Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Conceptualmente la doctrina de los actos propios se sustenta sobre el principio general del Derecho de la buena fe, de cuya aplicación se desprende el deber jurídico de respetar y someterse a una situación jurídica creada con antelación por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión de un interés ajeno y el subsecuente daño. La referida doctrina se traduce en la imposición de un mandato o requerimiento conductual abierto, cuyo contenido se refiere a la mantención, en el campo de las relaciones jurídicas, de un comportamiento honesto y leal. La recepción jurisprudencial de la Corte Suprema, ha sostenido que lo anterior se alza como inspiración de la regla por la cual nadie puede aprovecharse de su propio dolo o fraude, regla propia del ámbito contractual, prevista en el artículo 1546 del Código Civil1. Sin embargo, no compartimos el citado criterio, según tendremos oportunidad de precisar. De esta manera, la teoría de los actos propios proclama el principio general en cuya virtud es inadmisible actuar en contra de los propios actos, velando así por un comportamiento consecuente2. Tanto la jurisprudencia como la doctrina han aplicado la referida institución para efectos de demostrar la repelencia del ordenamiento jurídico hacia la afectación de intereses de buena fe, cuando la conducta precedente ha sido de relevancia jurídica y desplegada libremente. A nadie le es lícito ir contra sus actos anteriores, en la medida en que dichos actos expresan la voluntad del actor, en un sentido determinado y definen su posición jurídica respecto de una materia, también determinada. Las expectativas ciertas de terceros, como también los intereses ajenos que se consolidan en base a la conducta 1 Corte Suprema. Villanueva Jaramillo, Luisa con Sanhueza Espinoza, Manuel. [9 de mayo de 2001]. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales (2): p. 99, 2001. 2 Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia ROL Nº 4.679-2009, de 9 de abril de 2013 (recurso de apelación), considerando segundo. v de otro, se fundan en el principio más general de la buena fe3, el cual tiene plena cabida en el Derecho de Familia4. Esto porque el Derecho de Familia es una disciplina que se inserta dentro del Derecho Civil, aunque de peculiar naturaleza, que rige materias eminentemente de orden público y que tutela intereses preponderantes para la sociedad toda, lo que no excluye la aplicación de la libertad humana en la instauración y utilización de ciertas figuras jurídicas, en la citada rama del Derecho. Sin embargo, parece indubitable reconocer que el Derecho Civil patrimonial y el Derecho de Familia no son íntegramente asimilables. De allí lo preceptuado en el artículo 1º de la Constitución Política de la República, en orden a reconocer a la familia su carácter de “núcleo fundamental de la sociedad” y establecer como deber del Estado el de darle protección y de propender a su fortalecimiento. Ahora bien, cabe apuntar que uno de los límites que la doctrina reconoce en la aplicación de la regla “venire contra factum proprium” es aquella que se refiere a derechos irrenunciables o materias jurídicas calificadas de orden público o consideradas indisponibles5. En razón de la naturaleza especial del Derecho de Familia y de las reglas que gobiernan la mencionada disciplina jurídica, en principio parece descartable la aplicación de la teoría de los actos propios a esta rama del Derecho. No obstante lo anterior, expondremos la presencia de la teoría objeto de nuestro estudio, en la práctica, dentro de instituciones del Derecho de Familia, cuya fisionomía se encuentra restringida por la imposibilidad de contradecir los actos propios ejecutados libremente, V.gr. en el marco de los derechos y obligaciones que la ley atribuye a las relaciones de filiación entre padres e hijos. 3 HUMERES NOGUER, Héctor. Muñoz Vilches, Paola con Inmobiliaria El Rebaño Limitada [27 de octubre de 2005]. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales (2): p. 982, 2005. 4 LÓPEZ MONROY, José. El principio de la buena fe en el Derecho Civil. Revista de la Facultad de Derecho de México (145-147): p. 157-168, 1986. 5 LÓPEZ MESA, Marcelo y ROGEL VIDE, Carlos. La doctrina de los actos propios. Doctrina y jurisprudencia. Madrid, Editorial Reus B de F., 2009, p. 176-182. vi El cuadro sinóptico, de carácter lógico, interpretativo y analítico de la presente de Memoria, se construirá a partir del estudio de los siguientes puntos cardinales: Primero. Exposición de una Teoría General de la doctrina de los actos propios, a través del planteamiento de las opiniones de sus exponentes, tanto en el orden nacional como en el escenario del Derecho Comparado. En este de orden de ideas, nos proponemos adentrar en las matrices de un tratamiento uniforme y general. Luego, analizaremos los fundamentos y bases de las discusiones doctrinarias en torno a la aplicación de la teoría de los actos propios dentro del Derecho de Familia, en atención a su especial naturaleza, adicionado el pronunciamiento que al respecto han tenido nuestros tribunales de justicia. Finalmente, efectuaremos un estudio analítico sobre los requisitos de procedencia de la teoría, objeto de la presente memoria, en el marco de los principios generales del Derecho de Familia y de la estructura nuclear que reviste en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo revisa la doctrina de los actos propios y su aplicación en sede laboral. Para ello se estudia el contenido tanto de la señalada doctrina como también el de los elementos que configuran el vínculo laboral, en orden a entender el aporte que cada uno de ellos puede hacer a la discusión sobre el contenido de la relación laboral, y así poder evaluar la procedencia y pertinencia de esta doctrina de origen civil en el ámbito del Derecho del Trabajo. Respecto de su aplicación en el caso chileno, se analizan veinte sentencias relativas al tema, dictadas por Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, que abarcan el período 2000-2011

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.