El problema principal del caso de la Resolución 3282-2023/SPC-INDECOPI se centra en determinar si Decor Center infringió el deber de idoneidad y deber de información como proveedor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú. Los consumidores alegaron que no se les informó adecuadamente sobre las características del porcelanato, específicamente su pandeo, ni sobre el modo correcto de empleo de la fragua, según lo indicado en el etiquetado del producto. Los instrumentos normativos empleados fueron el Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente los artículos relacionados con el deber de información y el deber de idoneidad de los productos. Asimismo, se hace empleo de la doctrina y jurisprudencia de Indecopi. La resolución destacó la obligación de los proveedores de ofrecer información clara y suficiente a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas, así como la necesidad de que los productos sean adecuados para los fines a los que están destinados. En conclusión, el caso subraya la importancia de la protección al consumidor en el contexto de las relaciones de consumo, donde la correcta aplicación de las normas busca equilibrar la libertad de mercado con la tutela de los derechos fundamentales de los consumidores. El análisis de la resolución considera la relación entre los deberes de información e idoneidad, y como la afectación del primero genera afectación en el segundo. / The main issue in Resolution 3282-2023/SPC-INDECOPI revolves around determining whether Decor Center breached its duty of suitability and duty of information as a provider, according to Peru's Consumer Protection and Defense Code. Consumers claimed they were not adequately informed about the characteristics of porcelain tiles, particularly their buckling, nor about the correct use of grout as indicated on the product labeling. The regulatory frameworks employed included the Consumer Protection and Defense Code, specifically the articles related to the duty of information and product suitability. Additionally, the resolution referenced Indecopi's doctrine and jurisprudence. It emphasized the providers' obligation to provide clear and sufficient information to consumers to enable informed decision-making, alongside ensuring products are fit for their intended purposes. In conclusion, the case underscores the importance of consumer protection within the framework of consumer relations, where proper application of regulations seeks to balance market freedom with safeguarding fundamental consumer rights. The resolution's analysis considers the interplay between the duties of information and suitability, highlighting how a breach in the former can impact the latter.

El objetivo de esta investigación es describir la naturaleza de TV Perú y las implicancias de ser un “canal de todos los peruanos”, a través de la indagación en su modo de construir contenidos periodísticos (agenda building), su aporte a la calidad democrática como agente de supervisión de otras agencias estatales y en cuán representativo resulta para una ciudad rural del Perú como Maras (Urubamba, Cusco). Para ello, estudia las relaciones que se tejen entre los encargados de emitir información y las fuentes de información que utilizan o personajes influyentes, tomando en cuenta que su modelo de gestión y fuentes de financiamiento otorgan al medio televisivo ciertas características específicas. En el camino se reconoce las expectativas de sus televidentes del ámbito rural que prácticamente no cuentan con otra opción televisiva de nitidez y alcance nacional y cuyas posibilidades de participar en el medio de comunicación como espacio público, ser “fuente de información” para sus periodistas o “influenciar la agenda mediática” son menores. / Tesis

Ante los hechos de corrupción suscitados en nuestro país, se impone la obligación a los entes públicos como a la sociedad en general de prevenir y detectar indicios de corrupción en la Administración Pública. En tal sentido, las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos constituyen un importante mecanismo de prevención que permite detectar si el funcionario público ha utilizado de manera ilícita los recursos estatales. De conformidad al mandato constitucional que contempla la obligación de realizar declaración jurada, éstas deben publicarse periódicamente en el diario de mayor difusión. No obstante, hoy en día no es posible acceder a dicha declaración en su integridad por considerarse que la información declarada se encuentra exceptuada del derecho de acceso a la información pública, en la medida que con su divulgación se estaría afectando el derecho a la intimidad del funcionario. En ese sentido, se postula que dicha restricción obstaculiza, de manera ilegítima, el derecho fundamental al acceso a la información pública, así como el derecho de fiscalizar la gestión pública de las autoridades. De ahí que, de la interpretación de los objetivos perseguidos mediante la publicidad de las declaraciones juradas, tales como la vigencia del derecho de acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción, se defiende la tesis que la información declarada debe encontrarse de manera accesible y completa.

El consentimiento informado es un documento que debe ser trasladado al paciente por el médico previo a la realización de alguna intervención quirúrgica, por lo cual el mismo debe contener toda información relevante sobre el servicio a contratar. Sin embargo, es común que los especialistas en salud solo informen al usuario sobre los riesgos inherentes de la intervención médica, pero no los riesgos reales derivados de la salud y condición actual del paciente. Toda vez que de informar ello podría generar un cambio en la decisión del consumidor si someterse o no a la intervención médica. Por ello, el objetivo del presente trabajo de investigación es la de determinar la importancia de tener un consentimiento informado que posea información relevante y que el mismo no se agota con la entrega del documento sino que requiere la comprensión del contenido por parte del paciente. Por lo tanto, se concluirá que el consentimiento informado debe adoptar una mayor similitud a lo regulado en la normativa española, toda vez que ello podría fortalecer la relación médico-paciente; la tutela de los derechos de información, salud, seguridad e integridad del usuario; reducir las contingencias por infracción administrativa al deber de información por parte del proveedor; y que permitiría la conformación de consentimientos informados personalizados cuya particularidad sería la de comunicar los riesgos reales de la condición actual de salud del paciente vinculadas a la intervención médica. / The informed consent is a document that must be transferred to the patient by the physician prior to the performance of any surgical intervention, so it must contain all relevant information about the service to be contracted. However, it is common that health specialists only inform the user about the inherent risks of the medical intervention, but not the real risks derived from the patient's health and current condition. This information could lead to a change in the consumer's decision whether or not to undergo the medical intervention. Therefore, the objective of this research work is to determine the importance of having an informed consent that contains relevant information and that it is not exhausted with the delivery of the document but requires the understanding of the content by the patient. Therefore, it will be concluded that the informed consent should adopt a greater similarity to that regulated in the Spanish regulations, since this could strengthen the doctor-patient relationship; the protection of the user's rights to information, health, safety and integrity; reduce the contingencies for administrative infringement of the duty of information, and would allow the creation of personalized informed consents whose particularity will be to communicate the real risks of the patient's current health condition linked to the medical intervention. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el entender cómo es que el Derecho Constitucional y el derecho de acceso a la información pública, en especial, se ven afectados por las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC). En el primer capítulo se realiza una breve exposición del crecimiento y evolución de Internet y, teniendo en cuenta su naturaleza, se analiza cómo este influencia el Derecho Constitucional: ello nos permite generar el concepto de Constitucionalismo digital, el cual definimos como el conjunto de ideas propias del constitucionalismo contemporáneo que nos brindan los parámetros de estudio del ejercicio del poder político en espacios digitales, el ejercicio de derechos fundamentales y los mecanismos de interpretación ante situaciones de incertidumbre iusfundamental en espacios digitales. En el segundo capítulo expondremos el estado de la cuestión del principio constitucional de transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el Perú. El primero es un principio implícito en nuestro ordenamiento constitucional y que cuenta con desarrollo normativo a nivel legal. Este se relaciona con el Estado exigiendo de él distintas actuaciones o el cumplimento de distintas obligaciones: transparencia pasiva y transparencia activa. En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, este ha sido reconocido en ámbitos supranacionales y se le ha vinculado con el derecho a la libertad de información. De la misma manera, en Perú, jurisprudencialmente, se ha vinculado este derecho con el derecho de petición. Consideramos que el derecho de acceso a la información pública tiene un contenido diferenciado del derecho de petición y de la libertad de información: este gira en torno al interés fundamental que tienen las personas de conocer la información que produce o posee el Estado

La corrupción en el Estado, como materia de estudio de la ciencia política, aborda la comprensión de las circunstancias que permitieron que ésta ocurra, así como sus consecuencias. Pero también desde la ciencia política se busca encontrar mecanismos que permitan combatir la corrupción, lo que conlleva a analizar el Estado desde todos sus ámbitos. En mérito a lo mencionado y para los fines de reducir y de ser posible eliminar las circunstancias que permitieron las situaciones de corrupción, volvemos la mirada hacia los instrumentos y medidas que se han formulado y/o implementado para tal efecto hasta la fecha. Para el caso peruano, tenemos entre estas medidas, a las políticas del Estado peruano formuladas en el año 2002, en el marco del Acuerdo Nacional, entre cuyos objetivos tenemos el de un “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado”, para el cuál, entre otros, se planteó la política de construir y mantener un Estado eficiente y transparente al servicio de las personas; y la promoción de la ética y la transparencia para erradicar la corrupción. Al respecto, si luego de dieciséis años, los resultados de la evaluación a las medidas implementadas para un Estado transparente no muestran avances significativos, mermando con ello los objetivos de Estado; entonces, interesa conocer ¿Qué tipo de gestión se está haciendo respecto de las políticas de transparencia? En respuesta a esta pregunta central, en esta investigación, se proponen tipos de gestión de las políticas de transparencia en entidades del Estado, que se espera puedan aportar a diferenciar las gestiones y a reconocer en atención a las mismas, los aspectos que cada Entidad del Estado requiera mejorar para alcanzar el ideal de Institución Pública transparente. En ese sentido, esta tesis tiene la siguiente estructura: primero, se desarrolla el marco teórico, paso seguido se expone la propuesta de los tipos de gestión de las políticas de transparencia, así como la metodología para la medición de los factores que caracterizan a la transparencia (índice de transparencia); finalmente, haciendo uso de la tipología propuesta en esta investigación, así como de la herramienta elaborada para la medición de la transparencia; se determina el tipo de gestión de las políticas de transparencia en dos entidades del Estado peruano, las mismas que han sido elegidas en razón de sus niveles de confianza ciudadana.

El presente informe sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°00238-2021-PA/TC tiene como finalidad responder a la pregunta si la falta de información y distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia – Levonorgestrel, constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información y a la igualdad y no discriminación de las personas con capacidad de gestar. Para ello, se analizó el desarrollo normativo nacional e internacional de los derechos sexuales y reproductivos, en específico, el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia. En tal sentido, abordamos un primer problema procesal con el fin de determinar si en el presente caso nos encontramos frente a un proceso de amparo contra amparo tomando en cuenta la sentencia previa del Tribunal Constitucional del Expediente N° 02005-2009-PA/TC. Por otro lado, respecto a los problemas de fondo sostenemos que los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan principalmente en el derecho a la salud, entendido este último bajo una concepción de salud como agencia. Asimismo, argumentamos que la falta de distribución gratuita del mencionado anticonceptivo vulnera el derecho a la elección libre de métodos anticonceptivos como parte de la salud sexual y reproductiva y contraviene las obligaciones estatales con relación a ella. Finalmente, concluimos de igual manera, que el mencionado hecho vulnera el derecho a la información en materia sexual y reproductiva y la igualdad y no discriminación de las mujeres pertenecientes a los sectores más empobrecidos de nuestro país. / The purpose of this report on the ruling of the Constitutional Court issued in File No. 00238-2021-PA/TC is to answer the question whether the lack of information and free distribution of the Emergency Oral Contraceptive – Levonorgestrel constitutes a violation of the sexual and reproductive rights, as well as the right to information and equality and non-discrimination of people with gestational capacity. For that, the national and international regulatory development of sexual and reproductive rights was analyzed, specifically, the right to freely choose the contraceptive method of one's preference. In this sense, we address a first problem in order to determine whether we are facing a process of amparo against amparo in this case, taking into account the previous ruling of the Constitutional Court of File No. 02005-2009-PA/TC. On the other hand, regarding the underlying problems, we maintain that sexual and reproductive rights are based mainly on the right to health, the latter understood under a conception of health as an agency. Thus, we conclude that the lack of free distribution of the aforementioned contraceptive violates the right to free choice of contraceptive methods as part of sexual and reproductive health and the state obligations regarding this. Finally, we also conclude that it violates the right to information on sexual and reproductive matters and the equality and non-discrimination of women belonging to the most impoverished sectors of our country.

El objetivo de esta investigación es describir la naturaleza de TV Perú y las implicancias de ser un “canal de todos los peruanos”, a través de la indagación en su modo de construir contenidos periodísticos (agenda building), su aporte a la calidad democrática como agente de supervisión de otras agencias estatales y en cuán representativo resulta para una ciudad rural del Perú como Maras (Urubamba, Cusco). Para ello, estudia las relaciones que se tejen entre los encargados de emitir información y las fuentes de información que utilizan o personajes influyentes, tomando en cuenta que su modelo de gestión y fuentes de financiamiento otorgan al medio televisivo ciertas características específicas. En el camino se reconoce las expectativas de sus televidentes del ámbito rural que prácticamente no cuentan con otra opción televisiva de nitidez y alcance nacional y cuyas posibilidades de participar en el medio de comunicación como espacio público, ser “fuente de información” para sus periodistas o “influenciar la agenda mediática” son menores.

En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la empresa Viva Negocios Inmobiliarios S.A. incumplió los artículos 77.1 y 78.1 del Código de Protección al Consumidor, respecto a sus deberes de (i) informar sobre la partida registral del inmueble materia del proyecto inmobiliario a fin de acreditar que dicho inmueble es de propiedad de la persona contratante, y (ii) entregar los contratos de compraventa a los consumidores de manera física en su local comercial. En vista a que el Código Civil contempla la presunción de que todas las personas conocen las inscripciones de los registros públicos, y que no establece ninguna formalidad para la celebración de los contratos de compraventa, surge el cuestionamiento respecto a si existe una disonancia normativa entre los respectivos artículos del Código Civil con las disposiciones del Código de Protección al Consumidor en mérito de las cuales se sancionó a la inmobiliaria. En el presente trabajo se arriba a la conclusión de que no existe tal discrepancia, en la medida que los alcances de las regulaciones del Código de Protección al Consumidor se limitan a facilitar y garantizar a los consumidores del sector inmobiliario a que puedan hacer efectivo el ejercicio de su derecho a la información antes de celebrar un contratos de compraventa. / In an administrative sanctioning procedure, the Specialized Chamber on Consumer Protection of the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of INDECOPI determined that the company Viva Negocios Inmobiliarios S.A. did not comply with articles 77.1 and 78. 1 of the Consumer Protection Code, with respect to its duties to (i) inform about the registry entry of the land where the project will be developed as a way to prove that such real estate is owned by the contracting party, and (ii) deliver the purchase agreements to the consumers in a physical manner at its commercial premises. Considering that the Civil Code contemplates the presumption that all persons know the inscriptions of the public registries, and that the Civil Code does not contemplate any formality for the execution of purchase agreements, then there could be a normative dissonance between said regulations of the Civil Code with the provisions of the Consumer Protection Code by virtue of which the real estate company was sanctioned. This report concludes that there is no such discrepancy, because the scope of the rules of the Consumer Protection Code is limited to facilitating and guaranteeing consumers in the real estate sector that they may exercise their right to information before entering into a purchase agreement.