El control de convencionalidad, instituido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habilita a que los órganos judiciales nacionales analicen la compatibilidad de las leyes y disposiciones del derecho interno en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte. El trabajo presenta reflexiones sobre las etapas de desarrollo de esta doctrina por la Corte y advierte sobre la necesidad de adoptar precisiones para evitar eventuales contradicciones o interpretaciones divergentes en la jurisdicción interna, teniendo en cuenta la preservación de la seguridad jurídica.

El llamado control de convencionalidad ha nacido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la primacía que debe tener la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la legislación de los países que son parte del sistema interamericano. Aparecido por vez primera en el caso «Almonacid» en 2004 busca que la normativa interamericana y la jurisprudencia de la Corte sean observados por la legislación de los países miembros, tanto en sus Constituciones como en su legislación interna.Desde entonces se ha ido desarrollando y ha creado diversos problemas de aplicación e interpretación. Tiene, pues, cierta relación con el llamado control de constitucionalidad que se practica al interior de los Estados, pues el control de convencionalidad está creado para proteger el derecho que surge de la Convención Americana y de su jurisprudencia. No obstante esto en los últimos años ha tenido un desarrollo y avance vertiginoso, ocasionando muchos problemas que no han llamado la atención de los estudiosos y de los que aquí se quiere dar cuenta, así como de los excesos que se ha visto en ciertos casos. Es un enfoque de simpatía por este sistema de control, pero critico al mismo tiempo.

En el presente trabajo podemos contemplar un riguroso análisis sistemático de las diferentes normas nacionales e internacionales que forman el bloque de constitucionalidad. Este análisis sirve de base para entender las restricciones que debe respetar el legislador, pero se muestran casos donde el legislador actúa en contra de las mismas, generando la desprotección de ciertos grupos. Sin dudas, este es un trabajo que colabora con el debate sobre la aplicación del derecho del trabajo en general.