El presente trabajo aborda la actividad registral del Estado y su vinculación con el sistema penal. Para ello, la investigación se centra en la distinción de tres sistemas que, considerados en conjunto, conforman el sistema de antecedentes penales en Chile. El primero de ellos lo constituye el sistema registral, el cual anota en el prontuario respectivo todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas sobre toda clase de delitos que recaigan sobre un individuo determinado. A su vez, estas anotaciones contenidas en el Registro General de Condenas, pueden ser modificadas por una serie de normas que contemplan distintas hipótesis para que los usuarios tengan la opción de eliminar u omitir los antecedentes penales a través de los mecanismos establecidos por la normativa vigente en Chile, y que conforman el sistema de eliminación y omisión. Finalmente, la tercera fase corresponde al sistema de distribución, compuesto por las vías de comunicación establecidas por ley para quienes quieran acceder a la información contenida en el Registro General de Condenas. Sin embargo, la eficacia y necesidad de este sistema de antecedentes penales es cuestionada cuando, con ocasión del registro y distribución de antecedentes, el titular de dicha información es objeto de actos discriminatorios a nivel laboral, social y económico como resultado del uso que ciertos individuos de la sociedad hacen de los antecedentes penales. Así, los antecedentes penales se convierten en un currículum vitae negativo en quienes, incluso una vez cumplida sus condenas penales, buscan reintegrarse a la sociedad. Desde un punto de vista teórico, se analiza la relación que existe entre la pena como la potestad del Estado de irrogar un mal ante el quebrantamiento culpable de una norma penal, y los antecedentes penales como la extensión injustificada de esa irrogación de un mal a etapas posteriores a la ejecución de la pena

El presente trabajo de investigación parte de la hipótesis de que el trabajo es una de las herramientas más importantes para lograr la resocialización de las personas que han estado privadas de la libertad y que los antecedentes penales significan una barrera infranqueable para acceder a un puesto de trabajo. En el primer capítulo se analiza el origen y la evolución que ha tenido el registro de antecedentes penales desde las primeras civilizaciones en las que se observan símbolos utilizados con ese fin hasta los mecanismos más modernos utilizados en la actualidad. Asimismo, se vincula su evolución con las prácticas vinculadas al control social y la estigmatización que ello genera en los individuos que han pasado por las cárceles. Todo ello, sin perder de vista el ideal resocializador que forma parte de las políticas de ejecución de la pena en países con principios constitucionales como el nuestro. Por último, se vincula los temas analizados con la problemática de la reinserción laboral. En el capítulo segundo se analizan los diferentes sistemas de regulación de los antecedentes penales teniendo en cuenta que la publicidad resulta ser un factor determinante. Se desarrollan los mecanismos utilizados en Estados Unidos, Australia e Inglaterra donde los AP son utilizados como una herramienta de protección de la sociedad. Por otro lado, se encuentra países como Holanda, Francia, España y Alemania que intentan lograr un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. En el tercer capítulo se realiza un amplio desarrollo de lo que ocurre en Argentina respecto de los AP. Para ello, en primer lugar se grafica el origen y evolución de los registros de AP. Seguidamente, se analiza la regulación existente en la materia y por último, se detallan los problemas que la misma ha generado en la práctica, resultando que muchos de ellos se deben a las falencias legislativas y a las limitaciones que impone el propio Estado. Finalmente, se analizan los diferentes proyectos de reformas legislativas existentes en la materia. En el capítulo cuatro se encuentran las conclusiones, efectuando una comparación entre la legislación argentina con los diferentes sistemas de regulación de los AP. Finalmente, se señalan los aspectos relevantes que deben ser considerados para el análisis y discusión de la problemática en nuestro país.