El tema de investigación se encuentra circunscrito principalmente a dilucidar los principales aspectos del procedimiento de inmatriculación de predios en nuestro sistema registral y específicamente se centra en el análisis de la primera inscripción de inmuebles rurales en el Registro de Predios. La inmatriculación constituye el inicio del historial jurídico de un inmueble, el ingreso de una finca en el registro o el inicio de la vida e historia registral de las titularidades jurídicas referidas a un predio, por ende, contribuye de forma extraordinaria a publicitar titularidades jurídicas existentes y hacerlas oponibles a terceros de conformidad con la vocación del acto, a fin de su incorporación en el tráfico y el mercado de bienes inmuebles, lo que a su vez atrae múltiples posibilidades de comercialización y/o explotación económica. Asimismo, la inmatriculación permite identificar y modificar un bien, de modo que este sea definido bajo los estándares del registro y pueda ser saneado física y legalmente, lo que atiende a una necesidad de nuestra realidad social, la misma que se encuentra compuesta por predios urbanos y rurales que se encuentran fuera del Registro y que requieren del análisis y desarrollo de un procedimiento vital para el acceso al sistema registral con el fin de otorgar a los ciudadanos de un título de propiedad que permita: (i) la defensa del inmueble, (ii) la inversión y (iii) explotación económica sobre el mismo, entre otras

El presente informe buscará resolver, como incógnita principal, si fue adecuada la justificación brindada por la Sala Superior, para sustentar su decisión de declarar infundada la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta en el caso estudiado. Para estos efectos, este trabajo se sustentará en instrumentos normativos como la legislación nacional, doctrina y jurisprudencia. Concretamente, las principales fuentes que se emplearán se tratan del Código Civil, Código Procesal Civil, diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, doctrina, la Ley N° 29618, el Decreto Legislativo N° 1089, el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, entre otros. A lo largo de este informe, lo primero que advertiremos es que los errores en los que incurrió la Sala Superior, al emitir la sentencia de vista analizada, guardan relación con la indebida valoración de las constancias de posesión, que forman parte de las pruebas ofrecidas al proceso; así como la insuficiente motivación desarrollada en la sentencia expedida. Verificaremos, además, que el poco desarrollo jurisprudencial que existe sobre la materia en debate ha ejercido un rol importante en la formación de los criterios dispares de valoración probatoria que se ha presentado en el caso analizado, tanto en primera como en segunda instancia, respecto de las constancias de posesión ofrecidas como prueba posesoria. Finalmente, analizaremos también cómo es que el sentido del fallo expedido no solo se ha limitado a afectar los derechos a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones judiciales del prescribiente, sino que ha trascendido al plano material, generando que el demandante atraviese por la imposibilidad de recurrir a otras vías previstas en nuestro ordenamiento jurídico para poder formalizar y regularizar el derecho que ostentaría sobre el predio objeto de prescripción. / This report will seek to resolve, as the main question, whether the justification provided by the Upper Court was adequate to support its decision to declare unfounded the claim of acquisitive prescription filed in the case under study. For these purposes, this work will be based on normative instruments such as national legislation, doctrine and jurisprudence. Specifically, the main sources to be used are the Civil Code, the Code of Civil Procedure, various judgments issued by the Supreme Court and the Constitutional Court, doctrine, Law No. 29618, Legislative Decree No. 1089, Supreme Decree No. 032-2008-VIVIENDA, among others. Throughout this report, the first thing we will notice is that the errors made by the Upper Court, when issuing the judgement analyzed, are related to the improper evaluation of the proofs of possession, which form part of the evidence offered in the process, as well as the insufficient reasoning developed in the judgement issued. We will also verify that the lack of jurisprudential development that exists on the matter under debate has played an important role in the formation of the disparate criteria of evidential evaluation that has been presented in the case analyzed, both in the first and second instance, regarding the proofs of possession offered as evidence of possession. Finally, we will also analyze how the meaning of the ruling issued has not only been limited to affecting the rights to proof and to the due motivation of the prescribing party's judicial decisions, but has also transcended to the material level, causing the plaintiff to find it impossible to resort to other means provided for in our legal system in order to formalize and regularize the right that he holds over the property that is the object of the claim.

Durante los últimos años, las invasiones han dejado de ser un problema de formalización de la propiedad para convertirse en un fenómeno social con relevancia jurídica, que afecta no sólo bienes de particulares sino también bienes del Estado, en específico bienes de dominio privado, que lejos de tener un régimen especial de propiedad que los regule y proteja, a la luz de su singular naturaleza y finalidad, vienen siendo materia de litis en procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en los que se revelan problemas de posesión, inscripción registral, defensa judicial y extrajudicial y evidentemente de una carente política social de vivienda, que en conjunto forman parte del universo que la Ley 29168 pretende resolver. En ese sentido, podemos presentar dos justificaciones para la realización del presente trabajo: la primera, consiste en fomentar la adquisición de terrenos estatales de dominio privado a través de los mecanismos previstos por ley, evitando el uso de la vía judicial como canal de regularización de las invasiones; y la segunda, reside en desincentivar la invasión y el tráfico ilegal de terrenos, a través del tratamiento adecuado de la propiedad estatal frente a la prescripción adquisitiva, resulta entonces razonable postular si acaso ¿el tratamiento adecuado de la propiedad estatal y la coherencia normativa entre las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, respecto a los bienes estatales, constituyen la solución frente a la prescripción adquisitiva de los bienes estatales de dominio privado? y consecuentemente, contribuyen a la defensa del régimen jurídico de la propiedad estatal, en aras de evitar que, particulares se apropien indebidamente de bienes que pertenecen a todos, sin dejar de lado los problemas que subyacen en el tema y que en conjunto forman parte del universo que abordaremos en el presente trabajo.