El presente trabajo busca mostrar un panorama diferente al que actualmente se emplea, cuestionando las deficiencias y proponiendo cambios que permitan revertir la falla, es decir, la escasez de inversión en infraestructura pública de relevancia social en municipios que cuentan con recursos financieros para llevar a cabo dicha inversión. Por ello, proponemos la implementación de asociaciones público privadas (APP) en estos sectores, considerando que las mismas otorgan beneficios que el Estado por sí solo no puede alcanzar. Asimismo, nos proponemos demostrar que la implementación de una APP resulta necesaria en escenarios donde el Estado a pesar de contar con capacidad financiera para llevar adelante una obra por sí mismo, no cuenta con los conocimientos técnicos ni la experiencia para implementarla de una manera exitosa, que derive en una provisión eficiente de infraestructura para la población. Para nuestro estudio hemos escogido a los gobiernos locales, porque son los que constituyen el nivel básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica. Por tal motivo, los gobiernos locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad. / Tesis

El objetivo general del trabajo es el de proponer un sistema de evaluación ex post de las asociaciones público privadas (APP), basado en indicadores de desempeño que permita medir los resultados obtenidos dichos proyectos frente a los objetivos inicialmente planteados por las autoridades. Esta metodología puede resultar útil para monitorear y evaluar los resultados de las APP y con ello identificar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas para el diseño futuros contratos. De manera específica el trabajo plantea un ejemplo de este tipo de evaluación ex post, a partir de la construcción de un set de indicadores para las etapas de planificación y diseño, construcción y operación en proyectos del sector aeroportuario. Un segundo objetivo específico, es la estimación de estos indicadores y de acuerdo con los resultados alcanzados extraer lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. El tercer objetivo específico, es el de proponer una modificación de normas para incluir una etapa de análisis de evaluación ex post en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada, con el fin de establecer indicadores predecibles, estandarizados e institucionalizar este tipo de análisis. El método empleado para determinar los indicadores es el uso de un modelo lógico consistente en la cadena proceso, insumo, producto y resultado para cada fase de los proyectos. Además, se usó la experiencia internacional en este tipo de exámenes para optimizar los indicadores ex post. De esta forma, fue posible elaborar indicadores ex post, los cuales fueron aplicados en el sector aeroportuario, donde se encontró resultados que muestran un funcionamiento óptimo en parte de los procesos mientras que otros indicadores mostraron niveles por debajo de losesperados. Se concluye la utilidad del uso de estos indicadores para medir el desempeño de las concesiones en el Perú, análisis que a la fecha no se ha realizado. Además, los resultados obtenidos permiten identificar fallas en el proceso, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas para futuras APP. / The general objective of this paper is to propose an ex post evaluation system for public-private partnerships (PPPs), based on performance indicators to measure the results obtained by these projects against the objectives initially set by the authorities. This methodology can be useful to monitor and evaluate the results of PPPs and thus identify opportunities for improvement and lessons learned for the design of future contracts. Specifically, the paper presents an example of this type of ex post evaluation, based on the construction of a set of performance indicators for the planning and design, construction and operation stages of airport sector projects. A second specific objective is to estimate these performance indicators and, based on the results achieved, to extract lessons learned and opportunities for improvement. The third specific objective is to propose a modification of norms to include an ex post evaluation analysis stage in the framework of private investment promotion processes, in order to establish predictable, standardized indicators and institutionalize this type of analysis. The method used to determine the indicators is the use of a logical framework consisting of the process, input, output and result chain for each phase of the projects. In addition, international experience in this type of review was used to optimize ex post indicators. In this way, it was possible to elaborate ex post indicators, which were applied in the airport sector, where results were found to show an optimal performance in part of the processes while other indicators showed levels below the expected ones. We conclude the usefulness of using these indicators to measure the performance of PPPs in Peru, an analysis that has not been carried out to date. In addition, the results obtained allow the identification of process failures, opportunities for improvement and lessons learned for future concession contracts.

El presente trabajo aborda el estudio de la figura del consejo directivo en asociaciones, el silencio legislativo sobre la continuidad de funciones luego de haber culminado su gestión y las consecuencias de dicha omisión a nivel registral y organizativa. Para ello, el análisis se desarrolla en base la Resolución No 028-2021-SUNARP-TR, la misma que nos ofrece un amplio panorama sobre esta problemática surgida a través de una solicitud de modificación de estatuto y la interpretación de un Registrador Público sobre un artículo estatutario similar al artículo 47 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, el cual, a su criterio, no habilitaba la prórroga de funciones del consejo directivo. No obstante, el Tribunal Registral argumenta lo contrario sin mayor fundamento y genera un debate, el cual es reflexionado en el texto de este informe. La resolución es estudiada desde un análisis crítico sobre la decisión de cada instancia registral y la discusión sobre las teorías de representación en los órganos directivos de las asociaciones. De esta manera, concluimos que el Tribunal Registral en su intento de salvaguardar la permanencia del consejo directivo, no ofreció mayor fundamento jurídico para su decisión, que si bien es acertada da lugar a futuras interpretaciones sin un sólido sustento teórico. / This paper deals with the study of the figure of the board of directors in associations, the legislative silence on the continuity of functions after the end of its management and the consequences of such omission at the registry and organizational level. For this purpose, the analysis is based on the Resolution No 028-2021-SUNARP-TR, wich offers a broad overview of this problem that arose through a request for modification of bylaws and the intepretation of a Public Registrator on a statutory article similar to article 47 of the Registration Regulations of the Registry of Legal Entities, wich, in his opinion, did not enable the extension of the board of director’s functions. However, the Registry Court argues the contrary without further basis and generates a debate that is reflected in the text of this report. The resolution is studied from a critical analysis of the decision of each registry instance and the discussion on the theories of representation in the governing bodies of the associations. In this way, we conclude that the Registry Court, in its attempt to safeguard the permanence of the board of directors, did not offer any legal basis for its decision, wich, although it is correct, gives rise to future interpretations without a solid theoretical basis.

El presente trabajo busca mostrar un panorama diferente al que actualmente se emplea, cuestionando las deficiencias y proponiendo cambios que permitan revertir la falla, es decir, la escasez de inversión en infraestructura pública de relevancia social en municipios que cuentan con recursos financieros para llevar a cabo dicha inversión. Por ello, proponemos la implementación de asociaciones público privadas (APP) en estos sectores, considerando que las mismas otorgan beneficios que el Estado por sí solo no puede alcanzar. Asimismo, nos proponemos demostrar que la implementación de una APP resulta necesaria en escenarios donde el Estado a pesar de contar con capacidad financiera para llevar adelante una obra por sí mismo, no cuenta con los conocimientos técnicos ni la experiencia para implementarla de una manera exitosa, que derive en una provisión eficiente de infraestructura para la población. Para nuestro estudio hemos escogido a los gobiernos locales, porque son los que constituyen el nivel básico en la organización política del Estado, en el sentido que se trata de extensiones del territorio nacional dividido por razones de ubicación geográfica. Por tal motivo, los gobiernos locales, como administración local, representan el estamento del Estado con mayor cercanía a la población y por lo tanto, deben ser los que mejor conocen las necesidades de su localidad.

El presenta trabajo aborda el tratamiento de la estructura de las personas jurídicas no societarias, y se hace énfasis en el tratamiento del comité electoral, órgano que su subsiste en las organizaciones, a pesar de su no obligatoriedad, lo cual no debe ser justificación para su falta de estudio. El primer caso en ser abordado es como se ha regulado el comité electoral dentro de la estructura de la Asociación, una persona jurídica que constituye una organización de personas que se asocian en la búsqueda de un mismo fin y que cumple con la formalidad de la inscripción en el registro o su consagración legal, y en efecto una vez que la asociación adquiere autonomía respecto de sus miembros, convirtiéndose en sujeto de derechos, en virtud de tal autonomía posee una estructura y organización definida . No obstante serán facultativas o potestativas aquellas disposiciones que no inciden en los aspectos sustanciales de las asociaciones, respecto a los cuales y en uso de su autonomía de la voluntad los asociados pueden pactar en el estatuto en sentido distinto a lo establecido en el Código Civil, como señala el artículo 85° que dispone; la convocatoria a asamblea general será realizada por el presidente del consejo directivo, admitiendo que se realice de forma distinta . En virtud de la autonomía de la asociación, esta puede determinar en su estatuto, sus órganos y representantes, así como el plazo de vigencia de estos. De lo mencionado se desprende que la asociación para el cumplimiento de la formalidad se inscribirá en el Registro, siendo a su vez susceptibles de inscripción sus órganos y/o representantes (toda vez que cumplan con las condiciones de acto inscribible) los que a su vez estarán compuestos de actos calificables y actos no calificables, que en conjunto coadyuvan a lograr la inscripción de la rogatoria. Si la asociación opto por considerar al comité electoral en su estatuto, a fin de salvaguardar la transparencia de su procedimiento electoral, este vendrá a ser un requisito indispensable para la calificación de títulos que roguen la elección de un cargo u órgano de la asociación, tal como lo establece el Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas, nos interesa dilucidar de una manera profunda cual es el régimen jurídico del comité electoral , respecto al régimen jurídico del comité electoral, la jurisprudencia registral se ha pronunciado en numerosas resoluciones, en las cuales adoptan distintos criterios respecto a la naturaleza del comité electoral, como la conducción en el procedimiento electoral, y la vigencia del comité electoral. Es ese sentido es importante determinar el régimen jurídico del comité electoral, unificar el criterio de calificación, y ampliar el tratamiento del mismo en el reglamento de inscripción de personas jurídicas, ya que siendo un órgano parte de la organización interna de las personas jurídicas no societarias . El comité es también susceptible de calificación, como lo ha señalado el Tribunal Registral, toda vez que este haya sido reconocido en el estatuto de la asociación como órgano encargado de garantizar el proceso electoral, por tanto los objetivos del presente trabajo son estudiar como el derecho registral ha tratado este tema, y al mismo tiempo resaltar su importancia en la calificación registral.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código de Registro N° E 2414 y con número 2005-00035238, en virtud del cual la Asociación de Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo Quiñonez Gonzáles presentó una apelación a una tacha sustantiva emitida por el Registrador Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Zona Registral II, Sede Chiclayo, que impedía la transformación de una asociación a una sociedad anónima. La relevancia del presente caso radica principalmente en analizar la compatibilidad de la naturaleza de la asociación regulada en el Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil - con el proceso de transformación (en este caso a sociedad anónima) que se regula en la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades. Ello es especialmente relevante en tanto la normativa del ordenamiento jurídico peruano no se pronuncia respecto de la aplicabilidad de los procesos de transformación a las asociaciones, por lo que, a lo largo de los años, los casos prácticos han llevado al desarrollo de numerosas posturas doctrinarias y jurisprudencia controversial. A efectos de poder analizar las controversias materializadas a raíz del Expediente, se discutirán los siguientes puntos: (i) las distintas naturalezas de las asociaciones y las sociedades (con especial énfasis a las sociedades anónimas); (ii) la regulación de las transformaciones en el ordenamiento jurídico peruano; (iii) la disposición del patrimonio de una asociación en el marco de un proceso de transformación; y, (iv) las lagunas del derecho y sus soluciones prácticas. Ello para defender la hipótesis de que la transformación de una asociación a una sociedad anónima se encuentra amparada por las normas aplicables, así como promover el trabajo hacia una regulación específica que solucione de manera definitiva los problemas jurídicos planteados. La metodología utilizada para cumplir con este objetivo aborda la problemática desde un análisis dogmático, enfocando en la revisión de la normativa aplicable, la jurisprudencia correspondiente y la bibliografía jurídica relevante. Lo anterior desde la aplicación y el análisis de las instituciones del derecho mercantil – especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza de las sociedades y la transformación -, así como también del derecho registral y el derecho civil – atendiendo particularmente a la sección de personas jurídicas.

En el presente Informe se describen las diferentes posturas que surgieron sobre el tratamiento de la participación del asociado en el Impuesto a la Renta en el marco de un contrato de asociación en participación luego de la modificación operada por la Ley N° 27034 (vigente desde 1999). Asimismo, se analiza lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 2398-11-2021 de observancia obligatoria, en la que se recoge la actual posición del ente resolutor y en la que se concluye que la participación del asociado califica como dividendo u otra forma de distribución de utilidades. Sobre esta resolución, se realiza un análisis crítico, a fin de descartar las distintas posturas desarrolladas a lo largo de estos años y dar respuesta, principalmente, a dos preguntas: (i) si la participación del asociado califica o no como renta gravada, y (ii) si califica como renta de segunda o de tercera categoría. Dicho análisis se realiza considerando las normas del Impuesto a la Renta que resultan aplicables y la naturaleza del contrato de asociación en participación que se desprende de la Ley General de Sociedades, lo que lleva a concluir que la participación del asociado califica como renta gravada de tercera categoría. Finalmente, se comenta el tratamiento contable del mencionado contrato y el nuevo tratamiento tributario aprobado por el Dec. Leg. N° 1541 que estará vigente a partir de 2023.

La ejecución de proyectos de inversión con la participación del sector privado siempre ha denotado un aspecto importante en el desarrollo social, económico y cultural de un país, en este caso una de las contrataciones dentro del rubro de los proyectos de inversión que ha ido tomando protagonismo son las concesiones en las Asociaciones Público Privadas, las mismas que han pasado por una evolución normativa con el objetivo de adecuarse a nuevas circunstancias y situaciones. Sin embargo, su desarrollo ha sido cuestionado debido a circunstancias que han concluido incluso en situaciones mediáticas, las mismas que han llevado a cuestionar si las concesiones son herramientas idóneas para ejecutar proyectos de gran envergadura, puesto que dichas concesiones cuentan con contratos susceptibles de variaciones, esto último como consecuencia de diversas circunstancias: cambios en el gobierno, mejoras en el contrato, nuevos eventos, así como la posibilidad de que los gestores de dichos contratos pretendan salvaguardar intereses particulares, lo que nos lleva cuestionarnos si las adendas en los contratos de concesión son una herramienta idónea para cumplir con la finalidad del contrato o simplemente se ha convertido en una figura que ha venido siendo empleada trayendo como resultado el mal uso de los recursos. La doctrina especializada ha desarrollado de forma amplia dicha interrogante y a partir del presente trabajo de investigación podremos evidenciar parte del problema y plantear posibles soluciones ante situaciones y circunstancias que se han venido desarrollando durante diversos proyectos APP.

RESUMENEscenarios como una deficiente asignación de riesgos o conductas oportunistas de los postores, enfrentan al gobierno a la presión de modificar contratos de Asociación Público-Privada, al poco tiempo de haber sido adjudicados, bajo la justificación se requerirse precisiones para su financiamiento. En estas denominadas “adendas de bancabilidad”, el peligro de trasladar el riesgo de financiamiento y que se reduzca el beneficio esperado del proyecto para el Estado es alto, pudiendo llegar incluso a cuestionar la legitimidad del propio esquema de Asociación Público-Privada. Nuestra propuesta a esta problemática es la aplicación general de la técnica del Project Finance al desarrollo de estos proyectos. En primer lugar, porque el trabajo de debida diligencia para la evaluación de viabilidad del proyecto, característico del Project Finance, garantizaría que lleguen para adjudicación sólo aquellos proyectos que sean técnica, económica y financieramente viables, y, por ende, capaces de atraer el interés de los prestamistas en el mercado, eliminando con ello la necesidad de suscribir posteriomente adendas de bancabilidad. En segundo lugar, porque al tratarse de una técnica de financiamiento basada en la capacidad del proyecto de generar flujos de caja futuros, el Project Finance mitigaría además el riesgo de compleción de la obra y puesta en operación de la infraestructura, en tanto que la evaluación para el financiamiento se enfocará en la realización de los flujos una vez que el proyecto esté en funcionamiento, esto es, cuando el servicio esté siendo efectivamente prestado a los usuarios, lo que constituye el fin último del Estado para la promoción de estos proyectos. Ello, claramente implicará la eliminación de cualquier mecanismo de pago antes del inicio de operación del proyecto. Así, el Project Finance es la forma de financiamiento que realmente aseguraría al Estado el beneficio esperado de implementar los proyectos de inversión bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas

Desde diciembre del 2013 hasta la fecha, he venido desarrollándome laboralmente en proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) del tipo autofinanciadas y cofinanciadas, en la cual se utilizan técnicas y herramientas económicas que pueden ser manejadas por el concesionario tanto para la formulación como para el desarrollo de su política de negocios, un ejemplo de ellas es el estudio de la oferta y la demanda con el fin de la maximización del beneficio para ambas partes, pero considerando siempre el mejor nivel de servicio para los usuarios. Actualmente, vengo laborando como Especialista Financiero en la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado, entre funciones, de verificar y validar los modelos económicos-financieros de los contratos de Asociación Público Privada que requieran la opinión de dicha dirección a fin de promover la reactivación económica del país en el contexto de la pandemia por el covid-19. Para ello, en el presente informe se analizará la importancia de la promoción de los proyectos APP y puntos de mejora de estos en el contexto peruano.