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Tesis para optar al grado de Magíster en Historia / El objetivo principal de la tesis que se presenta a continuación es reconocer las estrategias culturales y políticas, expresadas en los parlamentos, mediante las cuales los grupos pehuenches del siglo XVIII lograron mantener su particularidad como entidad social, pese al doble proceso de transferencias culturales del que participaron dichas agrupaciones: desde los hispanocriollos, por un lado y por el traslado de los mapuches del valle occidental hacia el este, por el otro. Lo anterior se indagará por medio de la consulta de fuentes manuscritas e impresas, específicamente diferentes documentos escritos desde fines del siglo XVII y hasta principios del XIX, haciendo énfasis en las actas de los parlamentos hispano-indígenas de la frontera del Biobío, efectuados entre 1726 y 1803. En dicho contexto, se propone que los pehuenches desplegaron determinadas estrategias culturales, evidenciadas en el control sobre ciertos recursos claves, tales como ganado, sal y ponchos, además del conocimiento del territorio, lo que les permitió mantener su particularidad como grupo étnico. Dichas variables fueron aprovechadas para posicionarse de manera preponderante dentro de las relaciones interétnicas que se desarrollaron en el mundo fronterizo araucano del siglo XVIII y que se reflejan en las estrategias políticas desarrolladas en los parlamentos efectuados durante el último siglo colonial. Su movilidad y conocimiento de las rutas y pasos transcordilleranos fueron claves culturales que dicha agrupación aprovechó para acceder, tanto a los flujos comerciales fronterizos y controlar el acceso hacia las salinas orientales, como para formar alianzas políticas con los españoles. A partir de las variables mencionadas, se concluye proponiendo una cronología para las relaciones hispano-pehuenches en el siglo XVIII, desglosada en cinco momentos claves que caracterizaron dicha relación interétnica y donde se aprecian los cambios acaecidos a lo largo del período analizado.

Magister en hábitat residencial / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo

