Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a ejercer una defensa legítima despierta el más profundo interés incluso en personas que no están ligadas de modo alguno con el sistema jurídico. No resulta poco habitual que, en reiteradas ocasiones, quienes estamos relacionados de una u otra manera al estudio del derecho hayamos sido interrogados por nuestros cercanos acerca de los límites de esta causal de justificación. “Si estoy siendo víctima de un robo, ¿puedo herir al asaltante?”, “¿puedo incluso quitarle la vida si es necesario?”, “¿es lo mismo si está dentro de mi hogar?”, son los comunes cuestionamientos que nos han realizado en repetidas oportunidades. Ya expresaba esta cercanía con el derecho en comento un proyecto de ley del parlamento alemán del año 1962, manifestando que la legítima defensa es para el particular un “(…) derecho protector duro y enraizado en la convicción jurídica del pueblo”.Note1. En primer lugar, se ha sostenido que la legítima defensa se justifica en el principio de protección individual de bienes jurídicos. Según esta posición, la legítima defensa se presenta como la manera a través de la cual el Estado, ante la imposibilidad de conjurar el riesgo que constituye el comportamiento del agresor, propone una forma lícita de autoayuda en la que el mismo agredido puede velar por la intangibilidad de sus bienes jurídicos.Note2. De esta forma, la legítima defensa es concebida como una consecuencia necesaria del derecho que tiene el individuo de proteger sus intereses, derecho que coincide por una parte con su instinto de conservación y que responde por otra a la imposibilidad del Estado de proteger eficazmente todos aquellos bienes que merecen ser protegidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza la antijuridicidad dentro del sistema de responsabilidad civil extracontractual, pretendiendo establecer su necesidad como elemento autónomo en el modelo de imputación de la responsabilidad aquiliana. Para ello, se investiga la forma en la que la antijuridicidad ha sido tratada dentro de la legislación, doctrina y jurisprudencia nacional, siendo usual el no considerarla como un elemento independiente sino como un aspecto integrante de la culpa o el dolo. Esta última postura, mayoritaria en la doctrina civil, será revisada a raíz de la consideración del dolo y la culpa como factores de imputación tomando como referencia lo dispuesto por la denominada “teoría de las normas”, que contrapone dichos factores de imputación con el objeto de imputación, el cual en sede extracontractual es determinado por el hecho dañoso antijurídico como injusto civil. A su vez, se realiza un estudio sobre las causales de justificación que excluyen la antijuridicidad civil -las cuales son la legítima defensa, el estado de necesidad, los actos autorizados por el derecho y el consentimiento de la víctima y su aceptación de los riesgos-, analizando sus requisitos y las posibles soluciones a los conflictos que pueden generarse bajo la aplicación práctica de éstas. La presente memoria busca servir de complemento al estudio de la estructura de la responsabilidad extracontractual en el ordenamiento jurídico chileno, demostrando cómo el reconocimiento de la autonomía de la antijuridicidad permite elaborar un modelo de responsabilidad coherente con el ordenamiento jurídico chileno, evitando la confusión entre los requisitos que la configuran y determinando la correcta aplicación de las causales de justificación, facilitando la resolución de casos complejos. / 01/10/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria de investigación pretende constituir una muestra de la importancia de poseer un marco conceptual configurado por una teoría de la acción de raíces analíticas para una adecuada construcción de una teoría del hecho punible, sensible a una determinada comprensión de la agencia y de la imputación. Su objetivo específico se estructura en torno a los pasos requeridos en la búsqueda de una interpretación razonable del artículo 10 n° 6 del código penal chileno, que exige la ausencia de “motivos ilegítimos” para dar lugar a la justificación por legítima defensa de terceros extraños. Entre estos pasos cuentan, fundamentalmente, un análisis del papel que han de desempeñar los motivos de un agente en la atribución de responsabilidad jurídico penal, la determinación del rol de los así llamados “factores o elementos subjetivos” en materia de causas de justificación, y una elucidación de la estructura, así como de algunos ámbitos de aplicación, de la imputación extraordinaria. La investigación se realizó en el marco del proyecto FONDECYT nº 11110274, titulado “La ontología del hecho punible. Fundamentos de teoría de las normas y teoría de la acción para la dogmática de la parte general del derecho penal”, cuyo investigador responsable es el Dr. Juan Pablo Mañalich