El presente trabajo académico aborda el tratamiento del agua como recurso natural y sus implicancias no solo desde la perspectiva legal, sino en cuanto al impacto respecto de su gestión, proponiendo que la misma sea resultado de la acción colaborativa de los actores sociales ubicados a lo largo de una cuenca, actores entre los que se encuentra el Estado, al que corresponde entre otras funciones, generar espacios deliberativo participativos, en los cuales en base a la información y confianza se puedan establecer ‘reglas claras’ que permitan la eficiente gestión del recurso hídrico en cuanto a su provisión y calidad. Este tema resulta de especial interés, toda vez, que se parte de una perspectiva de análisis diferente, al considerar la gestión del recurso hídrico como un proceso humano, que involucra a la población, a las empresas, industrias y al Estado, desde una intervención que no se limitaría a generar e imponer un marco normativo, sino a brindar las condiciones para la participación conjunta de los usuarios con el propio Estado, que permita la institucionalización y reconocimiento de los marcos normativos y los acuerdos establecidos. Se concluye que la mejor estrategia para la gestión del agua se encontraría en la complementariedad de los actores sociales, de los roles que compete a cada uno de los usuarios, en función a la información privilegiada que cada uno de ellos detenta y en el establecimiento de ‘reglas claras’, sustentadas en base a esa información, que permita prever los escenarios y evitar la ‘aversión al riesgo’. En el Anexo del presente trabajo, es de especial atención a nivel de experiencia comparada el ‘Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca de Chaina en Boyacá – Colombia’, experiencia que permite la comprensión del surgimiento de los mercados ambientales e incide en la importancia de la institucionalidad de los acuerdos. / Trabajo académico

El presente trabajo académico aborda el tratamiento del agua como recurso natural y sus implicancias no solo desde la perspectiva legal, sino en cuanto al impacto respecto de su gestión, proponiendo que la misma sea resultado de la acción colaborativa de los actores sociales ubicados a lo largo de una cuenca, actores entre los que se encuentra el Estado, al que corresponde entre otras funciones, generar espacios deliberativo participativos, en los cuales en base a la información y confianza se puedan establecer ‘reglas claras’ que permitan la eficiente gestión del recurso hídrico en cuanto a su provisión y calidad. Este tema resulta de especial interés, toda vez, que se parte de una perspectiva de análisis diferente, al considerar la gestión del recurso hídrico como un proceso humano, que involucra a la población, a las empresas, industrias y al Estado, desde una intervención que no se limitaría a generar e imponer un marco normativo, sino a brindar las condiciones para la participación conjunta de los usuarios con el propio Estado, que permita la institucionalización y reconocimiento de los marcos normativos y los acuerdos establecidos. Se concluye que la mejor estrategia para la gestión del agua se encontraría en la complementariedad de los actores sociales, de los roles que compete a cada uno de los usuarios, en función a la información privilegiada que cada uno de ellos detenta y en el establecimiento de ‘reglas claras’, sustentadas en base a esa información, que permita prever los escenarios y evitar la ‘aversión al riesgo’. En el Anexo del presente trabajo, es de especial atención a nivel de experiencia comparada el ‘Pago por Servicios Ambientales en la Microcuenca de Chaina en Boyacá – Colombia’, experiencia que permite la comprensión del surgimiento de los mercados ambientales e incide en la importancia de la institucionalidad de los acuerdos.

La sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos se materializa con la participación en el procedimiento administrativo del titular del predio donde yace el recurso hídrico. El objetivo general del trabajo es determinar la necesaria participación del titular del predio en el procedimiento administrativo de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, de lo cual hemos concluido que es determinante para la eficiencia de la normatividad relaciona al aprovechamiento del recurso hídrico, y así evitar conflictos sociales y judiciales que suspendan paralicen o hagan inviable los proyectos, ello desde la metodología cualitativa, donde hemos analizado la normatividad especial y general, esto es la Ley de recursos hídricos y la ley general de procedimiento administrativo, así como la doctrina nacional y extranjera. La normatividad ambiental en el aprovechamiento de los recursos hídricos debe ser medido como instrumento de resolución de problemas y no desde una medición de cumplimiento como hoy en día se mide la participación del titular del predio en el procedimiento (la no participación) que a nuestro criterio representa una pieza principal, antes durante y después en el desarrollo del proyecto, conjuntamente con las comunidades, esto último reflejado en la participación ciudadana o consulta previa según corresponda. / Sustainability in the use of water resources is materialized with the participation in the administrative procedure of the owner of the property where the water resource lies. The general objective of the work is to determine the necessary participation of the owner of the property in the administrative procedure for the execution of water availability studies, from which we have concluded that it is decisive for the efficiency of the regulations related to the use of water resources, and thus avoid social and judicial conflicts that suspend or make the projects unviable, this from the qualitative methodology, where we have analyzed the special and general regulations, this is the Law of water resources and the general law of administrative procedure, as well as the national and foreign doctrine. Environmental regulations in the use of water resources must be measured as a problemsolving instrument and not from a measurement of compliance as today the participation of the property owner in the procedure (non-participation) is measured, which in our opinion It represents a main piece, before, during and after, in the development of the project, together with the communities, the latter reflected in citizen participation or prior consultation as appropriate.

Durante los últimos años, Lima ha vivido una verdadera –y caótica- revolución urbana. Áreas agrícolas han dado paso a macroproyectos de viviendas. En donde antes se requería agua no potable para riego, hoy viven miles de familias que necesitan dicho elemento para poder vivir. Siendo así, surge la pregunta ¿estaba preparada la empresa prestadora de servicio de abastecimiento de agua potable para esta vorágine urbanizadora por parte del sector inmobiliario? ¿Cuántas multas han sido impuestas a las empresas inmobiliarias como consecuencia de las carencias de las empresas prestadoras de servicios (en adelante EPS) de abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana? En el presente trabajo de investigación, el autor busca establecer la relación entre las carencias de las EPS y las multas impuestas a las empresas inmobiliarias por la Autoridad Administrativa en materia de Protección al Consumidor. Asimismo, el autor establece que el derecho al abastecimiento de agua potable no sólo es un derecho constitucional y servicio público, sino también una garantía implícita y por ende su inobservancia implica una falta al deber de idoneidad de los desarrolladores inmobiliarios.

Durante las últimas décadas, la minería formal en el Perú ha visto afectadas sus actividades por los conflictos, cada vez más recurrentes, con las comunidades y poblaciones de su área de influencia. Esto a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por el marco legal minero y de recursos hídricos. Esta situación no solo se produce porque las comunidades y poblaciones dificultan las actividades mineras por temor a sufrir restricciones hídricas y una posible contaminación del medio ambiente que podría perjudicar sus principales actividades económicas, su salud y sus vidas; sino porque, adicionalmente, confunden el rol de las empresas mineras con el del Estado, exigiendo a estas la implementación de infraestructura y servicios básicos que el Estado no atiende, llegándose a condicionar el inicio y normal desarrollo de las operaciones extractivas al cumplimiento de dichas exigencias. Esta situación termina generando conflictividad e inseguridad jurídica para los inversionistas mineros. En ese sentido, se podrá llegar a la conclusión de que las normas que prevén los requisitos para obtener los títulos habilitantes necesarios para operar en el sector minero y el marco legal en materia hídrica en general, por sí mismos, no son idóneos para mitigar los conflictos que nacen de las inquietudes de las comunidades. Para ello, es relevante la participación activa del Estado a lo largo del proceso, lo que implica no solo aparecer en caso de conflictos, sino apoyar desde un inicio en la implementación de servicios básicos, así como en la supervisión y control de las actividades mineras que permita establecer un diálogo horizontal entre los actores implicados. / During the last decades, formal mining in Peru has been affected by increasingly recurrent conflicts with the communities and populations in its area of influence. This is despite having complied with the requirements of the legal framework for mining and water resources. This situation occurs not only because the communities and populations hinder mining activities for fear of suffering water restrictions and possible environmental contamination that could harm their main economic activities, their health and their lives; but also because, additionally, they confuse the role of mining companies with that of the State, demanding that the latter implement infrastructure and basic services that the State does not provide, to the point of conditioning the start and normal development of mining operations on compliance with these demands. This situation ends up generating conflict and legal uncertainty for mining investors. In this sense, it can be concluded that the regulations that establish the requirements to obtain the necessary titles to operate in the mining sector and the legal framework on water issues in general, by themselves, are not suitable to mitigate the conflicts that arise from the concerns of the communities. To this end, the active participation of the State is relevant throughout the process, which implies not only appearing in the presence of conflicts, but also providing support from the beginning in the implementation of basic services, as well as in the supervision and control of mining activities to establish a horizontal dialogue between the actors involved. / Trabajo académico

La presente investigación tiene como obejtivo principal el estudio del régimen jurídico administrativo de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú, centrándonse en las instituciones jurídicas que resultan gravitantes para su funcionamiento, tales como: la teoría del servicio público, el régimen de los recursos hídricos, la municipalización de los servicios públicos y la descentralización, sin dejar de tomar en cuenta el diseño institucional regulatorio por el que se ha optado en Perú a lo largo de las 3 últimas décadas. Para tal fin, se ha recurrido al análisis de fuentes normativas, bibliográficas, jurisprudenciales, nacionales y extranjeras; así como las experiencias comparadas. En ese sentido, la investigación se centra en el análisis del funcionamiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú, a partir de la relación que existe entre el gobierno central y los gobiernos locales, tomando como punto de inicio la década de los 90’s cuando se dieron las principales reformas del Estado y se decidió municipalizar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, pasando por las diversas etapas de cambios del marco regulatorio hasta llegar al que se encuentra vigente actualmente. A partir de este análisis se han identificado los principales problemas que pueden estar obstaculizando el desarrollo y evolución de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú, los cuales no permiten lograr el acceso universal y la mejora de la calidad de los mencionados servicios públicos.

El tema de la Responsabilidad Social Empresarial ha ido ganando en importancia a nivel global. Uno de los aspectos principales considerados es el cuidado del medio ambiente. Esta investigación está referida a las prácticas que realizan las grandes empresas mineras específicamente en la gestión del agua. Muchas de las grandes empresas mineras presentan de manera pública una serie de prácticas relacionadas al uso y tratamiento del agua; sin embargo, esas prácticas corresponden en su mayoría al cumplimiento de obligaciones legales. En esta investigación desarrollaremos el significado de la Responsabilidad Social Ambiental Minera distinguiendo la responsabilidad jurídica de la responsabilidad social que tienen las grandes empresas dedicadas a ese rubro. La principal conclusión de este trabajo se referirá al hecho que es posible considerar a las grandes empresas mineras como socialmente responsables en materia ambiental, siempre que actúen mas allá de los parámetros establecidos por ley, buscando el bien común en mérito a la responsabilidad moral que tienen dentro de la sociedad.