Memoria para optar al título de Arquitecto

Sociólogo / Lo ambiental y lo indígena, son dos dimensiones de conflicto social y discusión pública que se han instalado en el Chile neoliberal para quedarse. Las razones son múltiples. Por un lado, transformaciones sociales, culturales y políticas ocurridas a nivel mundial durante los últimos cincuenta años han puesto en el primer plano una serie de movimientos sociales diversos, portadores de problemáticas sociales parciales –en contraposición a los partidos- y que coexisten en un espacio plural, y muchas veces atomizado, de contestación o crítica del orden social y la cultura. Por otra parte, en el Chile de la globalización neoliberal, se ha implantado desde hace un cuarto de siglo el llamado modelo de diversificación de exportaciones –la fórmula mágica para integrarse a dicha globalización- que implica y depende entre otras cosas de la explotación a gran escala de recursos naturales renovables y no renovables por industrias extractivas así como por la agroindustria exportadora. La expansión urbana y los megaproyectos energéticos y de infraestructura asociados a este modelo de industrialización tardía, terminan de dibujar un escenario de vertiginosas transformaciones geográficas, sociales, culturales y políticas de los espacios rurales que habían permanecido durante largo tiempo al margen de la llamada modernización. La única eventual piedra de tope que pudiera vislumbrarse para este proceso –además de un colapso ambiental- son justamente los movimientos sociales o ciudadanos que, por ahora desde sus ámbitos parciales, eventualmente se resisten a las transformaciones de los planificadores, por considerar que atentan contra la vida, los derechos humanos o los intereses fundamentales de quienes son sus miembros. Pero eso no es todo: estas transformaciones –destinadas a poner determinados recursos a disposición del mercado global- son consideradas por estos movimientos, sean “ambientalistas” o “indigenistas”, como profundamente injustas, pues conllevan la usurpación de los humildes, de los comunes, en manos poderes abusivos- y esto aún tratándose de bienes difusos, como es el caso de los patrimonios medioambientales y culturales. Así, de un tiempo a esta parte, cada vez que se reivindican derechos o patrimonios colectivos, ya sea desde el mundo indígena o desde algún frente medioambiental, se invoca este nuevo discurso común de radicalidad social, discurso que va encadenando luchas parciales que trascienden así el simple conflicto puntual de intereses y pasan a formar parte de movimientos sociales que se perfilan políticamente, con expresiones discursivas y orgánicas que apuntan, a través de problemáticas locales o parciales, a la institución global de la sociedad: al orden social injusto y la cultura alienada. El llamado conflicto Ralco pareció en su momento involucrar dos perspectivas o expresiones de este nuevo radicalismo social. Por primera vez “ambientalismo” e “indigenismo” articulados en un frente común contra intereses políticos y económicos de gran envergadura, se instalaron durante algunas semanas en el centro del debate público, suscitando la solidaridad y apoyo de amplios sectores de la sociedad. A pesar de ello, tres años después el embalse se inundó y ello bajo el manto de un aparente consenso social en torno a él. La pregunta que da inicio a nuestra indagación es entonces cómo los poderes que impulsaron la mega inversión –transnacional y Estado- lograron configurar en el tiempo un escenario de consenso, propicio a sus intereses, a partir de un disentimiento inicial fundamental y de fuerte carga política por parte de las comunidades indígenas afectadas y amplios sectores sociales. Según postulamos acá, este seudo consenso que de hecho constituye la base política para la ejecución del proyecto, se montó sobre un trasfondo de agresiones psico-sociales sistemáticamente ejercidas contra las agrupaciones indígenas locales que se resistían inicialmente al megaproyecto. En una etapa ulterior del conflicto, aquel grupo minoritario que -habiéndose sustraído de alguna manera a las agresiones psicológicas de la empresa- pretendió realizar su propia contraofensiva, fue cooptado por agencias mediadoras funcionales a las instancias de resolución de conflictos diseñadas desde el Estado. Claro está que la “guerra psicológica”, el chantaje y las manipulaciones más escabrosas son pan de cada día en todo tipo de conflictos económicos y políticos, pero en Ralco adquieren la gravedad de agresiones etnocidas, toda vez que apuntan a la desarticulación de una sociedad minoritaria, oprimida colonialmente al interior del Estado chileno. Pero cuando decimos que se cometió un etnocidio o genocidio cultural, es decir un crimen en contra de las comunidades Mapuche-Pewenche del Alto Biobío y en contra del pueblo Mapuche en general, necesariamente debemos apuntar a un criminal, un culpable. ¿Endesa, con complicidad del Estado? Pero estas entidades están formadas por personas ¿quiénes son entonces responsables y quiénes no? ¿Cuáles funcionarios, profesionales, agentes, actores políticos, activistas, incidieron realmente en los acontecimientos? ¿Existieron infiltrados o conspiraciones? ¿Son culpables aquellos que dejaron (o dejamos) hacer? Surge la pregunta por la propia responsabilidad. Surge la pregunta por la responsabilidad de todos y cada uno. Es necesario entonces aclarar que no es el propósito de este estudio establecer culpabilidades, no tenemos la prerrogativa, pero fue inevitable que el estudio tomara forma de denuncia. Nuestro principal esfuerzo se dirige aquí a elucidar, a través del conflicto Ralco, las dinámicas institucionales que hacen posible, en la era de la globalización neoliberal, la dominación de la sociedad estatal chilena sobre sociedades colonizadas al interior del Estado -los llamados pueblos indígenas- y esto con la esperanza de que un mejor conocimiento sobre éstas dinámicas permitirá en el futuro establecer oportunamente responsabilidades, partiendo por las propias, en nuevos episodios de agresión colonial y genocidio cultural. Así se ampliarían las posibilidades de que movimientos sociales más amplios puedan ejercer una defensa articulada de sus patrimonios y derechos colectivos, develando y combatiendo las injusticias que, en el nuevo milenio, han cambiado sus formas para persistir.

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El proyecto de un planteamiento real y de una problemática que por siglos a estado presente en el desarrollo de los pueblos hispanoamericanos. El gobierno y la administración pública en territorios con una fuerte carga étnica cultural propia de los pueblos originarios.