No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Magister en Derecho, mención en Derecho Penal / En este trabajo, partiendo de consideraciones generales sobre la criminalidad económica, y diferenciando conceptualmente entre libre concurrencia y libre competencia, es la protección del mercado y sus precios naturales, como bien jurídico protegido del artículo 285 del Código penal, junto a la sinonimia entre los medios fraudulentos, que el tipo requiere para alterar los precios, y los medios ilícitos, aquellos que permiten incluir en esta abrazadera típica a los acuerdos colusorios de precios al estilo del conocido caso farmacias. Y más aún, no solo es posible establecer, como vía alternativa de punición, la estafa basada en un engaño concluyente por parte de aquel que, como agente económico que oferta en el mercado, está obligado a cumplir y no incurrir en atentados contra la libre competencia, considerados como presupuesto de contratación, sino también, descartar cualquier impedimento que por vía del ne bis in idem prohíba la punición de estos acuerdos, al no concurrir sus requisitos y existir alternativas de sanción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis desarrolla las reformas procesales introducidas al Decreto Ley 211 en el contexto de la criminalización de la colusión, con el objeto de analizar críticamente las deficiencias del diseño dual utilizado por el legislador nacional. Para ello, en el primer capítulo se estudia el problema de la aplicación de los principios penales al derecho administrativo sancionador y como esto incide en el sistema de defensa de la libre competencia. Luego, en el segundo capítulo de la tesis revisamos los diseños institucionales de persecución de la colusión y la evolución del castigo penal de este ilícito en Chile. Finalmente, el tercer capítulo del trabajo está dedicado al análisis de los conflictos procesales que hemos detectado en el sistema de persecución penal de la colusión, esto es, la constitucionalidad de la regla de legitimación activa, la infracción al principio ne bis in ídem, la vulneración del derecho a defensa, la utilidad penal del material probatorio producido por la Fiscalía Nacional Económica en sede de libre competencia y la vigencia del artículo 285 del Código Penal.