En el presente artículo el autor analiza las implicancias del nuevo Decreto Legislativo 1341 que modifica la ley de Contrataciones del Estado en referencia a condicionar el Recurso de Anulación mediante una carta fianza solidaria en favor de la entidad. Dentro de las implicancias tenemos la discriminación que se generaría entre contratista y entidad, pues se estaría violando el Principio de Equidad, así como también siendo este recurso la única via pata cuestionar cualquier error formal, condicionarlo impediría que cualquier persona pueda recurrir al Derecho de la anulación y por ende el acceso a la justicia.

El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal / This case is a case of forgery of letters of guarantee of the San Buenaventura Consortium to the Regional Government of Huanuco. It has a criminal part and a purely administrative part which, for the purposes of the title, emphasis was placed on the actions taken in the administrative jurisdiction in the State Contracting Court, demonstrating that the responsibility of the consortium members can be individualized. During 2015, the Public Prosecutor's Office, having the proceedings in the criminal jurisdiction, notifies ex officio the Supervisory Body of Procurement, which requests the entity to issue a technical legal report on the origin and alleged liability of the consortium. Upon delivery of this document, Erwin Vidarte Llontop and Coshima S.C.R.L., except for B y V Servicios Generales, issued their statements. Once this documentation was presented, the Second Chamber of the Court decided to SANCTION Erwin Vidarte Llontop with 40 months of temporary disqualification from participating in selection processes and contracting with the State; Cosihma with 36 months of disqualification; and finally B y V Servicios Generales S.A.C. with 37 months of temporary disqualification. However, Cosihma, requests a reconsideration because B y V Servicios Generales, has a temporary disqualification in force since November 11, 2015 for a term of 39 months. At the same time, Erwin Vidarte Llontop, filed an appeal for annulment. Finally, the State Contracting Tribunal declared the appeal for reconsideration filed by Cosihma S.C.R.L. to be well-founded and revoked the sanction for temporary disqualification. / Trabajo de suficiencia profesional

In the first part of the article, a development for the concepts of provisional remedies and real or personal property bond and covering loss and damage, is proposed, under the Constitutional Court and our national doctrine view; as well as the scope of the first as a fundamental right, and second as a condition of execution. On the following part of the paper, the inclusion and the subsequent amendments to the article 159° of Tax Code is exposed, also its scopes and reasons. Finally, a possible modification of the article, that respect state´s raising goals and due process citizens’ right, is proposed. / El presente artículo desarrolla los conceptos de medida cautelar y contracautela, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y lo establecido por nuestra doctrina, así como los alcances del primero como derecho fundamental y del segundo como requisito de ejecución. De la misma forma, se analiza los alcances de la incorporación del artículo 159° del Código Tributario, mediante Decreto Legislativo N° 1121, y su modificatoria a través de la Ley N° 30230. Finalmente, se propone una posible modificación al mencionado artículo, de conformidad con los fines recaudatorios del Estado y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados.