Memoria para optar al título de Periodista / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El 28 de octubre en la mañana sonó el teléfono de César Rodríguez. Como todos los días, se encontraba en su oficina en Senadis (Servicio Nacional de Discapacidad), donde trabajaba en la sección de atención a público. Al mirar el celular, notó que la llamada correspondía a su amiga y compañera de ideales, María Isabel Cantillana (49). Era común que ambos conversaran durante la semana, sobre todo el último tiempo que Isabel había sido diagnósticada con un agresivo cáncer a la médula ósea. Una voz masculina y sombría respondió desde el otro lado y un escalofrío recorrió la espalda de César al intuír el motivo de aquella llamada. Se trataba de un pariente de Isabel, comunicando el fallecimiento de su amiga el día anterior. Se demoró mucho en reaccionar. Ni siquiera el bullicio de la calle Miraflores fue capaz de traerlo a la realidad. Una serie de imágenes cruzaron su mente: marchas, asados y reuniones con el resto de la organización que ambos integran. Tanto César como María Isabel forman parte de Vitachi (Víctimas de Talidomida en Chile), organización que desde el 2009 busca la reparación por parte del Estado por el daño cometido al permitir el ingreso y la posterior comercialización del medicamento Talidomida en el mercado. Dicho remedio, al ser ingerido por madres durante el primer trimestre del embarazo, daba como resultado el nacimiento de niños con extremidades inferiores y superiores más cortas de lo normal. Ambos se conocieron en esa cruzada, así como el resto de los treinta y nueve integrantes que conforman la organización. María Isabel siempre fue de las más entusiastas, organizando marchas y reuniones que no bajaran los ánimos pese a las constantes negativas que desde el 2009 reciben por parte del Estado chileno. “María Isabel murió sin poder tener justicia. Lo más chocante para todos, incluso para ella, fue que su enfermedad fue tratada con Talidomida, la misma que provocó la ausencia de unos de sus brazos. Así de fuerte… y ella falleció, esperando por años que el Estado se hiciera cargo”, cuenta César. La Talidomida ha sido uno de los medicamentos más controversiales de la historia. De origen alemán, la Talidomida fue creada en las dependencias de Chemie Grunenthal, importante cadena farmaceutica que hasta el día de hoy opera en todo el mundo. Fue producto al desastre que provocó a nivel global que fue creada la farmacovigilancia, concepto que promueve la seguridad de los medicamentos que son vendidos a la población. Además, se trata del primer medicamento en la historía que entregó indemnizaciones millonarias a sus víctimas por los daños físicos y sicológicos que dejó durante los años cincuenta y sesenta. En Europa, continente que congrega la mayor cantidad de víctimas, se crearon instituciones al servicio de las madres y de los niños afectados. Pese a ser uno de los países que comercializó el medicamento desde 1961, Chile se encuentra fuera de los conteos internacionales. Esa misma razón impide que se reconozca a las víctimas y que puedan participar de los beneficios de instituciones internacionales. El mismo Estado desconoce la existencia hasta la fecha de víctimas, pese a las evidencias que organizaciones como Vitachi han presentado en múltiples oportunidades a las autoridades de salud, en donde queda en evidencia la comercialización del fármaco que fue entregado en hospitales y centros médicos a lo largo del país. En la actualidad, Vitachi tiene en sus registros 38 víctimas, de las cuales, el 90% de ellas supera los 50 años. La mayor parte de los integrantes de la organización han tenido que costear prótesis, enfermeras y médicos para tratar dolencias asociadas a la discapacidad. Trámites, comisiones y reuniones. Compromisos de autoridades y vuelta a la negociación. Así como María Isabel, muchas de ellas quizás se marchen sin respuesta y sin justicia, esperando por parte del Estado una restauración que les permita vivir una vida con dignidad y tranquilidad. Una respuesta que lleva más de seis años esperando ser resulta. Una justicia que tres gobiernos no han podido resolver.