Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde principios de la primera década del 2000, los avances tecnológicos han tenido una escalada progresiva, lo que se ha traducido en grandes cambios en los diversos sectores de nuestra moderna sociedad. Por citar algunas experiencias, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, e incluso el mismo poder Legislativo, han implementado sus diversos servicios a los cuales es posible acceder a través de cualquier servidor con acceso a Internet. Los sistemas judiciales no se han mantenido ajenos a estos avances, y en concordancia con la legislación internacional, han experimentado una fuerte y sostenida tendencia a la digitalización de sus procesos, permitiendo que la tramitación se realice mediante sistemas computacionales y procedimientos electrónicos. Es así que, como anticipo a una futura reforma al sistema procesal civil, la Ley N° 20.886 (que implementa la tramitación digital de los procedimientos judiciales) introduce precisamente la tramitación electrónica a nuestros procedimientos. Lo anterior tiene, entre muchas otras consecuencias, una incidencia significativa en el sistema recursivo de nuestros juicios, ya que al existir revisión por los tribunales superiores el expediente en el cual consta el proceso ‘cambia de tribunal’, lo que genera cargas para las partes (como la de comparecencia en segunda instancia o la consignación de fondos suficientes para la confección de compulsas). Éstas no se justifican a la luz de este cambio legislativo que busca darle aplicación a la economía procesal y reducir lo más posible los costos en la litigación. Un cambio tan importante significa un desafío para los usuarios y operadores del sistema judicial. Se expondrán, a la luz de la reforma señalada, las modificaciones a la estructura recursiva de nuestro país, tomando como punto clave las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, por ser el cuerpo normativo que más cambios experimenta y su aplicación subsidiaria respecto del resto de los procedimientos. / 16/10/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el escenario actual de la tramitación electrónica en Chile, luego de la entrada en vigencia de la Ley nº 20.886 que Modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, mejor conocida como la Ley de Tramitación Electrónica. Lo primero es definir qué se entiende por Tecnologías de la Información y Comunicación, y cómo dichas herramientas han sido acogidas en el derecho, y en específico en la tramitación de los procedimientos judiciales, a través de la utilización de los llamados eservices. El análisis que le sigue parte por el contexto existente con anterioridad a la Ley de Tramitación Electrónica, para luego adentrarse en el desglose de ésta a la luz de su discusión en el Congreso Nacional, sus fundamentos, sus principios y sus normas, tanto legales como los auto acordados. Finalmente, realiza un análisis comparado con los mejores exponentes en esta materia tanto a nivel latinoamericano como mundial, El resultado arroja que Chile se encuentra en un proceso de implementación de una reforma mayor, como lo significará la Reforma Procesal Civil, y más allá de los aportes concretos de la Ley de Tramitación Electrónicas y las Instituciones que puedan adoptarse del análisis comparado, el verdadero desafío se encuentra en la concreción de dicha reforma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)