El presente informe revisa y analiza los argumentos del Comité DN en la Comunicación N° 136/2021 relativo al caso Camila vs. Perú, donde se examina si la falta información sobre el AT, la denegación de su acceso y la persecución penal y posterior juzgamiento de una niña que atravesó una emergencia obstétrica vulneran los derechos protegidos en la CDN, particularmente el derecho a la vida (artículo 6), al más alto disfrute de la salud (artículo 24), a expresar su opinión (artículo 12), a no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 37, a), a la vida privada (artículo 16, párrafo 1), a acceder a información de fuente nacional e internacional (artículo 17), a la no discriminación (artículo 2), a la protección frente a la violencia y a la promoción de su recuperación física y psicológica (artículos 19 y 39) y a ser tratado conforme a su dignidad y valor en el sistema de justicia juvenil (artículo 40). Al respecto, este órgano de tratado concluye que solo hubo violación de los mencionados artículos 2, 6, 12, 16 párrafo 1, 19, 24, 37.a y 39. En relación al artículo 17, el Comité sostiene que los hechos alegados estaban más bien relacionados directamente al artículo 13 relativo al derecho a buscar y recibir información (párr. 8.14). Y con respecto al artículo 40, asevera que no era necesario examinar si la persecución y juzgamiento de Camila constituyó una violación de dicho artículo (párr. 8.16). Aún cuando se está de acuerdo con el sentido de la decisión, se considera insuficiente la argumentación desarrollada para declarar violados los artículos 16.1 (vida privada) y 19 (protección frente a la violencia); y se discrepa de la argumentación esbozada para no declarar vulnerado el artículo 40. / This report reviews and analyzes the arguments of the Comittee in Communication No. 136/2021 related to the case of Camila vs. Peru, where it is examined whether the lack of information on AT, the denial of access to it and the criminal prosecution and subsequent trial of a girl who went through an obstetric emergency violate the rights protected in the CRC, particularly the right to life (article 6 ), to the highest enjoyment of health (article 24), to express their opinion (article 12), to not be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (article 37, a), to life private (article 16, paragraph 1), to access information from national and international sources (article 17), to non-discrimination (article 2), to protection against violence and to promote their physical and psychological recovery (articles 19 and 39) and to be treated according to his dignity and worth in the juvenile justice system (article 40). In this regard, this treaty body concludes that there was only a violation of the aforementioned articles 2, 6, 12, 16 paragraph 1, 19, 24, 37.a and 39. In relation to article 17, the Committee maintains that the alleged facts were more well directly related to article 13 regarding the right to seek and receive information (para. 8.14). And with respect to article 40, it asserts that it was not necessary to examine whether the persecution and trial of Camila constituted a violation of said article (para. 8.16). Even though we agree with the meaning of the decision, the arguments developed to declare articles 16.1 (private life) and 19 (protection against violence) violated are considered insufficient; and disagrees with the argument outlined for not declaring Article 40 violated.

La interrupción voluntaria del embarazo en el Perú es una conducta prohibida por el Código Penal; castigo que se extiende a la mujer, y a los médicos que le coadyuven. La única excepción es la interrupción gestacional por indicación terapéutica cuando es el único medio de salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave o permanente. En este contexto de prohibición general y única excepción, no solo muchas mujeres desconocen de esta opción, sino que muchos médicos dudan de hacer esta recomendación o de aprobarla. En el año 2001, una mujer adolescente se vio en la necesidad de este procedimiento y se encontró con médicos que en base a una interpretación incorrecta y restrictiva de la norma penal, se lo negaron. Ella denunciaría el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que encontraría al Estado peruano responsable de vulnerar sus derechos a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, a las medidas de protección que su condición de adolescente le requería y a que el Estado garantice la protección de los derechos antes mencionados; derechos contenidos en el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En base a un análisis del contenido esencial de cada uno de los derechos alegados como vulnerados, una revisión de su estándar de protección y apelando a algunos principios del derecho, concluimos que en el caso bajo análisis, el Estado peruano habría violado no solo los derechos identificados por el Comité, sino además el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al goce de sus derechos civiles en igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, y su derecho a la vida.