L’étude de l’ordre urbain au XVIIIe siècle à Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne, contribue à comprendre comment la police, en tant que technique de gouvernement des hommes et des choses, contribue à améliorer la sécurité, l’approvisionnement et les commodités des habitants. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le bon ordre de la ville repose sur une différenciation socio-ethnique qui se lit aussi bien dans les règlements urbains que dans la séparation de deux Républiques : celle des Espagnols et celle des Indiens. Plusieurs corps, dotés de privilèges et de leurs propres gardes, jouent également tous à des degrés divers un rôle dans la construction de la paix urbaine. A partir des années 1760, sous l’impulsion de la Couronne et de savoirs policiers venus d’Europe, de nouvelles conceptions de l’ordre se font jour, portées par le vice-roi, le corregidor et les magistrats de l’Audience royale qui cherchent à réformer l’ordre corporatif traditionnel. A ce titre, la réforme de 1782 qui divise Mexico en cuarteles et barrios fait écho à la réforme madrilène de 1768. Elle débouche sur la création de nouveaux agents territorialisés, les alcaldes de barrio, figures de l’ordre qui s’imposent dans l’ensemble des grandes villes des Indes à la fin du XVIIIe siècle. Le mandat du vice-roi Revillagigedo (1789-1794) constitue assurément une nouvelle étape dans ces transformations des conceptions et des pratiques de l’ordre. En s’appuyant sur la troupe, qui s’implante durablement dans la capitale à partir de 1765, et sur un personnel policier nouveau, Revillagigedo fait de l’espace urbain un banc d’essai pour mettre en pratique des mesures novatrices, à l’image du système de l’éclairage public. Au terme d’un siècle de mutations qui ne sont ni linéaires, ni univoques, le paysage de l’ordre n’est plus exactement le même qu’un siècle auparavant. Les distinctions socio-ethniques se sont progressivement effacées, la séparation entre les deux Républiques a été gommée par le nouveau quadrillage policier et de nouvelles forces de l’ordre ainsi que de nouveaux auxiliaires de police concourent à faire appliquer une législation urbaine alors florissante. / The study of the urban order in the 18th century in Mexico, the capital of New Spain, helps to understand how the police, used as a technique of government for the people and for things, contribute to improve the inhabitants’ security, means of supply and facilities of life. In the first half of the 18th century, the right order of the town is based on a socio-ethnic differentiation found in both the city rules and the two separated Republics: the Spanish Republic and the Indian Republic. Several jurisdictions, using their privileges and own guards, all take a part, in different ways and degrees, to the peace process of the town. From 1760, thanks to the Crown impetus and the influence of new know-how police techniques imported from Europe, new concepts about order appear encouraged by the viceroy, the corregidor and the judges of the Real Audiencia, all wanting a reform of the traditional corporations. Hence, the 1782 reform dividing Mexico into cuarteles and barrios, is a copy of the 1765 reform in Madrid. Then, a new urban police are created, the alcaldes de barrio, who embody this new order. They can be found in most big towns in India at the end of the 18th century. The viceroy Revillagigedo’s mandate (1789-1794) is most certainly a new step in the evolution of the new order concept and practice. Thanks to the army support established in town since 1765, and to a new police, Revillagigedo used the city as a laboratory to test new changes such as the street-lighting. At the end of a century of urban changes, neither regular nor unequivocal, the townscape order is not exactly the same as a century before. The socio-ethnic differences have regularly faded, the separation between the two Republics has been eliminated by the new police coverage, and the creation of new order forces as well as new guards participate to enforce the new, then prosperous urban laws. / Un estudio del orden urbano durante el siglo XVIII en México, capital de la Nueva España nos permite entender mejor la manera en que la policía, entendida como técnica de gobierno de los hombres y de las cosas, contribuye a mejorar la seguridad, el abasto y las comodidades de los habitantes. Durante la primera mitad del siglo, el buen orden de la ciudad se apoya en diferenciaciones socio-étnicas que se pueden observar tanto en los reglamentos como en la separación entre dos Repúblicas: la de los españoles y la de los indios. Varios cuerpos, con privilegios, jurisdicción y guardas propios desempeñan un papel en la construcción de una paz urbana. A partir de los años 1760, bajo el impulso de la Corona y bajo la influencia de conocimientos policiales importados de Europa, nuevas concepciones del orden se vislumbran, llevadas por el virrey, el corregidor y los jueces de la Real Audiencia que buscan reformar el viejo orden corporativo. En este sentido, la reforma de 1782 que dividió la ciudad de México en cuarteles y barrios suena como a eco de la reforma madrileña de 1768. Desemboca en la creación de nuevos agentes de la policía urbana, los alcaldes de barrio, figuras del orden que se establecen en la mayoría de las ciudades de las Indias al final del siglo XVIII. El mandato del virrey secundo conde de Revillagigedo constituye sin duda una nueva etapa en el proceso de transformación de las concepciones y las practicas del orden. Con el apoyo de la tropa que se implanta de manera duradera en la capital a partir de 1765 y con el respaldo de un nuevo personal policial, Revillagigedo usa del espacio urbano como si fuera un laboratorio para poner en práctica medidas innovadoras como el sistema de alumbrado público. Tras un siglo de mutaciones que no son lineales tampoco unívocas, el paisaje del orden no es el mismo que un siglo por atrás. Las distinciones socio-étnicas se borraron paulinamente, la separación entre las dos Repúblicas desaparece a favor de una nueva red administrativa y nuevas fuerzas del orden como nuevos agentes participan a cumplir con una legislación urbana cada vez más abundante.

Esta investigación aborda la importancia de los vínculos personales en la gestión del poder en el Perú a mediados del siglo XVIII, a partir del estudio del caso de las redes clientelares de los oidores de la Audiencia de Lima entre los años 1745 Y 1761. Estas redes se hacen visibles en el contexto de los conflictos entre el arzobispo de Lima, Pedro Antonio Barroeta y Ángel, el virrey conde de Superunda y las facciones de la élite limeña. Tomando como punto de partida las denuncias cruzadas entre estos actores, se analiza la interacción de las redes locales con la corte del virrey, en un contexto de cambios en la cultura política y en los mecanismos de gobierno que se producen a raíz de las reformas borbónicas. A partir del caso de la familia extensa del oidor Pedro Bravo del Rivero, se examina también cómo las estrategias familiares de ascenso social se vieron condicionadas tanto por la conversión de la corte de Madrid en el gran centro de negociación de mercedes reales, como por la limitación impuesta a la venalidad de cargos jurisdiccionales. Finalmente, se trata de comprender la injerencia de estas redes clientelares limeñas en el proceso de legalización del reparto mercantil que se produjo a inicios de la década de 1750, poniéndose en evidencia la estrecha relación entre oidores, corregidores y otros oficiales reales, con poderosos locales y comerciantes a la hora de beneficiarse de este pingüe negocio. Al menos en estos años, los oidores y su entorno clientelar lograron incorporar a sus filas a una muy reducida familia del virrey y gestionar la reventa de cargos de corregidores y el beneficio de corregimientos interinos / Tesis

Esta investigación aborda la importancia de los vínculos personales en la gestión del poder en el Perú a mediados del siglo XVIII, a partir del estudio del caso de las redes clientelares de los oidores de la Audiencia de Lima entre los años 1745 Y 1761. Estas redes se hacen visibles en el contexto de los conflictos entre el arzobispo de Lima, Pedro Antonio Barroeta y Ángel, el virrey conde de Superunda y las facciones de la élite limeña. Tomando como punto de partida las denuncias cruzadas entre estos actores, se analiza la interacción de las redes locales con la corte del virrey, en un contexto de cambios en la cultura política y en los mecanismos de gobierno que se producen a raíz de las reformas borbónicas. A partir del caso de la familia extensa del oidor Pedro Bravo del Rivero, se examina también cómo las estrategias familiares de ascenso social se vieron condicionadas tanto por la conversión de la corte de Madrid en el gran centro de negociación de mercedes reales, como por la limitación impuesta a la venalidad de cargos jurisdiccionales. Finalmente, se trata de comprender la injerencia de estas redes clientelares limeñas en el proceso de legalización del reparto mercantil que se produjo a inicios de la década de 1750, poniéndose en evidencia la estrecha relación entre oidores, corregidores y otros oficiales reales, con poderosos locales y comerciantes a la hora de beneficiarse de este pingüe negocio. Al menos en estos años, los oidores y su entorno clientelar lograron incorporar a sus filas a una muy reducida familia del virrey y gestionar la reventa de cargos de corregidores y el beneficio de corregimientos interinos / Tesis