Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente en Chile, el procedimiento de expulsión de extranjeros se encuentra regulado en el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Esta norma no se adecúa a las exigencias mínimas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a garantizar un debido proceso y el derecho a recurrir. No debiese sorprendernos que un Decreto Ley promulgado en pleno auge de la dictadura militar chilena haya ignorado los derechos fundamentales de las personas. Lo realmente llamativo es que en el siglo XXI, con el desarrollo que han experimentado los Derechos Humanos, con las obligaciones que el Estado Chileno ha suscrito en la materia, aun se siga aplicando esta normativa. Al decretarse la expulsión de un extranjero, éste queda prácticamente en absoluta indefensión, ya que no podrá ejercer las prerrogativas mínimas que configuran el derecho a tener un debido proceso, el Poder Judicial ha intentado contrarrestar esta situación, pero los instrumentos procesales no son los idóneos y el legislador aún no modifica esta situación.

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