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria para optar al grado de Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, tiene por objeto estudiar la posibilidad y los elementos materiales que permiten delimitar el engaño penalmente relevante en relación al delito de estafa. Este trabajo se compone de tres capítulos, los cuales tienen por objeto establecer los presupuestos dogmáticos generales del estudio, luego, las bases concretas de análisis del delito de estafa en particular y finalmente, la exposición de los parámetros bajo los cuales debe ser determinada la relevancia típica del engaño. En el capítulo primero, se trata la evolución reciente de la teoría del delito, sus distintas visiones y el estado actual de la cuestión. Asimismo, consta de una exposición de la victimodogmática y su contenido esencial, como también, de la victimología como antecedente de aquella. El capítulo segundo se refiere a los presupuestos esenciales de estudio de la estafa. En primer lugar, se analiza el rol del patrimonio como bien jurídico protegido por la norma y luego la significación o alcance de la voz defraudar en la legislación nacional. Finalmente, se esbozan de manera general los demás elementos del delito. En el tercer capítulo, se procede derechamente al estudio del engaño y su delimitación normativa. Se define que debe entenderse por engaño, los distintos tipos de engaño y las principales construcciones y tendencias que tiene por objeto la limitación del engaño por un lado, y la limitación de la responsabilidad del autor por competencia de la víctima. Finalmente, se postula un sistema de asignación de responsabilidad a la víctima, excluyente de la tipicidad de la conducta del autor, con especial referencia a los casos de víctimas estructuralmente débiles.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación se centra en la problemática de la valoración de la credibilidad del testimonio de una víctima de delitos de índole sexual, analizando las características del sistema y de la víctima en cuestión. Además recopilar las diferentes propuestas tanto jurisprudenciales como científicas en cuanto a los criterios que se deben seguir al momento de determinar la credibilidad. Por último, se plantea un Catálogo con diferentes criterios pretenden ser de ayuda para que el Juez pueda determinar y fundamentar si el relato es creíble.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se presenta un estudio acucioso acerca de la víctima como sujeto pasivo del delito y las distintas particularidades que presenta en el proceso penal. Para ello, se comienza realizando un análisis descriptivo del proceso penal, de sus fines más importantes, desembocando en la idea fundamental de que no es posible concebir ni entender a las normas procesal penales si no son capaces, en un Estado de Derecho, de restaurar la paz social quebrantada por el delito, y entregarle a la víctima un papel digno, propio del rol subsidiario que le compete al Estado, incluso por mandato constitucional. Posterior a ello, se estudia la normativa internacional y nacional en torno a las víctimas, con las diferencias que presenta entre los distintos Estados la visión del ofendido y de su participación en el proceso penal. Como corolario de ello, se dedican páginas al análisis de acerca de si la participación de la víctima ha sido beneficiosa o no para lograr procesos penales más justos y certeros en cuanto a la represión del delito y el restablecimiento de la norma. Finalmente, se analiza la reparación, como un elemento hermano de la pena, que intenta devolver a las víctimas a la situación anterior. Se concluye con un estudio a la institucionalidad de los “Acuerdos Reparatorios”, que el legislador de 2000 incluye en el Código del ramo. Sin lugar a dudas la participación activa de la víctima en el proceso penal genera beneficios, ya que esta no puede ser tomada como mero objetivo de prueba. Su papel, como preocupación del Estado, debe estar siempre orientado en torno a la idea de la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos humanos, vulnerados por el delito cometido. “Pensamos en la Inquisición evocando grilletes, hierros candentes, mazmorras y alaridos de dolor. Pero la esencia de la Inquisición no yace en esta idea del sufrimiento. La Inquisición consiste en perseguir almas descarriadas y el papel de los jueces consiste en descubrirlas para lograr la expiación del pecado. El derecho inquisitorio confunde al delito con el pecado y el proceso penal está teñido por esta falta de diferenciación. Hay dos maneras en que, por perseguir el pecado, el Derecho penal afecta seriamente nuestra dignidad; una es de fondo y la otra de forma. La persecución del pecado es esencialmente perfeccionista: lo perseguible criminalmente no consiste esencialmente en dañar a otro; la función de la coerción estatal debe dirigirse a castigar a aquellos que se apartan de ciertos ideales de excelencia. No castigamos el consumo de drogas, el menosprecio a los símbolos patrios o las exhibiciones obscenas porque ocasionen daños. Perseguimos estas acciones porque constituyen síntomas de espíritus aviesos, de actitudes pecaminosas. La condena no recae sobre el acto, recae sobre la persona desobediente. De esta premisa se sigue que la víctima carece de importancia; el delincuente no actúa contra sus congéneres, sino que desobedece a Dios. Este olvido del que sufre el daño priva al derecho de la misión de dignificar a la víctima a través de la condena del transgresor. Si el Derecho penal sirve para algo en una sociedad secular, este algo consiste en prevenir daños y, al suceder los daños, en devolverle a las personas el respeto requerido para ser sujetos morales plenos. El chantajeado, el violado y la persona transformada en cosa por la violencia merecen un remedio institucional redignificante. Este remedio es la condena penal lograda mediante la participación del ofendido en el proceso. Llamo a esta versión del derecho, ‘derecho protector’. En cambio, el ‘derecho perfeccionista’ no cumple esta misión” Jaime Malamud Goti

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por objeto analizar de que forma opera la figura del consentimiento en los delitos sexuales, en especial, su importancia en el delito de estupro, diferenciando su aplicabilidad del llamado perdón del ofendido, para establecer que rol juegan ambas instituciones en esta clase de delitos. Para lograr este propósito, analizaremos, primeramente, el desarrollo que ha tenido la figura del consentimiento en el Derecho Penal, abordando las dos principales posturas que la doctrina ha adoptado respecto a su ubicación sistemática en la teoría del delito. Paralelamente, se analizará la figura del perdón del ofendido, evidenciando que su análisis no se agota en las situaciones en que nuestra legislación lo menciona expresamente. Para luego analizar las principales implicancias que estas figuras tienen en los delitos sexuales en general. Por último, se hará un estudio de los aspectos generales del delito de estupro, y de las modalidades comisivas de éste, con el fin de determinar la relevancia que tienen las figuras estudiadas respecto de este tipo penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra surge a raíz de la identificación de un problema constitucional en el proceso penal: en nuestra Carta Fundamental se le garantiza a la víctima el ejercicio a la acción penal y nuestro Código Procesal Penal la recoge, a través del forzamiento de la acusación. Sin embargo, en la práctica, cuando el fiscal del Ministerio Público, sin haber formalizado la investigación, decide no continuar con la persecución penal, por medio del sobreseimiento o de la decisión de no perseverar, los tribunales nacionales han negado sistemáticamente a los querellantes deducir el forzamiento de la acusación. Con esta idea en mente nos propusimos encontrar una vía apropiada para facilitar la aplicación de dicha institución. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica de distintas fuentes relativas al tema, legales, jurisprudenciales, administrativas y doctrinarias. Como resultado, descubrimos las razones que fundamentan la posición predominante, dimensionamos su alcance y nos aventuramos con una reinterpretación de las normas que permita efectivamente la aplicación del forzamiento de la acusación, sea en presencia o ausencia de formalización previa

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho, mención derecho penal) / La presente investigación realiza un análisis del rol de la víctima en el proceso penal, centrado en el impulso que ha tenido el reconocimiento de este interviniente en el actual sistema, concretizado en los derechos que dispone como sujeto legitimado para obtener un derecho a un justo y racional procedimiento. De acuerdo a lo anterior, se examinan, en forma crítica, los derechos de la víctima y del querellante en el actual Código Procesal Penal, y asimismo, se revisa la interpretación que ha sostenido el Tribunal Constitucional, con el objeto de potenciar los derechos fundamentales de la víctima, y asimismo, los criterios que han sostenido los tribunales ordinarios de justicia en casos concretos sometidos a su conocimiento. Finalmente, se plantean conclusiones para arribar a una efectiva tutela de los derechos de la víctima como sujeto procesal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La evolución de la posición de la víctima en nuestro derecho procesal penal evidencia una tendencia privatizadora desarrollada al alero del discurso securitario. La atención prioritaria a las demandas de las víctimas en la política criminal, y la colocación de éstas en una posición preeminente en el sistema penal, conducen a la configuración de un ordenamiento jurídico que se contrapone a los principios de un derecho penal entendido como consenso ciudadano para la protección de intereses públicos en el contexto de una sociedad democrática.