivos, sin preocuparse del problema de fondo, la salud de las personas. Una forma de evaluar dichos métodos es mediante el análisis económico del derecho, probar que la guerra es ineficiente podría ser el punto de inicio a nuevos métodos, como la regulación. En este sentido, Uruguay es el primer país del mundo en dar la espalda a la política prohibicionista, optando por regularizar el cannabis, convirtiendo a dicha sustancia en el caballo de batalla de quienes optan por regularizar el consumo de drogas. ¿Y Chile? Chile posee altísimas tasas de consumo de marihuana, y viendo el panorama internacional, es hora de replantear nuestras políticas a modo de enfrentar con métodos efectivos y eficientes el problema con las drogas. Palabras clave: políticas públicas, guerra contra las drogas, prohibición, criminalización, regulación, cannabis, eficiencia, análisis económico del derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley N° 20.000 regula el microtráfico de estupefacientes por primera vez en nuestra historia legislativa, marcando uno de los hitos más importantes en lo que a este tipo de delitos respecta, por cuanto introduce un elemento especializante que permite aplicar una pena menor a quien trafica con pequeñas cantidades de droga. Sin embargo, la figura ha sido objeto de muchas críticas por parte de la doctrina y la jurisprudencia debido a que, el legislador, en un afán por no limitar el tipo penal a cierto gramaje, dejó a discrecionalidad de los jueces la determinación de qué debe entenderse por “pequeña cantidad”, lo que se ha traducido en interpretaciones dispares a lo largo y ancho del país. De manera introductoria, a las dificultades de delimitación del tipo penal y el estudio acucioso -pero no acabado- del microtráfico, se dedicó buena parte de la presente investigación. No obstante, la principal motivación fue estudiar la droga que, en el contexto de este delito, ha generado mayor número de consumidores infractores: la marihuana. Al ser la droga más consumida y vendida en Chile -luego del alcohol y el tabaco-, se estimó necesario analizar los factores asociados a su consumo y venta, con miras a lograr una comprensión de dichos fenómenos, develar las falencias de las políticas criminales que se han erigido en torno a ellos, e intentar esbozar un nuevo modelo normativo para abordarlos. Para el cumplimiento de dichos objetivos se utilizó como eje el Paradigma Multivectorial Integrativo propuesto por el profesor Marco González Berendique y, a través del estudio de los vectores Delincuente, Víctima, Situación, Factores Micro y Macrosociales y Reacción Social Formal e Informal, se desarrolló un análisis criminológico que permitió comprender el fenómeno delictivo y entender la urgencia de implementar medidas de reducción de daños en las políticas de drogas del país. / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 12/07/2019