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Representación de intereses ante el poder ejecutivo chilenoNicolai Manaut, Sofía 06 December 2018 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Internacionales / El año 2014 logró ser aprobada la primera ley de regulación del lobby en Chile. Dentro de sus principios se encontraba garantizar el derecho de los ciudadanos de hacer ver sus puntos de vista frente a las autoridades del Estado. A tres años de su entrada en vigencia, surge la duda de si la representación de intereses ante el poder ejecutivo chileno es equilibrada entre los distintos actores de la sociedad.
Esta tesis se enfoca en tres preguntas de investigación: (i) quién hace lobby ante el poder ejecutivo chileno, y cómo se distribuye; (ii) qué variables explican dicha distribución; y (iii) si los hallazgos del caso chileno son comparables con los de Estados Unidos y la Unión Europea.
Para responderlas se utilizan los datos otorgados por los registros de la Ley de Lobby, que por primera vez entrega acceso a información de las audiencias sostenidas por autoridades del Estado. A partir de esa información se construyó una base de datos con las cerca de 3700 audiencias sostenidas por ministros y subsecretarios entre noviembre de 2014 y diciembre 2016. Con dicha base de datos se desarrolló el análisis de distribución y sus variantes asociadas, para posteriormente realizar el análisis comparado de los hallazgos.
Los resultados obtenidos apuntan a un sistema de representación de intereses desigual en favor de grupos empresariales. Además, se observa que a nivel temático existe una mayor concentración de lobby en los ministerios de carácter económico. Estos hallazgos van en línea con la literatura desarrollada para el estudio del lobby a nivel legislativo en el caso chileno, y también para otros casos de estudio, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, no existe una participación equitativa entre los distintos actores de la sociedad, demostrando que las audiencias de lobby, como forma de acudir a las autoridades del Estado, no son una herramienta a la que todos los ciudadanos accedan por igual. / CONICYT (CONICYT-PCHA/MagísterNacional/2016-22161036)
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