En esta oportunidad se realiza un análisis descriptivo y crítico sobre la novedosa institución procesal de las convenciones probatorias en la justicia penal peruana, específicamente, en lo establecido en el Código Procesal Penal del 2004 y el Decreto Legislativo N.° 1194 (Proceso Inmediato). Para ello, en primer lugar, se presenta la tendencia simplificadora del proceso penal o desformalización judicial como solución eficaz contra la criminalidad en sociedades postindustriales. Luego, abordando la teoría de la prueba, son explicados los hechos notorios y en qué circunstancias del proceso penal no serán necesarios presentar prueba alguna. Después de este examen, se coteja si realmente la naturaleza jurídica de estas convenciones es compatible con el sistema acusatorio, puesto que, sus orígenes se remontan al modelo adversarial de la justicia norteamericana, asimismo, se aborda las funciones, momentos y finalidades, para un mejor entender de esta institución. Por último, como forma de simplificación procesal examinaremos las convenciones probatorias en el proceso inmediato dejando sentado que el juez puede promocionar la aplicación de éstas entre las partes sin cuestionar su imparcialidad.

El supuesto de la condena del absuelto en el modelo del código procesal penal ha tenido diferentes posiciones sean favorables o perjudiciales por parte de los justiciables y de los propios jueces considerando que su aplicación podría afectar el derecho a revisar una sentencia desfavorable. Por lo que, el objetivo del presente trabajo está en relación primero a analizar si se afecta la pluralidad de instancia en la condena del absuelto y, en segundo lugar, determinar si el recurso de súplica, como supuesto teórico, se condice con la pluralidad de instancia. Por tanto, la posibilidad de revisión o reenjuiciamiento no necesariamente estriba en que este sea superior pues como hemos desarrollado, esta pluralidad puede cumplirse cuando se interpone un recurso en forma horizontal denominado “súplica” en el que se buscaría la doble conforme ya sea de absolución o condena.

Resulta viable que el juez de garantías lleve a cabo un control sobre la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, toda vez que no existen controversias que se encuentren fuera del control jurisdiccional. La presente investigación tiene como objetivo determinar que el juez de investigación preparatoria tiene facultades para llevar a cabo el control de la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria, cuando se advierta la vulneración al debido proceso, debida motivación y el plazo razonable, a través de la interpretación de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en aras de cautelar los derechos fundamentales. / Trabajo académico

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued. / Tesis

Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente. En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia. / This legal report analyzes three central problems addressed within Cassation 113-2017, Áncash, in the framework of the anticipated conclusion: 1) what role does the judge play when the parties have reached an agreement, 2) under what assumptions the judge can reject such agreement, according to Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, and 3) what are the limits that the judge has when imposing a penalty higher than the agreed one. Therefore, this paper has concluded the following. Firstly, it has been established that the judge must play an active role when the parties have reached an agreement, within the framework of the anticipated conclusion, so the judge have to carry out a judicial control of such consensus in order to determine whether the agreement is in accordance with the law. Secondly, it is argued that although there is no express mention in Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, on whether the judge can reject the penalty agreed upon by the parties to impose a higher one, this power is implicit due to the requirement of the judge to impose a penalty in accordance with the principles of legality and proportionality. Finally, in the same line as the Supreme Court, we have concluded that the judge has 3 limits to take into account when imposing a higher penalty than the one agreed upon by the parties, which are linked to the respect for the principles of: legality, proportionality, accusatory and congruence

La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara afrenta de los principios procesales del modelo actual. En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad de la víctima.

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued.