La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse. / Tesis

La presente investigación aborda el problema de equiparar la acusación directa a la disposición de formalización de investigación preparatoria, para asignar el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. Problema generado por la jurisprudencia nacional que justifica la aplicación de la analogía en perjuicio del imputado a fin de garantizar la tutela judicial de la víctima y evitar la impunidad, aplicando para tal efecto indebidamente el test de proporcionalidad. Nuestro principal objetivo es identificar y explicar los fundamentos de la jurisprudencia nacional que consideran ello posible. En este contexto, se propone que la suspensión prevista en el artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, se debe extender solo hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Finalmente, se llegan a las conclusiones de que el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Suprema resulta inaceptable porque no realiza un adecuado examen de necesidad, al ser la pretensión civil autónoma, y la absolución o sobreseimiento no afecta el que exista un pronunciamiento judicial sobre dicha pretensión. Asimismo, porque no se realiza un adecuado examen de proporcionalidad en estricto, al no justificar por qué aplicar la precitada analogía resultaría una afectación “leve” al principio de legalidad, a pesar que este tipo de analogía se encuentra proscrita en la Constitución Política, la prescripción tiene relevancia constitucional y el fundamento de la acusación directa radica en la economía procesal, se aplica en casos simples y con plazos reducidos. / The present investigation addresses the problem of equating the direct accusation with the provision of formalization of the preparatory investigation, to assign the effect of suspending the prescription of the criminal action. Problem generated by national jurisprudence that justifies the application of the analogy to the detriment of the accused in order to guarantee judicial protection of the victim and avoid impunity, improperly applying the proportionality test for this purpose. Our main objective is to identify and explain the foundations of national jurisprudence that consider this possible. In this context, it is proposed that the suspension provided for in article 339, paragraph 1, of the Criminal Procedure Code, should be extended only until the conclusion of the preparatory investigation. Finally, the conclusions are reached that the proportionality test developed by the Supreme Court is unacceptable because it does not carry out an adequate examination of necessity, since the civil claim is autonomous, and the acquittal or dismissal does not affect the existence of a judicial ruling on said claim. Likewise, because an adequate examination of strict proportionality is not carried out, since it is not justified why applying the aforementioned analogy would result in a "slight" affectation of the principle of legality, despite the fact that this type of analogy is prohibited in the Political Constitution, the Prescription has constitutional relevance and the foundation of direct accusation lies in procedural economy, it is applied in simple cases and with reduced deadlines.

En los procesos contra delitos castigados con penas menores, la estrategia general de las defensas técnicas, es presentar todo tipo de recursos dilatorios, con el objetivo de alcanzar el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal durante el juicio, antes de la sentencia y lograr así la impunidad del defendido. Esta es una antigua realidad peruana a la cual el derecho debe dar respuesta y con ese objetivo se desarrolla la tesis. La hipótesis es que la prescripción de la acción penal, tal como está legislada en el Perú y también en otros países, tiene una gran incoherencia intrasistémica, debido a su inadecuada importación, a la errada percepción que de ella tuvieron y tienen quienes la diseñaron y aplicaron a lo largo del tiempo y a la escasa investigación que se ha realizado sobre ella. Utilizando un método dogmático histórico, la tesis parte de la normativa actual y rastrea cada elemento de la institución desde sus orígenes, evalúa su transformación a lo largo de la historia, define fundamentos y naturaleza jurídica, analiza los problemas principales, recurriendo también al derecho comparado y llega a conclusiones que reafirman la hipótesis y que permiten concretar dos objetivos: en el plano dogmático, demostrar el error conceptual bajo el cual está legislada en la actualidad la prescripción de la acción penal, proponiendo una teoría distinta, acorde a su naturaleza jurídica y fundamento, que ponga fin a la permanente legislación contradictoria que lleva pendularmente a la institución de un extremo a otro, entre defensores de la persecución y garantistas; y en el plano político criminal, partiendo de esta nueva visión del instituto prescriptor procesal y sus fines, propone alternativas para obtener un mejor rendimiento del mismo, con la pretensión de impedir la problemática que originó la investigación.

La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse.