A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de autonomía política del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2002 al 2021, y cómo ha influenciado en el cumplimiento de la sexta política de Estado del Acuerdo Nacional. La relevancia de este estudio radica en la inexistencia de investigaciones previas que hayan evaluado el cumplimiento del Acuerdo Nacional en materia de política exterior, a pesar de ser una política pública de un altísimo valor democrático al reflejar los ideales y anhelos de la sociedad peruana. Para dar inicio a la investigación se proponen los conceptos de ‘autonomía política’ y ‘política pública’. A partir de ellas, se proponen tres variables explicativas para determinar el grado de autonomía política del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ocho variables explicativas para determinar el cumplimiento de la sexta política de Estado del Acuerdo Nacional, en atención a sus siete políticas de Estado específicas. Se espera, principalmente, que el grado de autonomía política del que gozó el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo 2002-2021 sí le haya permitido cumplir con la sexta política de Estado del Acuerdo Nacional hacia la actualidad. Para el inicio de la investigación se propone un método de análisis cualitativo y observacional, a través de la recolección de datos de fuentes primarias, académicas, y de entrevistas a actores clave para acceder a los datos de relevancia no públicos o de acceso restringido.

A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

En el 2015 el pueblo indígena amazónico wampis, uno de los protagonistas del conflicto de Bagua (2009), logra la articulación del Gobierno territorial Autónomo de la Nación Wampis GTANW), siendo la primera autonomía indígena del Perú. Esta investigación busca presentar un rastreo del proceso de aprendizaje de las diferentes estrategias de defensa territorial que los wampis han articulado creativamente, para llegar finalmente a la del autogobierno basado en el territorio integral (sistema de vida wampis). Esto implica la reorganización interna de una nación indígena que reta los marcos legales, territoriales y políticos del Estado peruano y de la política indígena.