No es posible hablar de democracia y justicia social en un contexto donde la defensa
del ambiente es obstaculizada, perseguida y estigmatizada. Se hace imprescindible
que el Estado adopte medidas para la protección del ambiente y para compensar los
efectos negativos del cambio climático, y como parte de ello, debe garantizar la labor
de las y los defensores ambientales. Como parte de las obligaciones nacionales e
internacionales, el Estado peruano adoptó el denominado “Plan Nacional de
Derechos Humanos” (En adelante Plan, Plan Nacional o PNDH) y el “Protocolo para
garantizar
la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” (En adelante Protocolo
o PPPDDH). Esta investigación brinda un diagnóstico sobre la eficacia de dichos
instrumentos, en relación con las necesidades de las personas defensoras del
ambiente en Cajamarca. Para ello, se ha examinado: el diseño del Plan y el
Protocolo a la luz de las normas y estándares nacionales e internacionales; la
actuación del Estado y el Gobierno Regional en la implementación del Plan Nacional
y el Protocolo; y finalmente la percepción y valoración de los actores sociales
involucrados en la protección y garantía de las y los defensores ambientales en sus
territorios. La investigación es un estudio de caso, de tipo cualitativa toda vez que intenta definir
si el Estado ejecuta de manera eficaz el Plan Nacional y el Protocolo para la
protección de defensores. Frente a esta problemática, lo que encontró la
investigación es que tanto el Plan Nacional como el Protocolo, constituyen un avance
importante en el reconocimiento del rol de las y los defensores; sin embargo, hay
enormes vacíos en la implementación de las acciones previstas, pues no responden
a necesidades ni enfoques del territorio. Es evidente que el proceso de elaboración
no fue participativo en los territorios y, por lo tanto, hay desconocimiento de este en
Cajamarca, en donde las y los defensores no se sienten incluidos, ni reconocidos.
También se encontró que no hay recursos económicos y técnicos destinados por
parte del Estado para la implementación de los mecanismos establecidos y falta
articulación interinstitucional en a nivel nacional, regional y local. Por otro lado, queda
establecido que hay profunda desconfianza en entidades como la Policía nacional y
la fiscalía, lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de las autoridades al momento
de elaborar estos mecanismos y establecer roles y medidas, pues es fundamental
crear confianza, canales de comunicación y legitimidad para su actuación.
Finalmente, se encontró que el Estado debe comprometerse con la adopción de una política pública para la prevención y protección de carácter integral, y que tenga un
enfoque diferencial, territorial y de género construida desde los territorios.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/25397 |
| Date | 19 July 2023 |
| Creators | Bravo Valencia, Juliana |
| Contributors | Inocente Osorio, Seville |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf, application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-CompartirIgual 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ |
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