La libertad de creencias es un derecho inherente a la naturaleza humana, reflejo de la dignidad de la persona. Los términos “religión” y “creencias” deben entenderse en sentido amplio, como indica la Observación nº 22 del Comité de Derechos Humanos que interpreta el art. 18 PIDCP, es decir, incluyen creencias teístas, no teístas y ateas. Este derecho implica el derecho a elegir y mantener unas creencias así como a manifestarlas externamente. Las manifestaciones externas, entre las que se encuentra la dieta, sólo pueden venir limitadas por medidas legalmente previstas, que sean proporcionadas y estén destinadas a salvaguardar el orden público. En las sociedades espiritualmente plurales, como las de España y los países de nuestro entorno, las reivindicaciones dietéticas religiosas minoritarias, en particular las musulmanas y judías, han alcanzado gran relevancia generando una demanda social de respeto y un mercado en auge, conllevando implicaciones jurídicas en los ordenamientos civiles en tanto que éstos protegen la libertad de creencias. Ejemplo de ello es la regulación del sacrificio ritual, así como el eventual etiquetaje o registro de marca para productos que respetan las prescripciones dietéticas religiosas. Ahora bien, la satisfacción de las necesidades dietéticas derivadas de las creencias alcanza especial relevancia cuando el individuo se encuentra en situaciones de especial sujeción (centros penitenciarios, hospitalarios, escolares o dependencias militares), puesto que en las mismas no puede satisfacerlas autónomamente.