Las mesas de diálogo han sido promovidas por un mandato internacional con el fin de solucionar los conflictos sociales originados por proyectos de desarrollo, como un procedimiento estricto, binario y estático de negociación económica con las poblaciones locales. La presente investigación analiza el caso de estudio de la Mesa de Diálogo de la provincia de Caylloma (MDPC), en la región Arequipa, como un teatro de la negociación, donde tanto los representantes del gobierno central y regional como las organizaciones locales y la Municipalidad Provincial de Caylloma escenifican el poder. La principal característica de esta mesa de diálogo es que los objetivos explícitos no responden a la agenda interna de negociación, la cual está conectada a la dinámica del contexto externo que se clasificó en tres fases: preelectoral (agosto a setiembre de 2018), postelectoral (octubre y noviembre de 2018) y cambio de mando (diciembre de 2018). Por un lado, el gobierno central y el gobierno regional tienen el objetivo subyacente de imponer su poder con la finalidad de ganar tiempo para garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo, entrampar la negociación económica y dar muestras de su poder sobre las poblaciones locales. Por otro lado, población local presentó diferentes objetivos subyacentes no unificados de resistencia, negociación y propaganda electoral del partido político Unidos por el Gran Cambio (UPGC), entre otros, que variaron con las fases contextuales. Se concluye que la MDPC no solo es un lugar de resistencia y negociación, sino que cumple también objetivos subyacentes que responden a un espacio externo contingente no planificado. En la escenificación del poder, se disputa el marco de interacción que se mantiene en constante cambio, por medio del despliegue de estrategias contingentes y tácticas de interacción sobre los elementos del teatro que se caracterizan por un escenario dinámico (interno, externo y glocal), espec-actores y un libreto intermitente. / The roundtables have been promoted by an international mandate in order to solve social conflicts caused by development projects, as a strict, binary, and static procedure for economic negotiation with local populations. The present research analyzes the case study of the roundtable in Caylloma Province (MDPC), in the Arequipa region. This space of dialogue was analyzed as theater of negotiation, where both, the representatives of the central and regional government as well as local organizations and the Provincial Municipality of Caylloma, impose their power. The main characteristic of this roundtable is that the explicit objectives do not respond to the internal negotiation agenda, which is connected to the dynamics of the external context that was classified into three phases: pre-electoral (August to September 2018), post-electoral (October and November 2018) and change of command (December 2018). On the one hand, the central and regional government have the underlying objective of imposing their power, in order to spent time to guarantee the continuity of development projects, trap economic negotiations and show their power over local populations. On the other hand, the local population articulated different unified underlying objectives of resistance, negotiation and electoral propaganda of the Unidos por el Gran Gambio (UPGC) political party, among others, which varied with the contextual phases. The main conclusion is that the MDPC is not only a place of resistance and negotiation, but also fulfills underlying objectives that respond to an unplanned contingent external space. In the imposition of power, the framework of interaction, that is constantly changing, is disputed through the deployment of contingent strategies and interaction tactics on the elements of the theater that are characterized by a dynamic scenario (internal, external and glocal), spec-actors and an intermittent script.

El objetivo del presente Trabajo es sistematizar los resultados de la gestión social desarrollada por la empresa minera Chinalco en la etapa posterior a la mudanza (posmudanza) del reasentamiento de la ciudad de Morococha. El proceso de reasentamiento empieza el 2006, con el anuncio de la empresa de financiar la reubicación de toda la ciudad como parte del desarrollo del proyecto Toromocho y de hacerlo teniendo como referencia los estándares sociales del Banco Mundial para el marco de compensación y restitución de activos. La mudanza empieza el año 2012, y en el primer año se mudan más del 90% de las familias beneficiarias del proceso. La presente investigación se centra en la gestión de los principales retos posmudanza: la implementación de los compromisos sociales de la empresa en la nueva ciudad y la culminación del proceso de mudanza de las familias que aún residen en la antigua ciudad. Adicionalmente, en esta etapa se empieza la negociación del Convenio entre los representantes de Morococha y la empresa, el cual busca definir la inversión social de la empresa para toda la vida útil de la mina. La investigación también analiza la trayectoria de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento de la Ciudad de Morococha, espacio de diálogo multiactor que juega un papel importante para el monitoreo del proceso. A octubre del 2022, se ha logrado mudar al 99.5% de las familias, no hay invasiones ni familias retornantes en la antigua ciudad y los cuestionamientos a la empresa no han devenido en una escalada de conflictos.

Debido a la importancia que representa la minería en la economía peruana, y tomando en cuenta el alto índice de conflictividad que se ha presentado en el Perú en la última década, considero que es trascendental comprender los procesos de transformación de conflictos sociales. En consideración a la situación descrita, del caso peruano, el desarrollo de esta investigación centrará su análisis en describir la aplicación de una estrategia de transformación de conflictos sociales aplicada en un contexto de latencia de un conflicto por un proyecto extractivo de recursos naturales.

Durante las tres últimas décadas, pese a las iniciativas de algunas gestiones municipales, el servicio de taxi en Lima ha pasado por un proceso progresivo de desregulación, dándole un carácter laxo y flexible. Como consecuencia, en la opinión pública se han construido prejuicios asociados al taxi de calle, siendo calificado como “desordenado e informal”. En este contexto, el ingreso de las aplicaciones de servicio de taxi a la ciudad de Lima ha supuesto un proceso disruptivo que merece ser analizado. En otros países de América Latina se han podido observar escenarios de conflicto entre taxistas tradicionales y las aplicaciones, manifestándose un antagonismo explícito a través de protestas, marchas e incluso expresiones de violencia. Sin embargo, pese a que la Lima posee alrededor de 200 mil taxistas, este escenario de conflicto parece no haberse repetido y, por el contrario, miles de taxistas “tradicionales” se encuentran hoy en día trabajando también en las aplicaciones. Frente a este caso anómalo con respecto a países vecinos de América Latina, la presente investigación tiene como objetivo indagar en esta aparente ausencia de conflicto entre “taxistas tradicionales” y taxistas de aplicación, profundizando en la naturaleza de las relaciones que se construyen en su lugar. En ese sentido, se encontró que “más allá de la aquiescencia y la rebeldía”, se ha dado un fenómeno al cual denominamos “integración conflictiva”, un proceso mediante el cual taxistas tradicionales y taxistas de aplicación se han integrado a partir del uso compartido de un mismo recurso: las aplicaciones; generando un escenario en donde estos coexisten. Así, al contrario de las resistencias expresadas en un antagonismo entre taxistas tradicionales y taxistas de aplicación, se ha propiciado el desarrollo preliminar de algunas expresiones de resistencia cotidiana en conjunto, las cuales les permiten subsistir frente a un escenario es percibido como adverso para el taxista limeño. No obstante, este proceso de integración no ha sido armonioso y, al entrar en interacción sujetos de trayectorias y experiencias tan diversas, se generan fronteras simbólicas, barreras invisibles que se expresan en estereotipos, prejuicios y burlas que limitan aún más la conformación de objetivos y agendas en común.

El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas.