Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 19/10/2019

Memoria (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las filmaciones, captaciones de imagen, y grabaciones sonoras como actuaciones investigativas en el Proceso Penal, y dilucidar los desafíos que ha traído su incorporación, como la afectación de los derechos de las personas y las problemáticas posteriores a la realización de estas diligencias, la mayor parte de ellas relacionadas con la prueba ilícita. Para ello se analiza su regulación en el Código Procesal Penal, junto con estudiar los derechos fundamentales más susceptibles de ser afectados por estas técnicas investigativas. Observándose una dualidad en la regulación de estas medidas en dicho cuerpo legal, se propone una distinción más novedosa que la tradicional que permita conciliar la necesidad de protección de derechos fundamentales con la incorporación de estas modernas técnicas investigativas en pos del esclarecimiento de los hechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En atención a la naturaleza de los hechos que se discuten en materia penal, por regla general, no será posible para los intervinientes premunirse de pruebas de forma anticipada al proceso, como si es factible, por ejemplo, en materia civil. Es por ello que cobra vital relevancia la prueba que clásicamente se encuentra al servicio de la Justicia Penal, en la que para lograr el esclarecimiento de los hechos que revisten el carácter de delito suele recurrirse a la prueba testimonial. Como nuestro actual Código Procesal Penal no nos entrega una definición de esta prueba, y existe en la doctrina cierta tendencia a confundir los conceptos de testigo y testimonio, un primer objetivo de esta investigación será arribar a una correcta conceptualización, en el marco de un proceso penal, de esta prueba, comprendiendo su naturaleza, función y el cambio de paradigma que implicó para sí la instauración de la Reforma Procesal Penal en nuestro país. De los grandes cambios que trajo consigo esta reforma, es la inexistencia de testigos inhábiles en el proceso penal y el establecimiento de la libre convicción o sana crítica racional como el sistema de valoración de la prueba, los que constituyen el corazón de esta investigación, pues de ellos, y de los principios en que se sustentan, dependerá la valoración que Tribunal del Juicio Oral en lo Penal haga de esta prueba, que le permitirá alcanzar el grado de convicción exigido por la ley y finalmente condenar o absolver al imputado. De tal forma, se analizarán los diversos modelos o pautas de valoración de la prueba testimonial, distinguiendo entre aquellos que postulan que la valoración debe efectuarse únicamente respecto del testimonio, postura que rechazamos, y quienes defienden la tesis que la valoración debe recaer tanto en el testimonio, es decir la declaración que rinda el testigo en la audiencia del juicio oral, como en el testigo mismo, como sujeto que declara en el proceso, postura a la que adherimos. Para fundamentar esta posición se recurrirá a la legislación vigente, la revisión de diversos autores que consideran este tema desde un punto de vista teórico de la prueba y desde un punto de vista práctico o dirigido a los litigantes, legislación comparada y casos jurisprudenciales de nuestros Tribunales de Justicia. Es importante destacar y determinar que la adopción de una u otra postura posee diferentes consecuencias prácticas y jurídicas. Finalmente, se propondrán como elementos de valoración de credibilidad de la prueba testimonial determinados aspectos personales del testigo y su posición subjetiva dentro del proceso penal en que el que declara, como elementos que complementan los modelos o pautas de valoración que se centran en el testimonio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente investigación consiste en distinguir los conceptos del artículo 297 del Código Procesal Penal, como son los principios de la lógica, conocimientos científicamente y las máximas de la experiencia; analizar las diversas funciones que cumplen las máximas de la experiencia en un sistema de valoración racional de la prueba como la sana crítica; y estudiar su aplicación en el proceso penal chileno. A través del análisis de jurisprudencia, se intentará conocer el uso que los tribunales superiores de justicia han hecho del concepto, y como éstos han contribuido a precisar los alcances de “las máximas de la experiencia” mediante el conocimiento de recursos de nulidad en materia procesal penal. / 07/11/2017

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020